18 de dic. de 2014

¿Cuál guerrilla?, no jodan

Por @Ruiz_Senior

La semana pasaba escribí sobre la curiosa relación que establecen los colombianos entre la ideología y el crimen, todo en relación con la discusión sobre el tráfico de drogas como delito conexo al político. Un artículo de De Justicia (que es una especie de Think Tank muy afín a las FARC) me permite incidir de nuevo en la cuestión.
Narcotráfico y delito político Por: Dejusticia

Por Nelson Camilo Sánchez León



Un nuevo tema controversial del proceso de paz ha rondado al país político en los últimos días: la posibilidad de considerar el “narcotráfico” como un delito conexo al delito político. Las voces de quienes se oponen al proceso de paz bajo la bandera de la “paz sin impunidad” no se hicieron esperar. Incluso llevaron a las cuerdas a Santos, que en una confusa declaración salió al paso diciendo que no aceptará que “el narcotráfico sea delito político”, aun cuando “el uso de los recursos del narcotráfico que ha hecho la guerrilla deberá ser reconocido en la justicia transicional para la participación en política”.


Sin mucho análisis es posible entender el porqué de la polémica. Es evidente la relación entre narcotráfico y conflicto en la historia política del país. De hecho, es uno de los puntos principales de la agenda de negociación. Además, esta discusión se da en el contexto de una tendencia mundial de discutir temas de despenalización y políticas alternativas a la fallida “guerra contra las drogas”.
La deshonestidad intelectual es casi de comedia televisiva: ¿de modo que si en alguna parte hay una discusión sobre la conveniencia de despenalizar el tráfico de drogas eso tiene relación con que en Colombia se lo reconozca como justificable gracias a la maravillosa creación del "delito político"?
Pero, al mismo tiempo, resulta difícil de pasar que la crueldad que ha venido asociada al narcotráfico ha tenido simplemente una motivación política y no lo que a plena vista salta: el afán de riqueza y poder a toda costa. Así, parece muy riesgoso permitir tan fácilmente que los narcos se disfracen de políticos como ya lo intentaron los paras en el pasado y lo cuenta de manera magistral María Teresa Ronderos en su excelente libro Guerras Recicladas.
Difícil encontrar mejor resumen de la monstruosidad colombiana, de la grave deformidad moral que define al país y que está presente en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿De modo que "el narcotráfico" lleva asociada la crueldad, por lo que no es fácil asimilarlo al delito político? ¿Había algún "narcotráfico" en hechos como los de Tacueyó, cometidos por el M-19 y que se las arreglaron para cargar a un grupo imaginario, tal como el secuestro de Gloria Lara y el de los niños Álvarez Murillo? ¿Y en los niños bomba que envían a menudo los terroristas para matar policías y avanzar en sus pretensiones políticas? La monstruosidad moral de esa noción que comparten todos los colombianos se va mostrando con toda precisión. Lo que se hace por la revolución, por la justicia social, etc., no se puede considerar cruel. La crueldad es la codicia de los que no tienen ideales. 
Es entonces necesario reconocer que este es un tema políticamente complejo, pero que su definición es central para el futuro del proceso de paz y la consolidación del estado. Por tanto, resulta ineludible su discusión. Para dar este debate con mejor criterio y menos apasionamientos vale la pena empezar por aclarar cinco temas jurídicos del concepto de delito político y sus conexos.
"La consolidación del Estado" es la fórmula que encuentra el pensador para nombrar la consolidación del poder terrorista. Claro, la impunidad total es necesaria para eso.
1. Delito político y sus conexos se definen en Colombia. No existe un documento internacional que defina claramente el concepto de delito político, aun cuando el derecho internacional usa este concepto para temas como definición de asilo, prohibición de extradiciones y otros asuntos. Tampoco existe una lista internacional que establezca cuáles delitos pueden o no pueden ser considerados como conexos al delito político.
Es entonces el derecho interno (penal y constitucional), y no el internacional, a partir de dónde se ha definido su significado y alcances. La sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional -que resolvió una de las dos demandas presentadas contra el Marco Legal para la Paz- hace un resumen muy útil de la jurisprudencia colombiana al respecto.
Lo que en el derecho internacional se considera "delito político" es simplemente la actividad política que en ciertos regímenes se considera delito. Es decir, lo que hicieron Sajarov o Fariñas no sería delito en una democracia pero a la hora de concederle asilo a algún crítico de las dictaduras se tiene en cuenta que ha sido condenado o acusado, por un "delito político". La falacia subyacente es la de que da lo mismo el régimen camboyano que el belga y que quien pretendiera en tiempos del jemer rojo (las FARC de Camboya) implantar un régimen como el de Bélgica sería igual de legítimo a quien pretendiera implantar en Bélgica un régimen como el de Pol Pot. En la democracia, en los países en los que se aplican los derechos humanos de la Declaración de la ONU de 1948, no existen los delitos políticos. Lo que en Colombia se considera tal es sólo el resultado de que imperen personajes del mismo talante de los genocidas camboyanos.

Luego, esa monstruosidad de un delito que resta (que alguien me muestre un delito que resta a los otros delitos en la legislación de algún país civilizado) tiene que sustanciarse con jurisprudencia colombiana. ¿No es lógico? La definición del país es sólo el esfuerzo de ponerle sacoleva al orangurán, de disfrazar la esclavitud para presentar un "país" tal como la industria de un proxeneta se presenta como una "familia". ¿Cómo no va a haber jurisprudencia favorable a premiar los crímenes protegiéndolos con el delito que resta si el origen de muchos magistrados es la militancia en bandas criminales y puede que incluso la ejecución de directa de crímenes? (Se dice que el autor material del asesinato de José Raquel Mercado podría haber sido magistrado después. No se sabe quién fue.)
2. La conexidad no convierte al narcotráfico en un delito político. En Colombia tradicionalmente se han reconocido tres delitos como políticos: la rebelión, la sedición y la asonada. La propuesta no es convertir al narcotráfico en un cuarto delito político, sino discutir en qué forma podría ser considerado conexo a los delitos políticos ya existentes. Esto quiere decir que, cuando no exista dicha conexidad, el narcotráfico seguirá siendo un delito ordinario. Por eso Santos dice que se opone a que el narcotráfico sea delito político.
Pero en todos los casos, tratándose de una organización política que intenta abolir la democracia, se podría argumentar que hay una relación con la rebelión y con la sedición. Luego, no cambia nada que se lo considere "delito político", sólo que esa consideración sea un atenuante, algo sólo concebible en la cabeza de los colombianos.
[...]
4. Una cosa es el tráfico de estuperfacientes, otra los delitos conexos al narcotráfico. Una cosa es el hecho de vender drogas y otro es el de los delitos violentos que puedan acompañarlo. En otras palabras: que un hecho de violencia lo haya cometido un traficante de drogas no hace que este hecho se convierta en narcotráfico. Por ejemplo, la explosión del avión de Avianca por parte de Pablo Escobar no es un hecho de narcotráfico, así lo hubiera financiado un narcotraficante. Que se llegue a considerar que conductas de narcotráfico sean conexas al delito político no quiere decir que se les dé esta categoría a los hechos violentos cometidos por los narcotraficantes y, mucho menos, que se les convierta en delitos políticos.
El sintagma que he puesto en negrita dice mucho sobre lo que planea la manguala criminal: los hechos violentos cometidos por las FARC, cientos de veces más y a menudo más atroces que los de todas las demás bandas de traficantes de cocaína, no serán juzgados como los de los llamados paramilitares y otros mafiosos, porque serán conexos a la rebelión y a la sedición. Es decir, serán perdonables a partir de que a los autores y determinadores no se los llamará "narcotraficantes" sino rebeldes y en últimas proveedores de paz.
5. El Estatuto de Roma no incluye el delito de narcotráfico. La discusión sobre amnistías e indultos a delitos que puedan ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional no tiene relación directa con el asunto del narcotráfico. Ni el narcotráfico es considerado por el Estatuto de Roma como un delito de competencia de la CPI, ni existen restricciones en esa norma para la consideración de conductas como delitos políticos o conexos para efectos, como sería la participación en política. *
Es lógico que no exista tal definición porque precisamente no hay tal noción de delito político en el derecho internacional. Ningún atentado contra la democracia es "delito político" y ningún tribunal nunca ha aceptado tal noción respecto de grupos terroristas en Europa. Sólo es que en Colombia el poder judicial está en manos de criminales.
* * Con estos puntos claros, la discusión deberá centrarse en algunos temas que resultan ineludibles: 1) si se cumplen en este caso los elementos para declarar este delito como conexo; y 2) si se declara el narcotráfico como conexo solamente para efectos de participación política. 
Los elementos de la conexidad del delito político
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia (que se resumen en la mencionada C-577 de 2014) aborda tres criterios para determinar la posible conexidad de un delito al político: 
Finalidad: Si el fin del delincuente es altruista y de mejora colectiva, el delito puede ser considerado como político; si el fin es egoísta o de provecho propio corresponde a un delito común. Aquí es es clave entonces separar entre el uso del narcotráfico como una herramienta para fines políticos y su opuesto: hacer la guerra para mantener el propósito fundamental del tráfico de estuperfacientes como negocio. Al primero podría considerársele como conexo, pero no al segundo.
Siempre se está volviendo al principio: ¿es Colombia parte de la humanidad? ¿En qué legislación es concebible que los delitos se juzguen según la intención que el delincuente se atribuya? Me dirán que no es lo que los terroristas se atribuyan sino lo que considera la jurisprudencia, pero ¿de qué modo la destrucción de la democracia y su reemplazo por un régimen de partido único y el despojo de las libertades políticas, para lo cual se mata y se secuestra a mansalva, pueden ser "de mejora colectiva"? Para admitir eso habría que suponer que se respeta la opinión del delincuente, caso en el que Bin Laden, Breivik, McVeigh y Hitler podrían invocar lo mismo. Pero ésa es una pretensión absurda: lo único que queda es que los autores de la jurisprudencia consideran que las FARC tienen un fin altruista de mejora colectiva, cosa que es exacta: "altruista" quiere decir "al servicio de otros" y "colectiva" no necesariamente quiere decir de todos. Los terroristas tienen un fin que interesa a un grupo distinto de ellos, a "otros". A los magistrados. No sólo sus carreras y las leyes que aplican surgen de los carros bomba de los ochenta, de donde surgió la Constitución de 1991, sino que para ascender en la carrera judicial, ya desde la universidad, hay que estar afiliado al comunismo. Con decir que el líder del Partido Comunista, Jaime Pardo Leal, también fundador del sindicato de los jueces y fiscales, Asonal Judicial, era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en los setenta, ya queda todo claro.

