15/4/2014

Grave error de gobernante

Por Jaime Castro Ramírez

Quien asume la misión de gobernar adquiere obviamente la responsabilidad de mostrar su talante de líder para direccionar acertadamente las políticas de gobierno. Una parte esencial de sus responsabilidades es defender la patria, y para eso tiene que defender la democracia, defender la soberanía nacional, defender el Estado de derecho y sus instituciones. Si el gobernante no actúa dentro de este marco que se lo exigen la Constitución y las leyes colombianas, estará traicionando el mandato del pueblo y debe recibir la desaprobación ciudadana total.

Posición del presidente Santos frente a las FARC
La ambivalencia no es aceptable en el ámbito normal del pensamiento dentro del cual los individuos ordenan su raciocinio para luego actuar en desarrollo de su cotidianidad y la toma de decisiones. Por supuesto que menos aún aceptable si se trata de un gobernante que ejerce como representante de la sociedad, y como tal, es responsable de intereses que pueden afectar para bien o para mal a un universo humano.

Ha conmovido a la sociedad colombiana un hecho insólito de autoría de su gobernante, pues es de no poder creer que de boca del presidente de la república salgan expresiones como las siguientes, en relación a terroristas de las FARC: “Lo pensaré dos veces para perseguir a Timochenko”. “Lo de Alfonso Cano fue una decisión muy difícil de tomar, las FARC tienen razón”.

Desconcierta totalmente este pronunciamiento por cuanto está de por medio nada menos que la seguridad nacional, y la seguridad ciudadana, y lo que se observa es que ‘Timochenko’ en medio del la negociación de la paz si no lo piensa dos veces para asesinar civiles, policías y soldados, y atentar contra la infraestructura energética del país. En segundo lugar, pareciera que el presidente Santos está arrepentido de haber cumplido la ley en el caso ‘Alfonso Cano’. Hasta el colombiano más desprevenido políticamente se siente ofendido en su pertenencia patriótica con semejante declaración presidencial, y se preguntará: ¿en manos de quién estamos gobernados?

La paz no puede ser consecuencia del apaciguamiento claudicante del Estado frente a la beligerancia criminal de los enemigos de la democracia. En un escenario de esta magnitud se degrada la institucionalidad, y en consecuencia, por ahí se incurre en la instancia de permitir el camino a los regímenes totalitarios que sacrifican los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por lo tanto, la primera en desaparecer es la democracia. Jaime Castro Ramírez Abril 14 de 2014

9/4/2014

La lógica infecta del uribismo

Por @ruiz_senior

Saúl Hernández es uno de los columnistas más lúcidos e interesantes que se pueden leer en la prensa colombiana y sus escritos a menudo explican con bastante acierto lo que la propaganda trata de nublar. Sin embargo, su última columna, tras señalar el nudo de la campaña electoral, termina delatándose en su afinidad con la lógica que lleva a la perdición al candidato uribista y a todo el Centro Democrático. Voy a comentarla. 
La demagogia de la paz
Es un hecho que la campaña presidencial aún no despega ni suscita mayores emociones. Y creo que la razón salta a la vista: es una campaña que está viciada por un elemento perturbador que la sitúa en un contexto de excepcionalidad. ¿Cuál? Pues la promesa de una paz incierta que el electorado no se atreve a entorpecer.
Casi que se podría invertir la frase y encontrar el sentido de la actividad terrorista: gracias a la continua amenaza de la violencia, la voluntad de los ciudadanos se suprime, toda vez que en caso de "entorpecer" la paz se pagarían las consecuencias. Es decir, no sólo en el gobierno de Santos, la violencia es un mecanismo de dominación gracias al cual la sociedad sigue sometida a las mismas familias de siempre, el que cuestione ese orden termina amenazando la promesa de paz.

Pero ¿de qué modo puede atreverse el electorado a entorpecer esa "paz"? Tácitamente el columnista carga sobre las espaldas del electorado el hecho de que los candidatos no sean capaces de denunciar el contenido monstruoso de dicha "paz". ¿Cómo puede saberse si el electorado se atreve a entorpecer la paz si nadie le propone que lo haga? (De hecho, Uribe ganó en 2002 porque se atrevió a cuestionar el futuro luminoso que se anunciaba gracias al Caguán.)

En cualquier proceso electoral en cualquier parte se podría plantear algo así: gracias a los motivos que sean, casi siempre a una hegemonía previa de una etnia o de un sistema de valores, quien propone una alternativa se encuentra en minoría y aun en desventaja. Pero intenta imponerse agrupando a la gente que comparte sus ideas. En Colombia no: se culpa al electorado y se lloriquea porque el enemigo no ayuda. La frase final del escrito lo confirma.
Las pruebas abundan. No hay que olvidar que desde que se iniciaron las negociaciones en La Habana señalamos que la paz no se firmaría en este cuatrienio –violando la promesa de que sería una negociación de meses y no de años–, sino que se convertiría en un instrumento para catapultar la reelección de ‘Juan Manuel’, con la premisa de que él es imprescindible para consolidar ese pacto. 
Pues bien, ese mismo argumento, que más parece un chantaje, es el que viene machacando Santos en la campaña de ‘Juan Manuel’ con aseveraciones como “No es el momento de cambiar de ‘capitán’, eso sería fatal”, “Ninguno de los candidatos tiene la más mínima experiencia en procesos de paz”, “Vamos a completar lo que hemos comenzado” o “No podemos comenzar de cero cuando estamos a punto de ganar”.
Y, por consiguiente, como la paz es un tema de alta sensibilidad para los colombianos, la mayoría se ha hecho a un lado para no aguar la fiesta, con lo cual ‘Juan Manuel’ podría reelegirse con una votación pírrica gracias a un maniqueísmo descarado que ha dado frutos debido a que a nadie le gusta que lo califiquen de “enemigo de la paz” y lo igualen con los verdaderos enemigos, que son los que llevan 60 años asesinando a colombianos. Esa es una ofensa verdaderamente grave que supera con creces la incultura de quienes hicieron mofa del Jefe de Estado por un insignificante episodio de incontinencia.
Luego, el contenido de la "paz", que es el aplauso a los cientos de miles de crímenes de los terroristas y la sumisión a su autoridad, pasa como algo tolerable, "un tema de alta sensibilidad para los colombianos", algo que nadie se atreve a cuestionar, etc.