Esa idea del crimen altruista define a esos jueces, cuya tarea es parte de la misma conjura que tortura y mutila y viola y mata y secuestra. Por eso emiten sentencias monstruosas como la condena a Andrés Felipe Arias o la impunidad de todos los criminales que aparecían en los PC de alias Raúl Reyes. Por eso este portavoz terrorista sale a fundamentar en el derecho local algo que sencillamente es monstruoso: un crimen altruista que resta de los demás crímenes. No existe nada parecido en ninguna legislación y esa singularidad jurídica es lo mismo que los crímenes: si los jueces alientan el crimen, ¿cómo no va a haber quien lo cometa? ¿Qué responsabilidad real tienen los que mutilan a una niña desertora si en últimas sus crímenes sirven al interés de unos magistrados cuya carrera se basa en el crimen?

Esos prodigios de los juristas dejan ver la esencia criminal del régimen. No algo del gobierno de Santos sino algo plenamente logrado en 1991, cuando los criminales pasaron a ser garantes de las leyes. Todo lo que ha ocurrido después es el resultado de esa constitución, porque las FARC y el ELN matan con la certeza de que quedarán impunes gracias al control de sus jefes (cubanos y oligarcas) sobre el poder judicial. (En este post del 2007 cité una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que abiertamente exaltan a las guerrillas comunistas. El que quiera ahorrarse el post puede leer sólo los trozos sangrados.)
Conexidad: El delito conexo tiene que ser una derivación directa y necesaria del delito principal. En este sentido, para que actividades de tráfico de estuperfacientes puedan ser consideradas como conectadas al delito político y no como independientes tiene que existir la obligación de los rebeldes de devolver todas las ganancias de dicha actividad (que debería ser usada para la reparación de las víctimas) y desmontar el negocio. De lo contrario es imposible defender tanto la finalidad como la conexidad con la rebelión.
Bonita la intención, ¿dónde están los libros de contabilidad de los terroristas y las pruebas de las cantidades obtenidas por ese medio? Podrían declarar que han ganado dos millones de pesos. 
Proporcionalidad: Aun si el delito se comete con un móvil altruista y tiene relación directa no puede ser considerado como conexo al político si su impacto es desproporcionado o atroz. Pero el narcotráfico no es un delito atroz en sí mismo como es el secuestro. Una cosa es exportar drogas ilícitas y otra es la violencia que ese mismo actor individual o colectivamente haya cometido. Quien haya cometido delitos atroces deberá responder separadamente por los mismos.
Ese móvil altruista sólo existe conforme al interés egoísta de los magistrados: como ya he dicho, en cualquier cabeza civilizada sería monstruoso, pues ¿por qué no atribuírselo a Breivik?
Las consecuencias de la conexidad

La Constitución Política de 1991 establece que el tratamiento de delito político puede ser utilizado con cuatro finalidades distintas:

Conceder amnistías e indultos
Prohibir la extradición
Castigar con una pena benigna a quienes son condenados por este hecho
Permitir la participación política 
A eso me refería: a un delito que resta gravedad a los otros delitos, cosa que sólo existe en Colombia y no sólo en la Constitución, que es un papel, sino en la cabeza de casi todos los ciudadanos, en su profunda barbarie y deformidad moral. Es verdad que eso no apareció por primera vez en esa constitución, pero siempre alude al derecho que tiene alguien a matar o, mejor dicho, a mandar matar para asegurarse puestos públicos, un atavismo que tiene relación con la cultura de la Conquista y el exterminio de la población aborigen. No sólo la licencia para matar sino el hecho de que la tengan quienes obtienen diplomas y manejan retóricas. Los asesinatos y secuestros concretos son LA SOMBRA de esa idea
Para cada uno de estos casos, la Corte ha evalúa los requisitos mencionados en el punto anterior. Sobre esta última finalidad, vale la pena recalcar que la Corte Constitucional ha señalado que “en el ámbito de la participación política no existen estándares en el ordenamiento jurídico nacional o internacional que limiten la aplicación del concepto de delito político para permitir que un grupo al margen de la ley o sus miembros, una vez pagada la pena y realizada la respectiva desmovilización, puedan participar en política” (C-577/14). 
El debate está abierto y es una buena oportunidad para debatir, desde una aproximación más limitada sobre la relación de conexidad para efectos de participación política, hasta medidas más amplias como aceptar la conexidad del narcotráfico para otros efectos como los indultos y amnistías o la prohibición de la extradición. Las posibilidades de avanzar en este debate dependen, en buena medida, de que la polarización ideológica no consiga manipular y mezclar estos conceptos para sacar réditos políticos con la confusión que suele reinar en estos debates.
En la sentencia que comenté en 2007 las manifestaciones de la CSJ son mucho más descaradas, pues declaran que la jurisprudencia internacional respalda su monstruosa interpretación de "delito político".

Queda una cosa clara: la impunidad de las FARC está garantizada, y no sólo eso sino su total dominio posterior, bien que en alianza con sus socios "legales" (De Justicia, de la que forman parte los ex magistrados Rodrigo Uprimny y Rodolfo Arango), pues además del poder de intimidación armada (y ya sería impresionante siendo desarmada, con las universidades a su servicio) tendrán las fortunas fabulosas del secuestro. ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido hacerle frente a eso? Pues porque los políticos uribistas son ante todo profesionales urgidos de prebendas y buenas relaciones con el poder y sin la menor vacilación se acomodarán al nuevo régimen. El Centro Democrático es la segunda versión del Partido de la U, como dice Ricardo Puentes Melo.

El que quiera hacerle frente a ese poder debe saber que las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas autónomos, para parafrasear al finadito Chávez. Aquello por lo que matan es la dominación de la casta que nombra a los magistrados, que mantendrá el control a punta de asesinatos y se repartirá el dinero público en acuerdos de paz con los altruistas que les aseguran el mando. Y como de momento no hay una mayoría en Colombia que se oponga a eso, hay que plantearse seriamente llevar a la Corte Penal Internacional el genocidio demostrable que ha cometido el Partido Comunista desde los años sesenta. 

El uribismo no lo va a hacer. Cada vez más muestra su grado moral, por ejemplo defendiendo al asesino Sigifredo López con base en una entrevista que le hizo Herbin Hoyos a un guerrillero que declara que lo habían obligado a acusarlo. Hace dos años ese genio (a ver si aparece alguien que lo conociera en la adolescencia y puede asegurar que no pertenecía a la Juco) entrevistaba a otro guerrillero que decía lo mismo, y como era muy evidente que le dictaba las respuestas, el audio ya no se puede oír. ¿Es posible que Uribe y José Obdulio Gaviria no conozcan el caso? No, no es posible: la impunidad de Sigifredo López fue una campaña en la que participaron coordinados todos los propagandistas de las FARC. Uribe y sus mariachis tienen que tener algún acuerdo para proteger a ese asesino y tal vez para encauzar el descontento de modo que no se desborde y no eche a perder el esfuerzo de paz de Santos.

17 de dic. de 2014

Impostura de paz sin dignidad

Por Jaime Castro Ramírez

Una exigencia elemental en temas de importancia para la sociedad se define por la máxima claridad que debe existir en el desarrollo de su contenido, pues no es admisible el hecho de intentar suplantar el pensamiento racionalista con imposturas que tratan de desvirtuar la objetividad de la filosofía con que debe construirse la realidad de los hechos que harán historia. El relativismo, unido a las tendencias subjetivas, son factores de incertidumbre que no distinguen entre la verdad o la falsedad. Quienes actúan en estos escenarios de pensamiento aparentemente moderno y profundo, el cual no se entiende por el vacío de contenido, o no saben de lo que hablan y entonces exponen fantasías inconsistentes, o simplemente van por el camino tendencioso de pretender el engaño.

La realidad es una sola, no es medible por situaciones aleatorias, y por lo tanto no admite interpretaciones de probabilidad que contravengan su verdadero sentido.

El manejo de la negociación de paz en Colombia
El sentido común dice que en cualquier evento donde esté de por medio una negociación de intereses, antes de una decisión final existen unas condiciones que las partes exponen como requisitos de análisis y que requieren conciliarse mediante un acuerdo de voluntades para que pueda darse la transacción. Situación ‘similar’ debe ocurrir en una negociación de paz, pero con una diferencia: que la iniciativa condicional debe ser potestad del Estado, y en consecuencia es quien debe tener primacía de favorecimiento frente a las pretensiones del interlocutor, es decir, el narcoterrorismo, en el caso de Colombia.

Lo preocupante para los colombianos es observar que en la mesa de negociación de paz la situación parece ser a la inversa, o sea que las condiciones las ‘imponen’ las Farc frente a la posición genuflexa del Estado. Si la negociación termina con esta clase de ventajas y desventajas, situación auspiciada incluso por el propio jefe de Estado con sus teorías que favorecen a las Farc (‘dejación’ pero no entrega de armas, narcotráfico conexo a delito político, entrega de zonas de reserva campesina, entrega de poder político a través de regalar curules, etc.), es aquí donde entonces viene la impostura de negociar una paz sin dignidad para el Estado y sus instituciones, y para los colombianos, lo cual no es paz sino la entrega del país. El directo responsable de esta situación para Colombia es el presidente de la república quien debe firmar el acuerdo final al que se llegue.