Aquel que no quiera ser descrito por los socios de los terroristas como "enemigo de la paz", y por tanto se hace a un lado para no echar a perder la esperanza, es un cómplice, puesto que se trata de la legitimación y el premio de los crímenes: de aquello para lo que se cometen.

El columnista, tal vez por lealtades personales con los jefes uribistas, pasa por alto la profunda inmoralidad de esa actitud, que ya es grave en cualquiera pero lo es mucho más en quien aspira a gobernar y busca los votos de las víctimas y la gente descontenta con Santos y su componenda.

Es decir, si un gobernante desalmado se alía con unos asesinos para repartirse el botín y la mayoría se pone de su parte desistiendo de la justicia y de la ley, nadie puede lamentarse diciendo que si obraba honradamente perdía votos. El que se hace cómplice puede tener muchos motivos, y en el caso de la mayoría es el miedo y el servilismo, pero eso no reduce la culpa de esa complicidad.

Ese maniqueísmo del chantaje de Santos ha dado frutos porque la supuesta oposición la constituyen enanos morales que no pueden ver que toda concesión al crimen se traduce siempre sin remedio en más crímenes y que (es lo que en últimas dice el columnista) tal vez querrían ser ellos los que se repartan el botín con los asesinos.
De manera que ese talismán que es la promesa de un país en paz ha adormecido la campaña a tal grado que ‘Juan Manuel’ lidera las encuestas con un pobrísimo 23 por ciento que no se compadece con el reparto impúdico de mermelada, mientras que tres cuartas partes de los colombianos se oponen a esa reelección sin hacer olas, pasivos ante la esperanza –que es lo último que se pierde– de que esta vez sí se logre la paz con unos rufianes que a diario demuestran que ni la quieren ni la merecen.
Lo que ha adormecido la campaña es la falta de oposición. El paso siguiente es la hegemonía de los terroristas, poseedores de decenas de miles de millones de dólares con los que pueden comprar a todos los políticos y a todos los jueces y a todos los periodistas e implantar una tiranía mucho peor que la venezolana o la cubana (antes del comunismo esos países eran más bien tranquilos comparados con Colombia).

Pero los uribistas tienen un remedio: lloriquear. Es el sentido del escrito de Saúl Hernández. No habrá país en paz porque lo que ha hecho Santos es dar a los terroristas lo que más necesitan, que es la legitimidad. El acuerdo de participación política es el reconocimiento solemne de que se levantaron en armas porque la democracia era insuficiente. Pero ¿no lo sabe Saúl Hernández ni los asesores de Zuluaga? Sí lo saben, pero no van a frustrarles a sus votantes la dulce idea de que "reconciliándose" con los que han matado a otros van a evitarse riesgos.

Es decir, Hernández y el uribismo renuncian a decirle a la gente que debe ceñirse a la ley y hacer frente a los criminales porque la gente está ilusionada con convivir con ellos y más bien resignada a dejarlos gobernar. Eso se llama hacerse cómplices.
Es como si a la gente la hubieran convencido de que el terrorismo es culpa de todos y que, para solucionarlo, el aporte mínimo de cada uno es el voto a favor de quien tiene la ‘llave de la paz’. Pura demagogia que se sirve de un viejo anhelo colectivo, anclado en el ADN de la Nación, para alcanzar réditos personales o grupales. Con esa promesa se creó la Constitución de 1991 y con la misma, Andrés Pastrana fue elegido presidente.
No, nadie cree que el terrorismo es culpa de todos, sencillamente una sociedad desvertebrada está formada por individuos que no tienen ejemplos ni sentido de comunidad y se ponen de parte del vencedor. En 2008 de Uribe y el Ejército, ahora de las FARC y Santos. El anhelo colectivo anclado en el ADN de la nación es la ausencia de respeto a la ley: tal como se evidencia con los intolerables ataques con ácido, parece que en cada colombiano anidara un salvaje que podría cometer en cualquier momento las atrocidades de los terroristas.

El párrafo es muy elocuente, y permite de nuevo entender el sentido de la acción terrorista: una vez que se reconoce legitimidad a los criminales, el supuesto alivio de las víctimas potenciales conduce a la aceptación de lo que exigen. ¿De dónde salen? De la universidad. ¿Quién iba a la universidad? En algún momento entre 1950 y 1970 el 1% de nivel socioeconómico más alto. ¿Quién dirigía a los estudiantes? El profesorado, nombrado entre las elites sociales. ¿No es claro que el terrorismo es sólo un sistema de dominación de los mismos de siempre, una forma de perpetuar por medio de la violencia la jerarquía heredada?
Sí, el cuento de la paz ha sido un factor emocional que ha perturbado por décadas nuestro trasegar político. Desde las palomitas de Belisario, pasando por la ‘Séptima papeleta’ de 1990 y el ‘Mandato por la Paz’ de 1997, hasta llegar a la reelección de un mandatario que no tiene otra cosa que ofrecer. Por eso, la manipulación de conciencias con la incesante invocación de lemas publicitarios: ‘estamos reparando a las víctimas’, ‘preparémonos para el postconflicto’, ‘hay que convocar al Consejo Nacional de Paz’.
¿Cómo es que no hay una oposición que le explique a la gente que las víctimas lo son de los criminales y no del "conflicto" y que todo lo que Santos promete sólo significará la multiplicación de los crímenes? Sencillamente porque en el orden de siempre y en el que creó el engendro del 91 hay un sector social significativo que medra gracias a la integración en ese orden y que no tiene interés en destruirlo. Por eso Uribe nunca quiso crear partidos diferentes ni oponerse a las castas políticas ni cuestionar a las cortes heredadas del 91 ni menos convocar una Constituyente para empezar a plantear un país basado en la ley y no en las componendas con los criminales. Por eso los uribistas están encantados de acudir a paneles televisivos a discutir con León Valencia y María Jimena Duzán, exhibiendo sus excelentes modales. Por eso es imposible encontrar a uno solo que entienda de derecho y no sea entusiasta de la "acción de tutela" porque todos los que tienen educación y contactos pueden beneficiarse de la abolición del derecho.
De nuevo, todos se harán a un lado cuando emerja, por reclamo de las Farc, la ‘Comisión de su Verdad’, que prodigará culpas a diestra y siniestra (sobre todo a diestra) y exculpará a estos arcángeles hasta del menor de sus crímenes. Luego se abrirá la puerta a su Asamblea Nacional Constituyente con la inocente convicción de que de allí surgirá una paz definitiva y absoluta. ¡Qué ingenuidad! Por eso, un tema tan azaroso, que suele ser presa del oportunismo político, debería estar excluido del debate electoral.
Pero ¿quiénes son todos los que se harán a un lado? ¿Se hará a un lado el columnista? ¿No está justificando que el candidato uribista y aun los senadores y representantes elegidos se hagan a un lado?