16 de dic. de 2014

Constancia del senador Everth Bustamante sobre la sentencia de la Corte IDH

EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR EL M–19

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer la semana pasada un fallo en el que se condena al Estado colombiano por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y las torturas que sufrieron 17 personas con motivo de la toma violenta del palacio de justicia.

En el fallo se aclara que ¨... la Corte no es un tribunal penal que analiza la responsabilidad de los individuos, por lo que el objeto del presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de las distintas autoridades estatales que presuntamente participaron de los hechos del caso, sino a la conformidad de los actos estatales con la Convención Americana. Por tanto, en el presente caso la Corte no se pronunciará sobre la responsabilidad penal de (persona alguna), ya que eso es materia de la jurisdicción interna colombiana¨.

Hecha esta aclaración sobre el alcance del citado fallo es necesario señalar que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 durante los días 5 y 6 de noviembre de 1.985 fue una terrible y gravísima tragedia para Colombia.

El hecho violento que pretendió derrotar la institucionalidad del país cegó la vida de valiosos e ilustres ciudadanos, muchos de ellos destacados juristas pertenecientes a la máxima jerarquía del poder judicial.

Los directivos del M-19 que tomaron la decisión y los miembros que participaron en la toma están todos muertos. Ellos pagaron con sus vidas la locura que invadió sus mentes y sus corazones en esa hora fatal que no debió existir en la historia de nuestros días.

Los integrantes del M-19 que firmamos el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, a la postre exitoso, y que no participamos ni en la toma de decisiones ni en los hechos sucedidos, en reiteradas ocasiones, hemos pedido perdón.

Por mi parte, sin que hubiera tenido participación intelectual o material alguna en los hechos, nuevamente hoy, en este día y en esta tierra en la que permanentemente se lucha por mejorar su democracia y que en su generosidad me ha permitido asumir responsabilidades públicas e institucionales, tales como concejal, alcalde, representante a la Cámara, senador y alto funcionario de gobierno, nuevamente pido perdón a toda Colombia y a todas las víctimas del holocausto.

Allí perdieron la vida mis mejores maestros, los que me enseñaron derecho en la Universidad Externado de Colombia: los doctores Carlos Medellín, mi profesor de Derecho Romano y mi presidente de tesis; Alfonso Reyes Echandía, mi profesor de Derecho Penal; Manuel Gaona Cruz, uno de mis profesores de Derecho Constitucional; Mario Calderón, también profesor de Derecho Penal y otros destacados magistrados y decenas de personas (mi compañero de curso el Dr. Ricardo Correal, gravemente herido) que se encontraban dentro del Palacio de Justicia.

Mis compañeros de insurrección armada, integrantes del M-19 que protagonizaron la toma, pagaron con sus vidas.

LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL EJERCITO Y LA FUERZA PÚBLICA.-

Mas allá del establecimiento de las responsabilidades jurídicas o políticas que desencadenaron los hechos de la toma del Palacio de Justicia, en mi calidad de colombiano ex integrante del M-19 debo decir que las acciones emprendidas por el Ejercito Nacional y la fuerza pública para recuperar el control del Palacio fueron las que correspondían, derivadas de las obligaciones establecidas en la Constitución Nacional y la ley vigentes en ese momento.

En este sentido debo señalar que desde hace varios años, en forma discreta pero rigurosa, me preocupé por estudiar y conocer lo más minuciosamente posible la integralidad de los hechos y operativos que tuvieron lugar para la retoma del Palacio de Justicia.

La información obtenida y el estudio juicioso de los hechos me permiten referirme a dos circunstancias cruciales de la investigación que se adelanta por estos dolorosos acontecimientos: 1) La actuación del comandante de la Escuela de Caballería teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega y, 2) La desaparición de personas que llegaron vivas a la Casa del Florero.

Respecto del primer punto debo declarar que fundado en esa indagación en la cual me esforcé para no dejarme arrastrar por la pasión o el subjetivismo, con profunda humildad y respeto he llegado a la conclusión, y estoy en condiciones de afirmar públicamente, que el teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue designado, dentro de los procedimientos del mando militar, como el oficial responsable para dirigir la retoma del Palacio de Justicia, actuó en el fragor de la batalla en el marco y dentro del respeto de los reglamentos militares para las acciones propias del combate y en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley.

El coronel Plazas, como lo veremos enseguida, no estuvo involucrado ni tuvo nada que ver con los hechos que se sucedieron al interior de la Casa del Florero y que condujeron a la comisión de delitos de desaparición de personas.

Constituye, por lo tanto, una grave injusticia mantener privado de la libertad a un oficial que lo único que hizo fue cumplir con dignidad el deber que le imponía su juramento de lealtad a la institucionalidad y la patria.

Mi solicitud respetuosa, en consecuencia, a la justicia colombiana para que se revise el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y se le devuelva la libertad que nunca debió perder.

Para Thania Vega, esposa del coronel, quien tiene asiento en este Senado de la República todo mi respeto y solidaridad en su condición de víctima de esta injusticia.

Respecto del segundo punto relativo a la desaparición de personas a partir de su ubicación en la Casa del Florero y su entrega a responsables de otras unidades debo señalar que aunque algunas de las desapariciones se han venido aclarando en el sentido de haberse establecido como verdaderos crímenes y hechos delictuosos, las investigaciones, inexplicablemente no han avanzado en su verdad verdadera, su verdad jurídica y su verdad histórica.

Aunque existen suficientes evidencias e indicios es necesario que las investigaciones avancen en el esclarecimiento de hechos criminales relacionados con la desaparición de personas que tuvieron lugar en la Brigada 20 de la época ubicada en el barrio San Cristóbal al sur de Bogotá.

Según declaraciones que reposan en varios expedientes, entre ellas por ejemplo, la declaración del sargento Bernardo Garzón Garzón ante la Fiscalía Regional el 21 de noviembre de 1994, folios 1, 2 y 3, varios de los comprometidos en la desaparición de personas no han sido vinculados a los procesos, ni mucho menos detenidos.

De acuerdo con dicha declaración, veinte años después, recientemente fue detenido el mismo Bernardo Garzón y el capitán de entonces Camilo Pulecio Tovar responsabilizado por el primero junto con otros miembros de la fuerza pública como autores o responsables de desaparición de personas detenidas en la Casa del Florero.

Refiriéndose al sargento Bernardo Garzón Garzón el periódico El Tiempo informa en su edición de fecha 30 de enero del presente año 2014, bajo el título ¨Fiscalía negociaría con el eslabón perdido del palacio de justicia¨ ¨...en enero de 2014, hombres del CTI de la Fiscalía que habían reactivado su búsqueda por orden de la fiscal Martha Lucía Zamora empezaron a recibir información sobre la presencia del ex militar en el Valle del Cauca. Allí fue ubicado por la Fiscalía. El capturado hacía parte de un grupo de inteligencia del Batallón Charry Solano que tenía como fachada la Asociación Nacional de Estudios Técnicos (ANET)¨.

Al concluir su misión en Colombia, el Embajador de Estados Unidos Myles Frechette afirmo que la Brigada 20 de Inteligencia estaba auspiciando la creación de escuadrones de la muerte. Su reporte fue incluido en el informe sobre DDHH publicado por el Departamento de Estado en 1997.

El país viene insistiendo en que se esclarezca la verdad sobre varios hechos criminales y violentos que durante años han estremecido a la sociedad colombiana. No es sano para una democracia como la colombiana en permanente lucha por la consolidación de su institucionalidad que algunos miembros de la fuerza pública se vean comprometidos e incurran en prácticas delictivas y criminales.

El coronel Luis Alfonso Plazas Vega paga una condena por hechos en los que no participó y delitos que nunca cometió. Si los tribunales quieren cumplir su cometido de alcanzar la justicia deben hacerlo esclareciendo suficientemente los hechos y condenando a los responsables de desaparición de personas en los trágicos acontecimientos del palacio de justicia.

12 de dic. de 2014

Ideología y crimen

Por @Ruiz_senior

Uno de los vicios más irritantes que uno encuentra en casi todos los colombianos es el desprecio hacia los miembros de las guerrillas porque creen que son traficantes de cocaína con máscara política. Ya hay que ser ciegos para creer tal cosa, si se piensa en la vulgaridad que lleva a pensar así, se sienten ganas de llorar.

No pueden ver lo que son los terroristas porque no conciben personas así, pero si los entendieran los respetarían, toda vez que lo que consideran condenable no es matar gente ni menos tratar de imponer a los demás un régimen político sino ser de condición social baja y querer prosperar y pagarse lujos y placeres. ¿Cómo puede ser eso lo condenable? Porque es lo que genera envidia y porque cada uno se siente desplazado en su jerarquía por alguien de condición inferior.

¿Para qué es el dinero?
Un dicho alemán reza que "el dinero no lo es todo pero sin dinero todo es nada", y en efecto el dinero lo es todo cuando no se tiene: cuando uno pasa hambre o duerme en la calle. A partir de la experiencia de la mayoría de la gente, que es el continuo desajuste entre lo que se quiere y lo que se puede gastar, parece que la única motivación que tiene sentido en esta vida es conseguir más dinero.

Los bienes suntuosos deslumbran a la gente pobre, y eso han sido en toda la historia la inmensa mayoría de los colombianos. Parece que subirse a un automóvil que cuesta diez veces más que los corrientes fuera como llegar al paraíso. Del acceso a esos bienes tratan casi todas las telenovelas tradicionales de Hispanoamérica. Por eso resulta inconcebible que alguien que disfruta de ellos se ponga a delinquir.