Bueno, ¿dónde está la ingenuidad? Santos se encontró un Estado rico y reparte favores a toda clase de funcionarios y logreros que complacen como sea a los criminales, tal como, siguiendo con el ADN de la nación, los policías buscan ocasión de entenderse con los ladrones. Los que firman la paz no son los mismos que mueren, ésos no le importan a nadie. Nadie es inocente ni ingenuo en esa pieza de horror, sólo se trata de las rentas fabulosas del crimen.

La partícula "Por eso" con que comienza la última frase confunde un poco: ¿por la ingenuidad? ¿Por qué?

Pero esa frase, esa idea, tanto lo que lleva dentro como el hecho de publicarla, ¡hasta qué punto muestra lo que es Colombia! ¿Alguien le hará caso y querrá sacar el tema del debate electoral? ¿De qué modo se conseguiría que quedara fuera? Ya es inconcebible que en Colombia las autoridades respeten la ley, no faltaría más sino que los políticos no manipularan el asunto que más interesa a los ciudadanos.

Pero, ¿qué? Supongamos que ocurriera, que el tema más importante de la historia, la caída en un régimen impuesto por bandas de asesinos que asegurará la miseria por siglos y una catástrofe como la de Camboya o la de Ruanda quedara fuera del debate democrático, ¿sería eso lícito? ¿Sería buena idea?

De lo que se trata es simplemente de lloriqueo: nadie tiene la decencia de explicar que la llamada paz es un crimen, la alianza con los asesinos y secuestradores para repartirse el botín que se les entrega gracias al miedo. No lo hace el candidato de la supuesta oposición ni ninguno de los demás, como si fuera muy inconveniente oponerse al canibalismo o a la prostitución infantil y sólo quedara lamentarse de las dificultades de la vida.

No podía faltar la muestra de solidaridad con Santos y su "insignificante" episodio de incontinencia. Sin contar que al parecer estaba borracho, ¿cómo es que un espectáculo tan penoso nunca lo da ningún gobernante de otro país? Porque ningún país se deja gobernar por individuos cuyo organismo colapsa. Pero ¿no encontrarán condena de los compasivos con el presidente que jamás prestan atención a los niños bomba ni a los policías torturados? Ni se cuestiona la "inocente" esperanza de la paz ni se deja de mostrar solidaridad con el pobre hombre enfermo. (¿No sería una estratagema de J. J. Rendón?). Podrían decirles que son enemigos de los buenos sentimientos.

Tiene verdadera gracia que la campaña en que Colombia escoge el abismo y nadie se opone porque podría resultar excluido y aun amenazado en el imperio futuro de los terroristas sea "aburrida". Claro que lo es: el candidato parece un débil mental que proclama todos los días que es excelente persona y promete cupos universitarios para todos y cuanto se le quiera pedir (parece que tal como cuenta con el amor a la paz de la mayoría también cree que todos conciben una caja inagotable de la que sólo hace falta que llegue un hombre honrado y generoso como él para remediarlo todo), y nadie detecta que la "timidez" para denunciar la componenda criminal es una forma clara y especialmente deshonrosa de complicidad.

El país cae en manos del terrorismo por obra de Santos, de los lagartos, de las mayorías indolentes y de estos impostores que suplantan lo que en una democracia sería la oposición.

8/4/2014

Promesas y engaño al pueblo

Por Jaime Castro Ramírez

Hablar del pueblo y su importancia equivale al participio que expresa las cualidades verbales, adjetivas, y sustantivas de ese magno concepto ‘pueblo’ cuya representatividad ha dado su capacidad de esfuerzo patriótico para conservar su dignidad histórica, y por consiguiente le corresponde exigir respeto por parte de los gobernantes. Tal respeto se refiere a los derechos que le son propios por su misma naturaleza como son los derechos sociales y todo su alcance, derecho a vivir en democracia, seguridad y tranquilidad ciudadana, etc.

Las promesas incumplidas significan engaño
Respecto a este tema es válido personalizar en el gobierno colombiano que encabeza el presidente Juan Manuel Santos, pues bien se le puede denominar ‘el mandato de las promesas incumplidas’, lo que significa ‘el mandato del engaño’.

Es solo recordar algunos de los anuncios presidenciales nunca convertidos en realidad: Las locomotoras de la prosperidad no arrancaron (quizás en reversa como la de la industria), descontaminación del río Bogotá, reformas a la justicia, la educación y la salud, reconstruir a Gramalote, anuncios de obras por la tragedia invernal, promesas de billones y billones de pesos en todas partes del país; pero tal vez la promesa más promocionada mediáticamente, y con la presencia de invitado especial, nada menos que el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon a la ceremonia de la sanción presidencial, fue la ley de víctimas y restitución de tierras.