Pero la plenitud que emana de esos bienes es casi exclusivamente el prestigio, es decir, lo que piensan los demás, y la mayoría obviamente no puede acceder a ellos, por lo que la felicidad del poseedor sólo corresponde a la envidia de los demás, o a la propia envidia redimida. Y cuando se dispone de dinero, además del prestigio de consumir cosas finas está el poder sobre los demás: la capacidad de influir decisivamente en la vida ajena.

Más allá de la seguridad de poder pagar las necesidades básicas, el dinero sirve sobre todo para obtener prestigio y poder. Y en un medio social elevado el prestigio y el poder no derivan sólo del dinero. Los empleados de los hoteles de lujo a los que van los líderes bolivarianos en Europa y Norteamérica sienten sin la menor duda mucho desprecio por ellos, por sus maneras rudas, su ignorancia de las convenciones de conducta, su patética necesidad de protagonismo, etc. No hay ni que detenerse a imaginar lo que sentirán los intelectuales y aristócratas de esos países. Y seguro que disponen de menos dinero.

Ejemplaridad
Este post trata sobre la verdadera condición de los miembros de las FARC y la noción que tienen de ella los colombianos, por eso tengo que saltar a otro enfoque para completar la idea. Ya hace unos años publiqué un post sobre eso.

En alguna parte dice Ortega y Gasset que la noción de jerarquía social se aplica más bien a los demás animales porque entre los humanos pesa más la ejemplaridad, y ponía el ejemplo del cristianismo, que ha pasado por toda clase de regímenes políticos, de pueblos, de modas culturales y siempre se mantiene porque siempre puede remitir al ejemplo de su fundador.

Esa idea de ejemplaridad sirve para explicar la adhesión que tuvieron Fidel Castro y el Che Guevara entre las clases altas de toda Iberoamérica en su momento. Unos jóvenes audaces, apuestos, inteligentes y sobre todo resueltos consuman una rebelión y suprimen las odiadas instituciones de democracia formal copiadas de Estados Unidos, rechazan la dependencia de ese país y se lanzan a dirigir la construcción de la utopía en su país. ¿Puede entender el lector que esos aventureros patricios no eran rateros ansiosos de ganar millones? Ambos procedían de familias muy ricas. Se dice que el abuelo del Che era el hombre más rico de Sudamérica.

Luego, la disposición a seguir su ejemplo de los aristócratas bogotanos provenía de intereses relacionados con el poder político, con la ideología y con el prestigio intelectual (las clases altas de toda Hispanoamérica siempre odiaron a Estados Unidos, gran parte del prestigio que tiene Europa en un lugar como Colombia tiene que ver con eso, es la supuesta alternativa al "imperio"). En los años sesenta la inmensa mayoría de los intelectuales prestigiosos en Hispanoamérica eran comunistas, bien es cierto que gracias precisamente a la organización que los promovía y a los recursos soviéticos (Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Salomón de la Selva son poetas de más nivel que Mario Benedetti pero nadie los lee porque no tiene difusión: no eran comunistas).

De modo que el impulso de emulación de esos revolucionarios empieza por la clase más alta y se va transmitiendo al resto de la sociedad. Primero a la universidad, que es la institución que concentra a las clases altas (ahora se ha propagado como una peste y los que de verdad son de arriba obtienen diplomas en países civilizados). Antonio Caballero, Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano se cuentan entre los primeros castristas y congregaron en su revista a buena parte de su casta.

El M-19 es la creación de esa gente, y si bien no pudieron tomar el poder, hay que reconocer que los hermanos menores de esos próceres llegaron a la presidencia en parte porque la clientela creada alrededor de la lucha armada, el sindicalismo en las entidades públicas y el adoctrinamiento universitario no se opuso.

Mejoradores del mundo
Las guerrillas son la fuerza de choque pero lo que está detrás de ellas es la universidad, donde se "formaron" sus jefes y donde obtienen rentas y poder la inmensa mayoría de los militantes calificados de la llamada "izquierda". Cuando un colombiano ordinario supone que Timochenko es un sádico o un "bandido" que espera darse baños de oro como Rico McPato, sólo está mostrando el respeto que siente por los diplomas y la aureola intelectual, gracias a lo cual los asesinos avanzan día a día: no son los asesinatos ni intimidaciones lo que les da poder a las FARC sino la lucha por la paz de sus compañeros urbanos, gracias a la cual la sociedad permanece maniatada, así como las Fuerzas Armadas.

Este video sobre los secuestradores de los niños Álvarez Murillo puede dar idea de la clase de gente que nutre las filas de las FARC (sin contar los niños del campo, que son simplemente carne de cañón).


Al principio de sus carreras, todos los miembros del Secretariado de las FARC eran esta clase de gente: muchachos "idealistas" que fácilmente se indignan con las injusticias y sueñan con dirigir el "cambio" , para el que sólo hace falta destruir la democracia y enemistarse con Estados Unidos. No hay que preocuparse de que entiendan que la desigualdad surge del despojo continuo a los ciudadanos que es la universidad ni de que todos los países en que se ha implantado el comunismo se han empobrecido espantosamente: no tienen ninguna información distinta a la doctrina que les imbuyen, y en todo momento reciben aplausos por su determinación de servir a la causa.

Es decir, quienes los convierten en monstruos son sus profesores, que nunca se manchan las manos de sangre, y que casi siempre proceden de castas superiores y a su vez intentan asimilarse al clan de familias presidenciales que creó Alternativa  y el M-19 y que siempre ha tenido relación personal con Fidel Castro.

De modo que el  joven llega a la universidad lleno de sueños y ambiciones y ansía ostentar su inteligencia y obtener lo que siempre se busca, poder y prestigio, para lo cual conviene formar parte de alguna organización revolucionaria, a la que lo invitan sus profesores y sus compañeros de cursos superiores. Según su rango social y sus merecimientos, es destinado a una u otra labor. Los muy entusiastas y a la vez carentes de talento para la lucha legal, son enviados a dirigir actividades criminales en el monte o encargados de crímenes en las ciudades, como los secuestros y muchos otros.

Muchísimos líderes terroristas, como los Pizarro Leongómez o los Sanz (alias Alfonso Cano y su hermano del PDI), proceden de prestantes familias bogotanas. ¿Tendrían algún afán de convertirse en genocidas más allá de los sueños de entrar en la historia como los demás revolucionarios patricios del continente? ¿Los movía la codicia o el sadismo? Esa certeza absurda de que son traficantes disfrazados retrata a Colombia.

Injerencia selenita
El origen del terrorismo está en la tradición de Colombia y en la idiosincrasia que comparten los colombianos. Esa idea sobre los terroristas delata esa idiosincrasia. La idea de que los ideales o el rango social pesan más que los hechos concretos (la famosa frase de Carlos Gaviria "No es lo mismo matar para enriquecerse que matar para que la gente viva mejor" sólo la pronuncia porque sabe que el país piensa así) es inconcebible en cualquier código penal e incompatible con la democracia, en la que todas las personas son iguales ante la ley (no está justificado ningún homicidio sean cuales sean las intenciones o el rango de su autor).

De modo que cuando el idealista del video va a secuestrar a los hijos de un supuesto traficante de drogas, hace algo que sabe que será aceptado por su medio pero también por el conjunto de la sociedad, dispuesto a ilusionarse con el socialismo, a admirar al Che y a Fidel y a odiar a Estados Unidos. De otro modo no lo habrían hecho: en otro país no lo habrían imaginado porque se verían como monstruos. Una persona de India que oyera hace mil años la idea de que los malvados al morir arden eternamente se habría sorprendido de la locura que hace falta para creer algo así, pero una persona europea de la misma época se habría sorprendido de la locura que hace falta para ponerlo en duda.

Y ESA IDEA de descalificar a los miembros de las FARC porque trafican con drogas, como si matar policías y soldados para implantar su proyecto político fuera menos grave, forma parte de ese magma ideológico que comparten los colombianos y que permite a los guerrilleros verse como redentores y no como sociópatas y genocidas. El escándalo reciente porque se considere que el tráfico de drogas es un delito conexo al delito político deja ver otra vez lo mismo: claro que es un delito conexo, toda vez que el objetivo del tráfico es obtener fondos para matar gente a fin de conquistar el poder y oprimir a toda la sociedad. Lo que pasa es que el gran delito, el que no se puede perdonar ni tolerar, es precisamente aquello que los colombianos justifican: tienen un proyecto político. Claro que lo tienen, siguen sus ideales. El código penal no puede castigar las ideas, pero ciertamente el proyecto del Partido Comunista y las demás sectas relacionadas con los Castro es un crimen contra la humanidad desde el principio. Los asesinatos y secuestros forman parte de su aplicación, el tráfico de drogas es en comparación un delito menor que sirve al mismo objetivo.

Pero al pensar en eso, en lo monstruoso de esa idiosincrasia, se da uno cuenta de que en Colombia no hay demócratas: nadie considera que sea un crimen tratar de abolir la democracia (lo cual tampoco sería lícito a partir del triunfo de una mayoría en elecciones). Si alguien comparte los fines de las FARC pero no sus métodos, no encuentra repulsa de los demás colombianos, que le ven ideales y calidad intelectual y no propósitos criminales.

Y es que los terroristas expresan al país: lo que en definitiva defienden es la jerarquía del orden social de siempre. Los intereses de mando de las familias presidenciales y las castas próximas, es decir, literalmente, de los descendientes biológicos de los encomenderos. Los colombianos no condenan ese orden sino que sueñan con ascender algún peldaño dentro de él y odian a los traficantes de cocaína, mucho más que a los secuestradores, porque lo amenazan tanto como si hubiera demócratas o clases productivas en ascenso.