Desde la vigencia de la ley 1448 del 10 de junio de 2011 (ley de víctimas), han transcurrido casi tres años y se podría catalogar como la promesa de mayor engaño, en este caso dirigida a los colombianos víctimas del conflicto armado, pues a nadie le han cumplido con la entrega del cheque por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000.oo) de indemnización que contempla dicha ley, y no le han cumplido porque es una ley sin ninguna planeación financiera, es decir totalmente desfinanciada, pues se habla de cuatro millones de víctimas lo cual cuesta 80 billones de pesos la sola indemnización de los 20 millones por cada víctima, pero además la ley contempla otros beneficios como salud, educación, vivienda, seguridad para los reclamantes de sus tierras. Además la estadística dice que se ha restituido escasamente el 1% del total del censo de tierras restituibles. Investigación de Human Rights Watch indica que en los últimos tres años por lo menos 17 personas han sido asesinadas por reclamar sus tierras, y registra también la información de que las personas afirman que debido a estos asesinatos no continuarían con las solicitudes de restitución.

Lo que se observa entonces con asombro es la violencia criminal desatada contra los reclamantes de tierras y la falta de garantías de seguridad y protección para esas personas por parte del Estado, lo que en consecuencia señala el fracaso total de la famosa ley de víctimas y restitución de tierras.

Qué pena con el ilustre visitante invitado Ban Ki-moon, a quien el presidente Santos trajo a que observara su autoría de la ‘reivindicación’ con las víctimas, y con lo cual no ha pasado nada; bueno, y qué pena con las víctimas del conflicto armado engañadas con la mencionada ley, pues no les han cumplido ni con la indemnización monetaria ni con la restitución de las tierras, ni con los otros beneficios anunciados.

Es trágico decirlo, pero el resultado que se observa son los muertos que amparados en dicha ley decidieron lanzarse a reclamar sus propiedades.

7/4/2014

Perspectivas de constituyente

Por @Ruiz_senior

Tras confirmarse su salida de la alcaldía y su inhabilitación, Gustavo Petro declaró que se dedicaría a promover una Asamblea Constituyente, cosa que no tienen ninguna novedad porque ya lo había manifestado Navarro Wolff: es el libreto de las FARC y muy probablemente el del gobierno y su equipo negociador. 

En términos generales se calcula que una Constituyente acordada con las FARC será lisa y llanamente la abolición total de la democracia y su reemplazo por el trust Münzenberg, según proponían alias Iván Márquez y el magistrado auxiliar Rodolfo Arango.

Pero la cuestión es compleja porque una componenda de ese estilo no sería nada presentable fuera de Colombia, más con el prontuario de las FARC. Lo que Santos nunca hará será convertirse en dictador abiertamente y poner en dificultades a los progresistas de la prensa que lo ensalzan.

De modo que no es imposible que la Constituyente que planean se presente como efectivamente democrática, bien con listas conjuntas del gobierno y las FARC, bien gracias a que el poder local de los políticos está cooptado por la Unidad Nacional, que lisa y llanamente sirve a los terroristas (el que tenga alguna duda al respecto puede recordar la completa adhesión a Chávez, Unasur, la CELAC y demás entidades de la conjura totalitaria).

Una de las rentas que le ofrece al crimen organizado proponer una constituyente es poner a quienes se le pueden oponer a defender el engendro del 91, gracias al cual tienen asegurado el control del poder judicial y la impunidad para muchos crímenes de diverso tipo. Buen ejemplo de esa reacción es este editorial de El Colombiano.

Otra reacción interesante es la del arquetípico lambón Gabriel Silva Luján: se opone porque cree que les interesa a los uribistas, siempre ansiosos de instaurar la reelección perpetua. (Desgraciadamente tiene razón.) La desfachatez con que defiende el engendro de Pablo es casi cómica:
En su ya casi cuarto de siglo de vigencia, la Constitución les ha servido bien a los colombianos. Es un conjunto de principios, instituciones y normas que ha traído paz, sembrado prosperidad social y otorgado legitimidad al sistema democrático. Es quizás la primera ley suprema en la historia del país que no fue impuesta a la brava por el victorioso sobre el vencido.
¿Qué importa que los crímenes se hayan multiplicado, que la desigualdad creciera diez puntos durante el primer decenio de vigencia de esa norma, que el poder judicial sea una máquina de persecución al servicio de las bandas terroristas, que reinen la corrupción y el despilfarro? A los colombianos se los compra fácilmente y se los pone a declarar que viven en el paraíso.

Ese hombre inverosímil era de todos modos promotor de la segunda reelección de Uribe, pero con el desparpajo que da vivir en medio de gente que no concibe el respeto de sí misma, ostenta ahora su odio como forma de acceder al magisterio moral al que ya accedieron otros próceres como Petro o León Valencia.

Con todo, ¿qué significa la resistencia a la Constituyente por parte de personajes como éste? Realmente es imposible saber qué clase de componendas tiene la camarilla de Santos con el régimen castrista y la banda asesina. ¿Será un intento de regateo o sólo retórica electoral para no espantar a los conformistas que no han entendido la simbiosis del gobierno con las FARC? (De gran ayuda para eso han sido Uribe y sus seguidores, que nunca quisieron hacer oposición.)

Pero más curiosa todavía, más instructiva, es esta perla del profesor de la Universidad de Los Andes César Rodríguez Garavito. Conviene prestarle atención porque ese hombre es uno de los portavoces de "DeJusticia", que es más o menos abiertamente un frente de las FARC para el estrato 6, algo más comprometido que un think tank, como una especie de gerencia de proyectos. Forman parte de esa organización por ejemplo el citado Rodolfo Arango, que propone castigar a los responsables del conflicto ("casualmente" unos meses después salió alias Iván Márquez proponiendo lo mismo), o Rodrigo Uprimny, otro magistrado que consideraba ilegal desmovilizar a los miembros de las FARC porque eso no surgía de acuerdos con el Secretariado.
La constituyente de Petro 
Tiene razón Gustavo Petro al denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las decisiones ilegales de la Procuraduría y el Gobierno que terminaron con su mandato en la Alcaldía. Pero se equivoca al patear el tablero del juego que injustamente perdió y unirse al llamado a una asamblea constituyente.
La ilegalidad la define el prócer a partir de una interpretación sesgada de la Convención Americana de DD HH que casualmente no detectaron en los miles de casos precedentes de destituciones de funcionarios elegidos. Es la cultura local, el aplomo de cada patán para decretar cualquier cosa. El detalle judicial se resuelve con un adjetivo y el columnista se erige en autoridad.
En unos años, la Corte Interamericana probablemente fallará a favor de Petro y ordenará indemnizarlo por haber sido sancionado por un funcionario administrativo (el procurador) y no por un juez penal, como lo ordena el artículo 23 de la Convención Americana, que Colombia ratificó y está obligada a cumplir. También le dará la razón a la Comisión Interamericana, que dictó acertadamente medidas cautelares para evitar que se consumara el atropello.
Dicha corte, como ya he explicado, se encontrará con el problema de los miles de destituciones previas, y puede que a pesar de su arrogancia y de la afinidad con el chavismo de los jueces que la componen, resulte demasiado descarada tratando de cambiar tardíamente la legislación de un país para proteger a un secuestrador y asesino. Pero de momento no cuesta nada declarar lo que "probablemente" sucederá. Probablemente no.
Aunque tardía, esa es la solución última que prevé el sistema jurídico que el mismo exalcalde ayudó a construir y se comprometió a cumplir en 1991. En esa coyuntura histórica, el M-19 de Petro tuvo una representación cuantiosa en la asamblea constituyente, aupado por una movilización estudiantil y una indignación colectiva que no se han visto desde entonces. El resultado fue una constitución profundamente democrática e igualitaria —con instituciones como la tutela, un catálogo amplio de derechos y unos mecanismos generosos de participación popular—, en la que se reconocen ideas del M-19 y otros sectores progresistas.
La indignación colectiva era el afán desesperado de frenar la extradición de los omnipotentes señores de la cocaína, que le habían pagado al M-19 por la toma del Palacio de Justicia y por muchísimos carros bomba gracias a los cuales la universidad eligió a muchos representantes de la banda porque el resto de la sociedad se abstuvo (la participación en las elecciones a dicha asamblea fue inferior al 20%).

Como siempre, hay que recordar lo monstruosa que es Colombia, lo repugnantes que son los colombianos para cualquiera que viva en otro ambiente. Este profesor de la universidad de las elites no vacila en declarar que el engendro impuesto por los mafiosos y asesinos es "profundamente democrática e igualitaria". ¿Qué es lo democrático? Aquello que corresponde a los intereses del Polo Democrático, por ejemplo la capacidad de las cortes para legislar por encima de lo que la gente haya escogido en las urnas. ¿Qué es lo igualitario? Por ejemplo, que el coeficiente de Gini marcara diez puntos más al cabo de un decenio de dicha constitución, como ya señalé.

Los mecanismos que menciona, la acción de tutela o el catálogo de derechos que se protegen con ella son el nombre mismo de lo no democrático: cada derecho es un pretexto para que los recursos comunes favorezcan a particulares. El derecho a la educación impone que aquellos que no van a buenos colegios y no pueden acceder a la universidad pública les pagan los estudios a los que sí pueden, etc.

Pero ¿quíen lee a tan noble pensador? Colombia se resume en eso, en una renta de recursos naturales que se reparte una minoría cuyo latrocinio llama "generosidad" sin que haya nadie que se dé cuenta de la monstruosidad de dicha mentira.
Por eso es difícil digerir lo que Petro le dijo a este diario tras su salida del cargo: “25 años después de la paz con el M-19, creo que nos traicionaron […] pero hoy la vía no son las armas, es la constituyente”. Primero, porque lo que pasó no fue una “traición” innominada, ni un colapso de la Constitución que amerite otra constituyente. Lo que pasó tuvo origen en las acciones del procurador Ordóñez, que ha abusado una y otra vez de los poderes amplios que la misma Constitución le dio (con la venia del M-19) y del nombramiento que le hiciera el Congreso (con el voto de Petro).
Lo tremendo no es que unos asesinos y secuestradores que servían a la mafia de la cocaína resulten impunes y con poder, sino que encima se sienten traicionados. Pero eso para uno, para el flamante profesor el problema es que cuestione la constitución (la amenaza de "no son las armas", de nuevo reivindicación de las atrocidades que cometieron en los setenta y ochenta, tampoco le llama la atención a nadie).
Segundo, porque nada regocijaría más al procurador que una nueva constituyente, donde fueran recortados los derechos de las mujeres, los gais, los jóvenes, los defensores del medio ambiente y tantos otros que ha perseguido jurídicamente. Y que eliminara el artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos al sistema legal colombiano y que Petro está usando en su recurso ante el Sistema Interamericano. 
El sobreentendido que hay tras este párrafo es la imposibilidad de una constituyente "corporativa", como la llama Rodolfo Arango: una constituyente podría ser menos complaciente con la universidad y sus tropas que la del 91 porque podría participar más del 20% del electorado, luego, podría convenir al procurador.
Tercero, Petro tristemente se equivoca al responder con la misma moneda al Gobierno y al procurador: echando por la borda las reglas de juego y sacrificando los principios al frío cálculo político. ¿Cómo más entender su coqueteo con el uribismo y las Farc para ambientar la idea de la constituyente? Basta ver los resultados de la elección al Congreso para darse cuenta de que una nueva constituyente distaría mucho de la del 91. No existe hoy un movimiento de indignados con la contundencia del estudiantil de hace un cuarto de siglo, que desestabilice desde abajo las clientelas políticas. Lo más probable es que la constituyente se parezca al Congreso recién electo: una tercera parte de votos amarrados por la corrupción, otro tercio ubicado a la derecha y otro entre el centro y la izquierda. De allí saldría una Constitución mucho más parecida a la de 1886 que a la de 1991.
Este párrafo es el que justifica el comentario a todo el artículo: puede que lo que inquiete a César Rodríguez sea lo que ilusione a las FARC: una Constituyente en la que los recursos públicos se destinen a "amarrar" votos para favorecerlas, toda vez que su interés hoy es indistinguible del de Santos y su camarilla. Dos tercios de la representación en una Constituyente son suficientes para imponer cualquier cosa. Los políticos tienen una visión de corto plazo, sólo para la rapiña, con lo que las perspectivas de legitimar el régimen fariano son altísimas. Puede que sea lo que buscan las FARC, Petro, Navarro y otros. Y lo que fingen resistir Silva Luján y Rodríguez.
La Constitución está lejos de ser perfecta. Se puede mejorar con reformas puntuales, como la limitación de los poderes de la Procuraduría y las facultades de nominación de las cortes. En lugar de reemplazarla, una vez más, deberíamos intentar algo más difícil: cumplirla.
El viejo problema de que en términos legales los terroristas ya triunfaron en 1991 gracias al terror de los carros bomba: pedir una constituyente es un pretexto para seguirse lucrando de los crímenes con el pretexto de la negociación. Si no la consiguen quedará como que cedieron, cuando ya tienen el Estado a su servicio.