Por eso la labor de "paz", que no es más que cobro del crimen y engaño para permitirlo, no encuentra rechazo: ¿qué importan la libertad y la justicia si creer en ellas significaría distinguirse de los intelectuales y personas prestantes que cada uno sueña con ser? Es imposible que los colombianos entiendan que cada pacifista de los que creen que se deben negociar las leyes con los asesinos es otro asesino. Lo que odian no es el crimen ni la tiranía, sino a los pobres alebrestados que se enriquecen y consiguen los lujos que la mayoría sólo ve en la televisión.

Bueno: una foto de los miembros del Secretariado de las FARC que están en La Habana deja ver a cierta clase media con más atributos culturales que la mayoría de los colombianos. ¿Se ven como monstruos genocidas o enemigos de la humanidad? ¿Cómo se van a ver como tales si los colombianos quieren rebajarlos a traficantes de drogas y le quitan importancia a su militancia comunista y a sus asesinatos? Bah, "le quitan importancia". La mayoría respetan esas cosas y millones las comparten.

9 de dic. de 2014

El poder irreflexivo

Por Jaime Castro Ramírez

Las cualidades para ejercer el don de gobernar requieren de un importante nivel de equilibrio conceptual, el cual lo aporta el propio valor innato de la prudencia. Las grandes responsabilidades de Estado exigen del gobernante la condición sine qua non del sentido de mucha reflexión y ecuanimidad para la toma de decisiones sabias, las cuales deben corresponder a los requerimientos del curso adecuado de la historia, en el cual se debe registrar el significado de la gestión institucional que garantice la legitimidad del devenir histórico de la nación. Las acciones de improvisación nunca son buena idea, y mucho menos tratándose de decisiones de Estado.

La paz como argumento para justificar el ‘todo vale’
Los colombianos hemos quedado perplejos ante la afirmación del presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón, cuando estaba hablando que para efectos de la paz era necesario la ampliación de los delitos políticos, y para contestar una pregunta de un periodista sobre si él pensaba que el narcotráfico era viable involucrarlo como conexo con delitos políticos, sin sonrojarse contestó afirmativamente: “El narcotráfico y sus beneficios, porque eso tiene diferentes facetas”.

Esta expresión presidencial equivale ni más ni menos al propósito de extenderle paz y salvo judicial a las Farc por el delito de narcotráfico del cual se han lucrado y enriquecido en forma exagerada. La comunidad internacional verá con malos ojos esta peligrosa audacia de validación de esta clase de crimen organizado transnacional, del cual se han originado tantas desgracias de violencia criminal, atentar contra el medio ambiente, además del gravísimo atentado contra la salud de la sociedad consumidora.

La propuesta atenta obviamente contra la ley colombiana que castiga severamente el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, y lo castiga con la expropiación de tales bienes, y además con la condena de cárcel para quienes resulten involucrados en esas conductas criminales. Propiciar el ‘saneamiento’ jurídico para culpables del delito de narcotráfico podría dar lugar a incurrir en el delito de prevaricato para quienes llegasen a aprobar semejante afrenta contra la ley.

Razón tenía la advertencia del Procurador
Pareciera que ahora gobernar a Colombia fuera exclusivamente hablar de la palabra paz, pues practicamente en eso ha convertido Santos su acción de gobierno, y para justificar esa tentativa, incurre en excesos como el mencionado concepto de validarle a las Farc el delito de narcotráfico.

Recientemente, el Procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, había advertido a los colombianos que el mayor escenario de lavado de activos podría estar en la Habana en las negociaciones de paz. Pues ahora resulta que la propuesta aquí mencionada del presidente de la república, confirma el sentido de la advertencia del Procurador. Esto significaría que la inmensa riqueza de las Farc, proveniente del narcotráfico, les quedaría saneada para que luego la disfruten ‘legalmente’. Y lo mismo les permitirán hacer con el grande flujo de dinero proveniente del secuestro y la extorsión. Pero no significa en manera alguna que las Farc vayan a adquirir el compromiso de reparar económicamente a sus víctimas.

Infortunadamente estamos en esta incomprensible e irracional instancia de pretender que el delito político adopte un hijo perverso que no le corresponde por ser un delito común: el narcotráfico.

Cada día parece aún más incierto el camino actual por donde transitan los destinos de nuestra querida república de Colombia…

8 de dic. de 2014

No se queje y deje así

Por @AdasOz

“En Bogotá tienes dos opciones, o ayudas o estorbas”, me decía alguien hace poco porque no me mantengo halagando a la capital y a sus ciudadanos. En realidad ese “argumento” me sonó a la sentencia “o te callas y te conformas” porque tus críticas me incomodan, “o te vas”, porque los conformistas tenemos que seguir viviendo felices entre la anarquía, la dejadez y la inmundicia. ¡Es que eso nos gusta y nos enorgullece! En realidad no quieren que se haga nada positivo y constructivo por la ciudad, porque de lo contrario, ¿por qué ofenderse por las críticas? ¿Acaso no ven que todo anda mal en Bogotá? Pues queda claro que no lo ven y no lo quieren ver. Ese “orgullo” los enceguece y los envilece cada día que pasa.

Si partimos del principio de que la autoridad es la base del orden, entonces en la capital se han ido perdiendo ambos. Cada quien hace lo que le viene en gana porque no hay nadie que los ponga en su sitio. Si alguien atraviesa su carro en la salida de su garaje no se atreva usted a pedir, ni por las buenas ni por las malas, que lo retiren para poder salir de su casa porque usted es el malo del paseo. ¿Es que cómo se le ocurre incomodar a quien “libremente” estacionó su vehículo donde le vino en gana? No coarte la libertad de los demás, señor propietario. No sea injusto, mejor salga a hacer su diligencia a pie. Vea que caminar es bueno para la salud, ahorra gasolina y contamina menos el medio ambiente. No ose usted reclamar por lo que es suyo porque puede incomodar a ese “buen” ciudadano, agradézcale mejor, pero sobre todo, deje así.

Si usted vive en casa y no es un conjunto residencial, no se moleste en sacar las bolsas de basura minutos antes de que el camión (por fin son camiones de basura adecuados) pase a recogerlas, pues téngalo por seguro que algún “simpático” vecino sacará las suyas primero y las dejará tiradas en su antejardín a la espera de que algún reciclador pase, destroce las bolsas y deje regada toda su inmundicia en su apreciado césped. No le reclame porque ¿qué tal se gane de enemigo a ese “simpático” ser humano y quién sabe qué cosas peores pueda hacerle a su propiedad? Ahórrele a él un disgusto y el suyo trágueselo como pueda. Desestrésese barriendo y recogiendo toda la basura que le dejó su vecino. Puede que así logre hacer un poco de ejercicio y queme algunas calorías. Vea las ventajas, pero sobre todo, deje así.

Si usted va conduciendo por el carril izquierdo porque acaba de cruzar a una paralela y necesita pasar al carril derecho para girar, ¿para qué usar las direccionales si en todo caso no le van a dar paso y lo van a levantar a bocinazo herido? Guarde sus oídos y de paso los de los demás, no sea desconsiderado. Para qué usar esas lucecitas de adorno que tiene el carro atrás y adelante, vea que se le gastan. Mejor échele su vehículo encima al que viene al lado y verá cómo muestra su valentía y poder. Deje así, no le avise al de atrás ni al del lado su intención de cambiar de carril porque acelerador mata direccional.

¿Para qué se queja de los huecos de Bogotá si es que acaso con eso va a lograr que los tapen? No gaste energías en eso, mejor intente esquivarlos, vea que es divertido. Haga de cuenta que es como participar en una carrera de obstáculos, ¿qué sería de ésta sin los infaltables huecos? ¡Muy aburrida! Véalo por el lado amable. Con los huecos, el Distrito ya no tendrá que invertir en esos odiosos reductores de velocidad que tanto le molestan. Los huecos se hacen gratis y usted tendrá que reducir la velocidad sí o sí, y esquivarlos, si no quiere estropear sus amortiguadores o en el peor de los casos romper el eje de su vehículo. Vea, mejor deje así, ¿sí?

No entiendo por qué a algunos bogotanos les da vergüenza mostrar el centro histórico de la ciudad si es tan bonito. Solo tendrá que esquivar uno que otro excremento (ni se pregunte de qué es) y taparse la nariz porque el “aroma” a urea y heces pueda resultarle algo molesto. Pero aparte de eso, todo está bien. Tampoco ose quejarse la suciedad a lo largo de toda la Séptima peatonalizada ni de la contaminación visual causada por el exceso de grafitis en muros, paredes, estatuas, monumentos, etc., que hay en todo el casco histórico. No coarte la libertad de expresión (especialmente la de los que alientan al terrorismo) y si tanto le incomoda ver todo lo anterior, pues vaya de noche, porque “de noche todos los gatos son pardos”. O mejor, si va para después quejarse, mejor no vaya y deje así.

Alguien que me explique cómo puedo “dejar así” ante el retroceso que ha sufrido Bogotá desde que la izquierda se tomó el poder para nunca más dejarlo. Si bien en las alcaldías anteriores se habían logrado algunos pequeños avances, todos estos han ido quedando en el olvido desde el año 2004 y los ciudadanos se han ido acostumbrando al mal vivir que nuestros gobernantes nos someten. Concluyo entonces que la peor parte del problema de la capital son los mismos ciudadanos porque han dejado de exigir el uso adecuado del dinero que se recauda con toda esa cantidad de impuestos que pagan.

Lastimosamente la gente que busca mejores condiciones de vida se está yendo a vivir a las afueras de Bogotá o a otras ciudades o países porque no soportan más el caos. Yo, aunque me resisto, estoy llegando a mi límite. Ahora, ¿qué pasa con usted, también va a dejar así?

4 de dic. de 2014

El espíritu de la universidad

Por @Ruiz_senior

Un artículo reciente de Félix de Azúa sobre el "partido de profesores" explica muchas cosas sobre la universidad española que hacen pensar en Colombia. Más si se piensa en el formidable parecido que hay entre la franquicia española del narcoimperio castrista y las FARC, que resulta invisible para los españoles porque no saben qué son las FARC. Cuando se habla de corrupción, Colombia aventaja claramente a España, si se trata de la universidad, todo lo que cuenta Azúa se multiplicará muchas veces en Colombia.

Cuando empecé a leer la carta de Timochenko al general Alzate, me acordé de ese artículo. La corrupción consistente en robar es mucho menos grave que el adoctrinamiento de criminales, y las "ideas" de Timochenko sólo son un compendio de lo que se dice en las universidades colombianas desde los años sesenta. Voy a citar y a comentar dicha "carta" porque me parece un documento de verdad valioso.
Señor Brigadier General Rubén Darío Alzate:

La gran prensa y el anecdotario colombiano, cada día más asimilables por obra del monopolio en la propiedad de los grandes medios, suelen construir frases altisonantes con relación al conflicto colombiano. Ahora han puesto de moda aquella que, haciendo relación a su caso, habla del primer general en servicio activo que cae en manos de las FARC en cincuenta años de guerra.
Una vieja rutina que increíblemente encuentra público, también en otros países. Dos importantes canales de televisión en España viven dedicados a un publirreportaje continuo de Podemos, la formación amiga de Cuba e Irán que encarna la rebeldía del pueblo oprimido y obviamente denuncia el sesgo hostil de los medios. El monopolio en la propiedad de los grandes medios en Colombia es lo que permite que existan las FARC, pues de otro modo habría conciencia de la monstruosidad de premiar el genocidio. La misma publicidad que hace a la "carta" la revista, cuyo dueño es el hijo del antiguo promotor de las guerrillas comunistas Alfonso López Michelsen, es prueba de ello: el monopolio de los medios, que incluye al Grupo Santodomingo (testaferro del mismo clan López-Santos-Samper), es hoy sólo la continuación de Alternativa

Esa mentira es la misma que representa la universidad: durante muchas décadas fue la quintaesencia de las clases altas, del 5% más rico de la sociedad, pero a los estudiantes se los convencía de que eran un estamento complementario al de los "obreros y campesinos". Ciertamente también de que la prensa es hostil: por muy descarada que sea la propaganda del terrorismo: siempre se puede pedir más, y aunque fuera inconveniente que llegara más lejos, siempre queda bien considerarse perseguidos. Los profesores de las universidades públicas se ganan de promedio 15 salarios mínimos (no es que la mayoría de los colombianos ganen el mínimo porque son más los que no llegan a ganarlo) pero son los más sindicalizados y los que más reclaman aumentos de sueldo, como ocurre con todos los grupos de funcionarios, que son en última instancia la clientela de las bandas terroristas.
Se trata de un caso excepcional y rarísimo, aunque también podría indicar que la agudeza de la confrontación empieza a afectar las más altas jerarquías del mando militar, algo impensable hasta ahora. Desde luego esta última interpretación no resulta del agrado del Establecimiento, que prefiere adjudicar el hecho al azar o incluso a su negligencia personal.
La universidad. Es la universidad, no hay otra forma de explicarlo. La idea de que alguien puede jactarse de cometer secuestros y lo remedia porque lo llama "confrontación" hace pensar en ese sociópata como un adolescente perpetuo, una especie de Antonio Caballero de rango social más bajo, que se envanece de las cosas que aprende en su alma máter y exhibe orgulloso su sabiduría.

¿Qué hacía el general Alzate de civil con otros funcionarios del Ejército en una zona de riesgo? La última noticia alude a un encuentro con bandas criminales a las que podría estar protegiendo. ¿Va a un encuentro semejante con una funcionaria? ¿No había modo de prevenir el secuestro por parte de las FARC? La hipótesis del montaje para favorecer a las FARC y sus negocios y para el show de liberación, tan extrañamente rentable a los terroristas, parece más plausible.
El primero en hacerlo fue curiosamente el Presidente Santos, quizás afectado por el hecho de que hubiera sido el senador Uribe el encargado de publicar la noticia. Antes que expresar algún tipo de preocupación por la vida o la libertad de un general de la República, había que salir a exigir explicaciones sobre sus motivos para estar exponiéndose de tal modo. 
Sin reparar en que dicho cuestionamiento ponía en evidencia una verdad inocultable. Nadie que baje la guardia un segundo, ni siquiera el comandante de una fuerza multidisciplinaria de combate, aun en medio de su área de operaciones, se encuentra a salvo de una acción de la guerrilla en Colombia. Desalentador mensaje a la confianza inversionista.
Conviene que el lector visite la revista Semana y vea el tono respetuoso y hasta cordial en que se redacta el preludio de la carta. ¿Qué es lo que está diciendo el padre de la patria? Jactándose del terror que puede generar su banda. ¿Es tan difícil darse cuenta de que la revista transmite ese mensaje porque sus intereses son literalmente los mismos de las FARC? Pero esa forma de "razonar" del asesino es sólo lo que se ha dicho durante más de medio siglo en las universidades colombianas: lo que se enseña. Timochenko es igual que Errejón o cualquier líder de Podemos, un fruto de la universidad que ejerce de adalid de sus ideas sin que le parezca que haya ningún referente moral que pudiera mostrarlo como un simple criminal.
Se dice que el senador Uribe puede moverse con libertad gracias a más de 300 integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado que trabajan las veinticuatro horas para protegerlo. Una radiografía exacta de su seguridad democrática. Algo muy serio debe pasar en un país en el que sólo se siente seguro quien está rodeado por decenas de escoltas fuertemente armados.
Esto lo dicen también senadores de la república como Iván Cepeda y la inmensa mayoría de los profesores universitarios: ¿por qué es tan difícil matar a Uribe? Eso muy grave que está ocurriendo en el país es la rebelión del pueblo que no aguanta que a sus guías les paguen sólo el sueldo de 15 personas (sin hablar de la edad a la que se pensionan, de la productividad de su trabajo, de los contratos infames que obtienen, de las prebendas por publicaciones ni de los turnos en las rectorías para cobrar pensiones mucho más altas). ¡Qué terrible fracaso el de Uribe que cuatro años después, gracias a la promoción del terrorismo por su sucesor y los medios que controla el clan de éste, no haya seguridad para nadie y los asesinos se jacten de eso! Todo ese quiasmo turbio del discurso del jefe terrorista es algo a lo que está acostumbrado cualquiera que conozca la universidad colombiana.

De hecho, todo lo que hacen las FARC y el ELN es sólo la puesta en práctica de lo que se decía en las universidades cuando los miembros armados de esas bandas no llegaban a mil, antes de que los intereses mezquinos de los gobernantes los llevaran a buscar la paz aboliendo la ley. Muestra de que todo lo que se dice se termina haciendo (también matar a los judíos era una idiotez que decían algunos chiflados a finales del siglo XIX en Alemania y Austria).
Días atrás, en zona rural de Tame, una patrulla de la Fuerza de Tarea Quiron también había sido sorprendida por las FARC, que se había llevado consigo a dos soldados profesionales. El teniente y cuatro policías más del puesto de policía de la isla Gorgona en el Pacífico perecieron dos semanas después, en una acción relámpago de las FARC que sorprendió por su audacia. 
Y sólo menciono acciones militares ampliamente registradas por los medios. Usted y yo sabemos que son muchas las que se presentan por todo el país, de cuya realización se evita dar cuenta. No se quiere ahuyentar capitales, ni dar protagonismo a unas FARC a las que se insiste en presentar vencidas. Su captura ha contribuido sin duda a poner las cosas en un lugar más justo.
Nadie podría explicar mejor en qué consiste la paz de Santos. ¿Quién está enfrentado en Colombia para que haya que hacer la paz? Unos que se jactan de que pueden matar y secuestrar y por otra parte sus víctimas. Es pura lógica universitaria, eso lo reproducen todos los días, también en los colegios, cientos de miles de profesores. ¿Es tan complicado entender que todos los columnistas que cobran esa amenaza, es decir, casi todos (¿o todos?) los columnistas de los grandes medios, son parte de la banda terrorista?
En primer lugar en cuanto a nuestra reducción. No voy aquí a magnificar nuestras fuerzas, pero es innegable que son mayores que lo que predica a diario el señor ministro de defensa. Usted tuvo oportunidad de marchar con unidades nuestras en medio de la enorme persecución ordenada, y sabe bien que tampoco están integradas por los seres perversos descritos en los partes oficiales. 
Conversó tranquila y largamente con varios de nuestros mandos y combatientes, después de ser detenido y conducido por ellos. Estoy seguro de que el tema de la paz y las conversaciones de La Habana hicieron parte de esos intercambios. Por lo que dicen nuestros muchachos al respecto, usted tampoco pareció un hombre intolerante y rudo, sino alguien con el que se podía hablar.
Buen resumen de lo que son los diálogos: un secuestrado que no sabe en qué momento lo van a asesinar o a torturar y que se muestra complaciente con sus captores. Así está la sociedad colombiana desde que los asesinos dominan el poder judicial y pueden llevar a quien no se someta a prisiones en las que la violación y aun la muerte son casi seguras.
Un general de la República y su objetivo de alto valor sentados frente a frente, en medio del invierno implacable de la selva chocoana, quizás prefiguran lo que podía ser Colombia en un escenario de reconciliación. Si el capturado hubiera sido el nuestro, las cosas habrian sido muy distintas. Lo deseable, si queremos la paz, es que las cosas dejen de ocurrir de ese modo.
Mejor no se podría decir: el escenario de reconciliación es aquel en el que todo el mundo está sometido al capricho de unos asesinos. ¿Acaso dicen otra cosa las universidades? Dicen exactamente lo mismo, más cuanto más elitistas sean.
Por otra parte, su detención también brindó espacio a otras realidades. Es cierto que el Presidente Santos reaccionó precipitadamente al suspender los diálogos de paz, condicionando su reanudación a su pronta liberación. Pero también lo es que paralelamente envió en secreto un propio a plantear alternativas. Es claro que no se trata igual a un general que a unos soldados.
Ninguna sorpresa al saber que la suspensión era una bravuconada de Santos que generaría noticias y buena imagen: al mismo tiempo mantenía la relación con los terroristas. Mientras no se explique qué hacía el general con su acompañamiento será incuestionable la hipótesis del montaje (la compañía era imprescindible para pasar aislado varias semanas). Pero ¿qué más universitario que el agravio jerárquico? En las universidades los jóvenes se acostumbran a razonar así: "¿Es justo que nosotros tengamos tanto y haya tantos niños hambrientos? Esta sociedad no merece continuar". Los asesinos se hacen intérpretes del agravio de los soldados a los que matan y secuestran.
Ya lo habíamos constatado con los policías y militares que permanecieron largos años en condición de prisioneros de guerra a la espera de un canje por los nuestros. La opción entonces fue difamar de nuestras propuestas y acciones, sin reparar para nada en el drama de los detenidos, condenados a un prolongado cautiverio. Habría sido muy distinto con un diálogo al respecto.
Ahora no sólo son justos sino además compasivos. El nombre de esa actitud en términos universitarios es "dialéctica". Todo se acomoda para que las víctimas les salgan a deber a los victimarios.
En realidad todo en Colombia hubiera sido muy distinto si la oligarquía liberal conservadora dominante hubiera aceptado dialogar en busca de soluciones pacíficas y democráticas a los diversos problemas generados en la Colombia rural. Para la historia quedaron las múltiples peticiones elevadas en ese sentido por los campesinos de la colonia agrícola de Marquetalia.
Las soluciones pacíficas y democráticas consistían en someterse a estos pacifistas demócratas: ese uso de las palabras sin restricciones, siempre sometidas a la conveniencia de quien las usa y sin posibilidad de respuesta crítica es un hábito universitario. ¡Y los asesinos paniaguados de Moscú y López Michelsen que mantuvieron la violencia después del Frente Nacional resultan descritos como una COLONIA AGRÍCOLA!
Todavía seguimos destinados a suministrar recursos energéticos, mineros y de biodiversidad a los grandes centros de la economía mundial, a la vez que a ser receptores de las mercancías producidas en ellos, hasta el extremo de que los alimentos locales y la economía campesina que los produjo en el pasado, se hallan condenados a desaparecer en beneficio de la importación.