Y pensando en eso uno vuelve a ver la magna obra de Uribe, que nadie quiere ver. Si hacia 2008 en lugar de buscar perpetuarse en la presidencia hubiera querido hacer frente a la tiranía criminal impuesta en 1991 cambiando la constitución, otros serían los resultados. Una mayoría que implantara una constitución parecida a la de los países civilizados, y que desbaratara el control del hampa terrorista sobre el poder judicial, era posible entonces. Ahora no. Ahora con cara ganan ellos y con sello pierde la democracia. 

Pero Colombia es un destino: yo ya renuncié a convencer a nadie de que entregarle el país a Santos y permitir de mil maneras el triunfo de los terroristas no es algo de lo que le salgamos a deber a Uribe. Es como si les hablara en chino, sólo están preparados para batirle la cola a algún capitán de un equipo que gane partidos.

2/4/2014

Paz

Por @ruiz_senior

Una muchacha que esté en una situación desesperada puede encontrarse con un tipo que le ofrece una salida ejerciendo la prostitución y puede que eso le parezca una salvación, pero sólo es el comienzo de una degradación creciente, que será mucho peor después.

Es exactamente lo que le pasó a la sociedad colombiana con la "paz" que firmó hace veinticinco años con algunas bandas terroristas: para remediar un problema que no era tan grave como lo que vendría después, los colombianos aceptaron premiar a unos asesinos y abrirles las puertas del poder. A partir de entonces los crímenes se multiplicaron, hubo muchos más homicidios relacionados con el terrorismo en los noventa que en los ochenta, pues ya tenían una parte del poder controlado y les quedaba muy fácil escalar los crímenes.

Pero los asesinatos y secuestros son sólo un aspecto del precio de esa infamia que cometieron los colombianos y que llaman "paz" como si la muchacha de mi ejemplo llamara "salvación" al puesto de trabajo que le ofrecen. No sería nada raro que la urgencia económica la hubiera provocado el mismo proxeneta, tal como los promotores de la paz de hace veinticinco años fueron los mismos que antes cometieron los crímenes: el profesorado universitario a través de sus discípulos, que fueron los militantes de las diversas bandas criminales y después los activistas de la "papeleta de la paz" que llevó a la Constitución de 1991.

Mucho más grave es la caída del poder final del Estado en manos de los mismos promotores del terrorismo: después de que la Corte Constitucional cae en manos de personajes como Alfredo Beltrán (relacionado con Fecode), Carlos Gaviria (después senador y candidato del Partido Comunista) o Eduardo Montealegre (ahora defensor a ultranza de las FARC), ya Colombia estaba entregada al crimen organizado, por mucho que los colombianos "compraran" el cuento de que por fin había verdadera democracia y progresismo (también a las pupilas de los proxenetas las intentan convencer de que su actividad es en realidad una vida de diversiones y placeres).

Los crímenes se cometen gracias al poder judicial, que tiene encarcelados a más de 15 000 militares y policías en procesos que no se conocen pero que si se estudian con atención resultan tan perversos como los que tienen en la cárcel a Plazas Vega o a Uscátegui.

Pero es mucho más: el parasitismo de los funcionarios estatales, sus privilegios increíbles, el despilfarro de recursos fabulosos en la promoción de la ideología del terrorismo y la destrucción de las perspectivas de prosperidad a punta de atropellos judiciales, son otra parte del precio. Baste recordar hasta qué punto la desigualdad creció durante la primera década de la Constitución impuesta por el M-19 y Pablo Escobar y que tan alegremente firmó Álvaro Gómez Hurtado y aplaudió Álvaro Uribe Vélez. O prestar atención a los resultados del informe PISA.

El hecho de que un maleante brutal, desvergonzado y zafio como Gustavo Petro haya sido alcalde de la capital es otra parte de ese precio: gracias al poder que les generan los asesinatos y el control del poder judicial, fuerzan a todos los demás sectores del poder a hacerse sus aliados. El precio de esa infamia en términos morales, la tranquilidad con que asesinos sin escrúpulos como León Valencia o Angelino Garzón se permiten dar clases de moral, es algo que garantiza para las futuras generaciones un destino cruel: lo lógico es que el asesinato y el secuestro sean la forma correcta de acceder a cargos de poder. No va a ocurrir que las elites surgidas de las FARC, a las que se pliegan las clases altas de lagartos con su tradicional servilismo y bajeza, sean las últimas. No tienen otra legitimidad que la que otorga el miedo y animarán a otros criminales a emularlos.

Nunca hubo ninguna “guerra”, las bandas terroristas son expresión de una conjura de las clases altas que encontraron en la cocaína (también aliadas con el cartel de Medellín y el de Cali) una forma de multiplicar los ingresos del secuestro. No representan a ningún sector social significativo, sólo la inercia de perpetuación del orden colonial.

Hoy todo se agrava y la caída del país en una tiranía como la cubana se puede dar por segura. El mismo candidato de la supuesta oposición acepta las premisas de la propaganda del crimen organizado y trata de introducir algún matiz para no pasar inadvertido.
Recuperar a Colombia de la condición en que cayó al firmar la "paz" es tan complicado como convertir a una mujer que ha ejercido ese desprestigiado oficio en una dama respetable. Lo que suele pasar es que los hijos que tiene se convierten en matones dispuestos a responder con la máxima violencia cada vez que se les recuerda el pasado de su madre.

Pero ¿es del todo una pérdida de tiempo señalar eso? A menudo lo parece. Para los budistas no hay otro sentido en la vida humana que la posibilidad de llegar a convertirse en el buda, pero la historia está llena de ejemplos de personas y naciones que sólo existen como ejemplos de indignidad y bajeza, a los que todos desprecian.

Tal vez sea ése el destino de los colombianos, tal vez nunca haya quien quiera entender que la historia de las naciones afortunadas siempre se basa en el triunfo de la ley sobre la barbarie, del honor sobre el miedo y la bajeza. Lo cierto es que la infamia multiplicada, el reino de los criminales, es hoy la opción que la inmensa mayoría aprueba. Y que pagará carísimo, porque el resultado de dar poder a quienes se han acostumbrado a prosperar matando es que sus crímenes se multipliquen, como ya ocurrió en los últimos veinticinco años gracias a la "paz".

1/4/2014

Rescatar la democracia

Por Jaime Castro Ramírez

Cuando se tienen derechos se debe tener la convicción de saber defenderlos. La democracia es un derecho ampliado que la política y el civilismo le otorga a los pueblos para poder convivir en un ambiente de libertades individuales y de garantías sociales armónicas. Como derecho del pueblo, pues le corresponde al pueblo defender los preceptos que conforman ese invaluable todo llamado democracia.

¿Cómo se defiende la democracia?

La voluntad ciudadana expresada en las urnas es la principal herramienta política convertida en derecho propio, que el pueblo tiene a su alcance como mecanismo civilizado y por supuesto pacífico para defender sus derechos democráticos. Además de que el sufragio es un derecho universal de ejercer el voto, también es un deber cívico ciudadano comparecer a las urnas a expresar su voluntad política, pues es la forma de fortalecer y mantener vigente el sistema democrático porque esa decisión popular constituye un mandato político irreversible.

Colombia y su democracia

Aplicando el lema del presidente Santos: “como nunca antes”, así se puede calificar el riesgo en que se encuentra la democracia colombiana actualmente. La llamada ‘negociación de paz’ es mantenida en la sombra del secreto en cuanto a qué es lo que el presidente de la república negocia con el terrorismo, y amparado en ese secreto pretende hacerse reelegir con cartas tapadas, a espaldas del pueblo, sin decirle a los colombianos en qué consiste lo que tanto menciona como ‘paz’ en su campaña política electoral. La incertidumbre ciudadana es total. Sin embargo, es previsible pensar para dónde lleva el país el jefe de Estado con las conocidas expresiones ideológicas que decidió aceptar como ´veedores de la paz’ para Colombia: Venezuela y Cuba. En este sentido de la paz, estas dictaduras oprobiosas tienen amarrado al presidente Santos en cuanto a su libertad de maniobra de negociación; pero además hay que insistir en el agravante de que Santos decidió poner el tema de la paz como instrumento de su reelección, lo cual igualmente lo limita en forma muy significativa, es decir, que si quiere ser reelegido, tiene que someterse a la instancia de tener que aceptar lo que las FARC y los veedores de la paz le exijan. Venezuela y Cuba no interceden por la institucionalidad colombiana, pues su clara inclinación política es a favor del enemigo de nuestra democracia: las FARC.

Los anteriores antecedentes, y observando cómo Santos apoya y defiende en foros internacionales al régimen opresor venezolano que está asesinando al pueblo porque protesta por la ignominia a que lo ha sometido, esto muestra un claro indicativo de sus debilidades, y la posible tendencia hacia dónde nos puede llevar: ¿hacia otra Venezuela? Hay que estar muy vigilantes, pues en Colombia en las elecciones parlamentarias de marzo de 2014 ya quedó al descubierto cómo se incurre en conductas que configuran lo más parecido a fraude electoral…

Se trata entonces de nada menos que de preservar nuestra democracia, y la solución la tenemos los colombianos en saber defenderla, y esa defensa es en las urnas en las elecciones presidenciales de mayo de 2014. En este evento de la democracia nos corresponde evitar con votos un posible colapso de nuestra tradición de libertad democrática. País que llega a esta terrible instancia, generalmente se convierte en llegada sin regreso.

-Me tomo la licencia de considerar pertinente agregar un pequeño fragmento del libro Poder y Decadencia, del cual soy autor:

VISIÓN DE PODER

El ejercicio del poder implica tendencias que tienen sus propias identidades en la medida de las circunstancias resultantes del hecho de la toma de decisiones que afecten las condiciones de vida de terceros, y que pueden generar resistencia a aceptar las disposiciones previstas para funcionamiento de las relaciones sociales.

Al perseguir la finalidad de que el poder sea ejercido en forma eficaz, quien lo ejerce puede acudir a modalidades tales como anunciar medidas que implican: la autoridad normal, sanciones, la fuerza, el uso de la persuasión, o incluso otra forma de poder que se expresa a través de la denominada manipulación.

Cuando la opción se refiere a que el poder tenga que ejercerse por la fuerza, en este caso lleva consigo el factor violencia como su aliado para lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas; en tanto que si se trata de la manipulación, esta forma de poder se ejerce ocultando las intenciones que se persiguen, es decir, no se comunica abiertamente a la gente las pretensiones del dueño del poder; sin embargo, sí se influye en forma indirecta pero deliberada para lograr el beneficio esperado de parte de la comunidad. Este último es el caso típico utilizado políticamente por quienes pretenden inducir a la gente a votar por un determinado candidato. Bien diferente resulta ser la definición de persuasión como forma de poder, pues significa que a través de los argumentos se convence a los gobernados para que acepten las normas de convivencia y que las asuman como parte de la conducta que rige para cada cual en su comportamiento individual.