Intereses ajenos a nuestra realidad, como la guerra fría, impusieron la doctrina de seguridad nacional a las fuerzas armadas colombianas, con sus correspondientes secuelas de violaciones a los derechos humanos y el alzamiento armado, situación que se agravó aún más con la imposición de las llamadas guerras contra las drogas y el terrorismo, que no eran ni de cerca nuestras.
Perdón por la insistencia: si el lector no ha oído esto antes es porque no fue a la universidad en Colombia, o al menos no hizo ninguna carrera relacionada con la política y las leyes. Es el discurso oficial. Los que secuestran empresarios resultan los defensores de la producción nacional y los que emprendieron la guerra popular prolongada para implantar la dictadura del proletariado resultan víctimas de la doctrina de la seguridad nacional. Las bandas terroristas son sólo la universidad en armas.
Es hecho comprobado que la noción de narco guerrillas ideada por el embajador norteamericano Lewis Tambs en 1984, cuando vinculó sin el menor respaldo probatorio a las FARC con el famoso complejo cocainero de Tranquilandia, no tenía otro propósito que disimular la alianza entre el Pentágono, la CIA y las mafias colombianas para dotar de armas a la contra de Nicaragua. 
Pero aunque el propio Congreso estadounidense descubrió y publicó la trama que vinculaba al gobierno de Ronald Reagan y a Lewis Tambs con los carteles de Medellín y Cali, en un sucio negociado que enriqueció al extremo a personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, fuimos las FARC quienes terminamos cargando el famoso sambenito.
Clarísimo: los traficantes de cocaína (el gobierno estadounidense) acusa a los amables agricultores pacifistas y demócratas de las FARC de ser ellos los traficantes. 
Triste papel le ha correspondido desempeñar a las fuerzas armadas colombianas, convertidas en un simple apéndice de Norteamérica, en fenómenos criminales como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el paramilitarismo, el desplazamiento y el destierro de centenares de miles de compatriotas, sólo para servir a intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
Los criminales son los demás, no ellos, los que desplazan compatriotas y demás. Tiene muchísima gracia que gracias a Obama el propio gobierno estadounidense justifique el premio de los crímenes terroristas con base en supuestas infracciones de los derechos humanos. Según el jefe terrorista (y toda la universidad colombiana, a la que expresa con rotunda claridad), esos crímenes eran encargos estadounidenses. ¿Quién más va a ser adalid de la defensa de los derechos que estos filántropos? Se queda uno sin argumentos.
Las FARC-EP estamos empeñadas desde siempre en la reconstrucción y reconciliación nacional, sobre bases de soberanía, independencia, desarrollo económico y justicia social. Fuimos obligados a hacer la guerra, por lo que estamos dispuestos a dejarla si realmente se garantiza en nuestro país el debate libre y abierto de ideas, sin odios ni persecuciones. Si se abre la democracia real.
Sólo buscan el debate libre de ideas, porque los obligaron a hacer la guerra. Hace mucho tiempo que en Colombia no hay debate libre de ideas porque los asesinos universitarios del poder judicial persiguen a cualquiera que incomode a sus intereses, que son los mismos de las bandas terroristas. El encarcelamiento y la condena de Andrés Felipe Arias o de Luis Alfonso Plazas Vega, entre muchísimos otros, lo demuestra. Pero la universidad no conoce la vergüenza porque su origen es la evangelización: el cura del siglo XVI, o el encomendero que a menudo lo reemplazaba, podía predicar tranquilamente que violaba a las indias y esclavizaba a sus familias para salvarlos del pecado y llevarlos a la redención y después al paraíso. En las universidades cualquiera que discrepe públicamente del terrorismo se juega la vida, pero ¿alguno de los asesinos va a decir que no está por el debate libre y abierto de ideas?
Creemos, general Alzate, que alguna voz cuerda debe brotar del seno de las fuerzas armadas, tras medio siglo de fallidas operaciones para exterminar la oposición política. Las viejas concepciones de la guerra total deben ceder ante otras nociones de seguridad que enfaticen en los verdaderos intereses nacionales, los de las grandes mayorías, no los de unas élites adineradas y egoístas. 
Nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez siempre mostró interés por dialogar con los mandos militares sobre el tema de la paz, lo cual nunca se ha permitido bajo la excusa de que las fuerzas armadas no son deliberantes. Ustedes saben tan bien como nosotros que no es así. Su voz pesa y define muchas cosas. Es mucho lo que podríamos hablar sobre eso.
Ya lo han conseguido: la cúpula militar es más o menos abiertamente afín a los terroristas y la sospecha de que tanta "bondad" no es inocente sino el fruto de grandes incentivos económicos resulta muy difícil de cuestionar. La publicación de Semana tiene también ese objeto: acostumbrar a los militares de menor rango a la "normalidad" de las propuestas de reconciliación de esta "oposición política".

La infamia de la "paz" queda de nuevo demostrada. Ya no sólo la de quienes cobran los crímenes aplaudiendo la "reconciliación" sino también de los que callan y se fingen distraídos. Los criminales vienen a pedir cuentas ostentando sus crímenes y sus mentiras y no hay ninguna respuesta. Bueno: la candidatura del uribismo hace unos meses tenía una propuesta para meter a Colombia en el primer mundo: ¡dar universidad a todos!

2 de dic. de 2014

Inconsistencias presidenciales

Por Jaime Castro Ramírez

El pueblo, que es el origen del poder político a través de su participación ciudadana en las urnas, requiere el máximo respeto por su condición de poder primario y por su condición de conformar la sociedad, pues de lo contrario se comete un pecado social grave que la historia debe registrar como deshonroso y condenable antecedente de deslealtad de quien recibe el mandato popular de ejercer el poder en base a un programa de gobierno, con el cual se haya comprometido, y luego incurra en desacato a ese mandato no cumpliendo lo prometido.

Compromisos de Santos para gobernar en su reelección
La inconsistencia en las ideas es una flaqueza conceptual de quien actúa sin firmeza de pensamiento, con criterio menguado por la banalidad de la simple exhibición. En política, el populismo con característica de irresponsabilidad, suele ser una conducta habitual, utilizada para distraer las expectativas del pueblo respecto al anhelo de obtener beneficio social como resultado de la gestión de los gobernantes.

En el discurso de posesión de reelección, el presidente Santos se comprometió con tres programas que identificó como los “pilares” de su segundo periodo de gobierno: paz, equidad y educación.

Colombia es un país de leyes, y por consiguiente es el poder legislativo quien le da al gobierno las herramientas legales para poder ejercer el poder y cumplir sus compromisos con el pueblo. A propósito de los tres ‘pilares’ mencionados por el presidente de la república, llama la atención la pobreza de la agenda legislativa presentada al congreso de la república por parte del gobierno, agenda que se ha ocupado de temas absolutamente insubstanciales para el desarrollo económico, político y social del país, tales como los siguientes:

1. Equilibrio de poderes.
2. Reelección de alcaldes y gobernadores, contradictorio con la propuesta de no reelección de otras autoridades, como, el presidente de la república, el procurador general de la nación, los magistrados, etc.
3. El voto preferente.
4. Unificación de periodos de las autoridades de los distintos niveles de gobierno: presidente de la república, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.

Por supuesto que ninguno de estos temas tiene nada que ver con el desarrollo legislativo necesario para impulsar los presuntos ‘tres pilares’ prometidos como grandes temas de gobierno, lo cual indica la facilidad con que se prometen cosas de un colorido de suntuosidad política espectacular, pero de realidad incierta en cuanto a su materialización.

Esta agenda presentada al congreso de la república por parte del gobierno es únicamente de perfil politiquero, pues obedece a las promesas de este estilo hechas por Santos en la campaña de reelección presidencial.

No se ve entonces cómo van a ser las reformas a la educación y a la justicia, reformas que ya tuvieron rotundos fracasos en el primer periodo del actual gobierno, ni la necesaria reforma a la salud, ni tampoco se ve cómo va a ser la implementación legislativa del tema de la paz, tema este del cual hay muchísimas dudas en la mayoría de los colombianos sobre qué ‘clase de paz’ es la que firmará Santos, y en consecuencia, qué suerte correrá el país en cuanto a su institucionalidad y el futuro de su modelo económico y democrático, de lo cual depende todo el futuro de Colombia.

28 de nov. de 2014

La paz irreversible

Por @Ruiz_senior

Me ha impresionado leer en la última columna de Salud Hernández Mora esta perla:
Era evidente que solo sería una interrupción simbólica, a estas alturas del paseo el circo de Cuba es irreversible.
Conviene detenerse a comentar el protagonismo de esta señora. No sólo por su bizarro (con perdón de los puristas) periodismo sino por lo que representa en la opinión en Colombia. Su escritura es como un esfuerzo de  expresarse en "colombiano" sumando cuanto idiotismo y cuanta expresión de germanía oiga. "Tenaz que el mono se comiera a la secretaria" es algo que podría escribir (la frase en sí no la ha publicado, pero sí las tres lindezas que he puesto en cursiva). Ningún periodista colombiano escribiría cosas así, y tampoco ningún periodista español en un texto noticioso ("Las nuevas medidas del gobierno son la rehostia"). Pero la gentecita del borde de la selva es fácil de deslumbrar y tolera cualquier disparate si va acompañado del correspondiente halago.

Más llamativa es su adhesión a la ideología local: ¿cuántos periodistas españoles tolerarían algo como la negociación con las FARC en su país? No que tengan tantos principios, sino simplemente que ese atraco para cualquiera que no esté intoxicado de ideología o deformado moralmente o intimidado es inconcebible en cualquier parte. Ya hace un montón de años comenté un escrito suyo sobre el "delito político" que es inconcebible en un periodista español: durante décadas en el diario hegemónico aclaró Fernando Savater la trampa que encierra esa falacia. ¿No conocía ella eso? No, es que simplemente sirve a sus patrones.

Lo que ella hace es servir de portavoz a su amigo Francisco Santos. Y el interés que tiene la idea de la paz irreversible es que expresa a ese personaje y a través de él al uribismo, que a toda costa busca adaptarse al nuevo orden y participar del botín del erario, aceptando la incapacidad de hacerse hegemónico y compartiendo con los amigos del primo de Santos el control de la Alcaldía de Bogotá.

Desgraciadamente tengo que hacer otra digresión para ocuparme del periódico en que escribe esta señora. La urgencia de hallar un "socio estratégico" se presentó ante la perspectiva del triunfo de Juan Manuel Santos, que podría estar claro para ellos desde 2006 o así. Pero el control sigue en manos de la familia, el director sigue siendo un pariente de los Santos y la línea editorial es la misma que cuando el director era el hermano mayor del presidente. Esta columnista hace de "cuota" del primo y convenientemente ensalza a los uribistas. El Grupo Planeta y Sarmiento son como testaferros de los Santos. Es muy curioso el papel de Planeta, porque La Sexta, una cadena española propiedad del grupo, dedica la mayor parte de su programación a un publirreportaje continuo de la franquicia española del narcoimperio castrista. ¿Alguna relación con los Santos? Seguro, tal como el grupo Prisa, dueño de Caracol Radio y el diario El País es cada vez más sesgado hacia las FARC y posee, junto con Silvio Berlusconi, un canal de televisión que compite con La Sexta en activismo chavista.

Lo interesante, con todo, es la cuestión de la paz irreversible. ¿Qué sentido tiene la suspensión del proceso por parte de Santos? Sólo que pretende resultar bravucón y así ganar puntos en las encuestas. Pero ¿qué sentido tiene la negociación? Eso es muy interesante porque todos los presupuestos en que se funda la democracia resultan soslayados con ese acuerdo de paz: ¿a quién representan las FARC más allá del terror que generen? No es verdad que la mayoría de los ciudadanos apoyen la negociación, si fuera así, Santos habría convocado un referendo y habría salido muy fortalecido. No fue lo que se votó en 2010 y este año hubo toda clase de manipulaciones y sobre todo de renuncios de la supuesta oposición que llevaron a la reelección de Santos.

Por vía de esa columnista se anuncia un nuevo discurso tanto del gobierno como de la supuesta oposición: la política de hechos consumados. ¿Quién va a retroceder después de todo lo que se ha "avanzado"? Los únicos que han avanzado son los terroristas, que además de verse legitimados recuperan día a día territorios de los que habían sido expulsados y multiplican sus negocios criminales. Si no se puede volver a la situación de 2010, sencillamente hay que entregarles todo el poder, que es lo que exigen, nada menos.

Es lo que buscan y lo que conseguirán porque no hay resistencia. Habrá que esperar a una nueva generación que se aparte del uribismo para plantearse deshacer todo lo que hicieron los terroristas y sus socios políticos, tanto en los ochenta como ahora. Sin eso no habrá democracia ni justicia ni libertad ni progreso.

En la medida en que se sigan esperando soluciones del Gran Timonel se renunciará a una resistencia cívica intensa que impida que la infamia de Santos resulte legitimada por un referendo y por el Nobel de la Paz. No se lo darían si hubiera quien denunciara el monstruoso liberticidio y el premio a los genocidas que significa la tal paz, pero ¿qué si todos están resignados a buscar acomodo en el día después, reconciliándose por los muertos que no son ellos y tratando de agradar a los asesinos? ¿Nadie recuerda ya a Uribe defendiendo a Samper y buscando refrendo legislativo a la impunidad del M-19? Sus compañeros son mucho más descarados.

26 de nov. de 2014

Claudicación no es de estadistas

Por Jaime Castro Ramírez

Ser gobernante requiere una postura absoluta de verticalidad como estadista para encontrar la verdadera conducción de los destinos de la república. En consecuencia, quien ha recibido del pueblo la facultad de ejercer el poder político, necesita firmeza en sus decisiones de gobierno, es decir que la debilidad de carácter no puede hacer parte de su agenda como máximo representante de la sociedad en el poder del Estado. Esto implica poseer grandes condiciones como hombre y/o mujer de Estado, para entender que la patria es un valor superior que está por encima de los gobernantes. Significa entonces que para hacer historia como gobernante se requiere la condición de saber gobernar como verdadero estadista.

Postura del presidente Santos frente a las Farc
Ha sido desafortunada la actuación del presidente de la república ante la exigencia que le corresponde atender como jefe de Estado para enfrentar la inseguridad terrorista a lo largo y ancho del país. Y ha sido desafortunada su actuación por un motivo de trascendental gravedad, lo que menos debe mostrar un gobernante: debilidad ante los enemigos de la patria. Además hay que agregar que esto tiene un antecedente que mortifica más a los colombianos, en el sentido de saber que el anterior gobierno dejó derrotado al terrorismo, en desbandada, incluso refugiando lo poco que les quedaba fuera de las fronteras colombianas; pero infortunadamente, el actual gobierno empezó por bajar la guardia de la Seguridad Democrática, y el resultado está a la vista: las Farc regresaron a los territorios de donde habían sido desterrados, y se constituyeron en fuerza tal que ahora tienen sometido en acto de genuflexión ante ellos al presidente de la república.

En consecuencia, hay que decir también que las Farc no son gestoras de su actual situación de poder, ni les costó trabajo alguno lograrla, simplemente se la encontraron en el camino de la debilidad del poder del Estado, y que obviamente ellos tienen en sus manos la fácil condición de aprovecharla. Y por si faltaba, se puede agregar un significativo dato: que el presidente tiene un compromiso adicional con las Farc porque obtuvo su apoyo electoral para la reelección, y por supuesto que ellos se sienten con el derecho de cobrar esa factura, y se la cobrarán con creces; bueno, el cobro no será propiamente al presidente, ni será él quien asuma ese costo, pues lo asumirán todos los colombianos, por culpa del presidente que en su momento no rechazó ese apoyo electoral, pues le interesaba su reelección sin importar el precio que fuera necesario.

Este panorama termina en una grande preocupación para el país, que bien se puede denominar: ‘la claudicación del Estado’. La claudicación es una actitud de cobardía, no propia de estadistas.

La claudicación en nada ayuda a lograr la paz
La debilidad presidencial frente a las Farc solo ha tenido como ‘argumento’ el tema de la ‘paz’. Sin embargo, resulta que la claudicación es enemiga de la paz porque se prescinde entonces de la verdad, la justicia y la reparación, lo cual conlleva a mantener el escenario de violencia, pues las víctimas no pueden aceptar su rendición absoluta frente al triunfo de sus victimarios, triunfo obtenido por la vía de la debilidad del Estado que no exige las condiciones legítimas para el logro de una paz justa para todos los colombianos.

Para lograr la paz se requiere hacer concesiones por parte del Estado, pero con mayor veraz por parte de la subversión. Aquí lo que sucede es que el Estado les ha cedido el espacio del poder negociador a sus interlocutores, lo que de hecho los habilita para imponer sus condiciones en la mesa de negociación, condiciones que constituyen verdaderos exabruptos y que por lo tanto van en contravía del cómo lograr la paz.