Entre tanto, la autoridad representa el concepto de poder que implica la legitimidad ejercida desde la estructura de un orden jerárquico apoyado en las leyes y que cuenta obviamente con el debido respeto y acatamiento por parte de los miembros de una sociedad hacia la institucionalidad del régimen. Habría que admitir entonces que cuando se hace necesario la utilización de la fuerza, significa que la democracia y la autoridad han perdido vigencia y por lo tanto son desplazadas por un poder de imposición.

En este contexto, al referirse al concepto de autoridad, se le está asociando al escenario político y por lo tanto, quien tiene autoridad es porque la ha obtenido a través del poder que le otorga un proceso de esta naturaleza, que le asigna la responsabilidad de cumplir una misión en el desempeño de las funciones de un cargo de elección popular.

La noción de autoridad conlleva una interpretación de doble vía en el sentido que involucra a los dos actores que protagonizan la escena, o sea, a quienes mandan y a quienes obedecen, pero desde luego que en un alto grado prevalece la importancia y el carisma de quien ejerce la autoridad.

Adicionalmente, es válido recordar lo que en la filosofía política se asocia con la lógica de rigor, en el sentido de que la noción de autoridad en un régimen de gobierno, tiene una relación de continuidad con la noción de libertad, elementos propios de una democracia en donde la autoridad constituye la base fundamental del poder. Este raciocinio parte del presupuesto de que si hay libertad, entonces la autoridad es aceptada como principio fundamental de coexistencia del orden institucional, y a la vez la autoridad reconoce también el atributo de gran valor asociativo que significa para ella la vigencia de la libertad.

31/3/2014

¿Quién es el nuevo alcalde encargado?

Por @AdasOz

Hace menos de dos semanas Juan Manuel Santos tomó la decisión de nombrar a Rafael Pardo como el nuevo alcalde encargado de Bogotá y al parecer, ya muchos bogotanos están maravillados con él.

Sin embargo, siento desilusionarlos, pero es evidente que el que se encuentra detrás de la noticia de que el ministro Rafael Pardo asumiera su segundo cargo como alcalde encargado, es el presidente Juan Manuel Santos, y no por el hecho de que constitucionalmente él debía tomar una decisión frente al caso de la destitución de Gustavo Petro, sino porque nuevamente vuelve a encontrar en Bogotá un trampolín para hacer politiquería y ganarse simpatías y unos cuantos voticos entre la torpe ciudadanía capitalina. Más allá de ver al ministro-alcalde tomando el mando de esta caótica ciudad, yo veo que el presidente-candidato es el nuevo alcalde encargado de esta ciudad de muchos y a la vez de nadie.

Habiendo expuesto lo anterior, el ministro-alcalde maravilla llegó a ocupar su nuevo cargo con las pilas bien puestas y siguiendo, por supuesto, los lineamientos que a Santos le convienen, no tanto por querer hacer de Bogotá una ciudad menos insegura, caótica y anárquica, sino porque esta oportunidad le cae como anillo al dedo al presidente-candidato para reelegirse.

A pesar de haber asegurado que le dará continuidad al plan de gobierno de Petro, es evidente que mientras Rafael Pardo esté como alcalde encargado de la capital, pondrá en marcha muchos proyectos y planes que el recientemente alcalde destituido e inhabilitado había archivado porque no eran de su interés. El plan del presidente-candidato en conjunto con su ministro-alcalde consta de cuatro puntos fundamentales: seguridad, movilidad, vivienda y salud. Todo un plan maravilloso que tiene desde ya deslumbrados a unos cuantos bogotanos incautos.

Santos, pues, se nos presenta como el redentor de esta maltrecha ciudad, víctima de pésimas administraciones. Pero no nos olvidemos que fue él mismo quien definió la estrategia electoral para que Gustavo Petro resultara elegido como nuestro alcalde hace dos años y medio. Ahora que lo ha destituido, el mismo presidente admite que tiene un interés especial en Bogotá y de frente y sin vergüenza alguna nos confiesa que éste es de índole electoral:
“No obstante, el interés también es electoral. Si bien los votantes de la capital del país son más libres que en otras regiones, la decisión que tomen de cara a las presidenciales podría inclinar la balanza en las elecciones presidenciales del 25 de mayo.”
Así que los bogotanos estamos más que advertidos: nuestra ciudad no es más que un as bajo la manga del presidente-candidato para ganarse la simpatía de los capitalinos quien confía en que esto le ayudará a reelegirse para un segundo mandato. Y como no todo lo que brilla es oro, es muy probable que todas estas promesas sean falsas y se queden en el aire una vez Juan Manuel Santos logre quedarse cuatro años más en la Casa de Nariño. Ejemplos de falsas promesas del presidente tenemos a granel, o si no pregúntenle a los habitantes de Gramalote sobre la reconstrucción de su pueblo, o a los nueve millones de votantes que lo llevaron a la presidencia en 2010, a ver si votaron por ver a Timochenko y a Márquez legislando desde La Habana.

Desconsuela mucho ver que Bogotá continúa siendo un trampolín electoral y que es usada por los políticos corruptos como una mujer de la vida alegre para ver cumplidos sus objetivos particulares. Bogotá sigue sin tener su proyecto de desarrollo a futuro, por lo que veo muy difícil que ésta cambie en el mediano o en el largo plazo, a menos que los bogotanos empiecen a tomar consciencia y se comprometan con su ciudad y comiencen a exigirle a sus gobernantes por un mejor proyecto de ciudad duradero en el tiempo.

26/3/2014

¿Qué es "carisma"?

Por @Ruiz_senior

Atendiendo a la definición del diccionario de María Moliner, el carisma es el "Don abundante concedido por Dios a una criatura", noción de la que surge la segunda acepción, "Don de atraer y captar a la multitud". ¿Qué es lo que hace que algunas personas resulten favorecidas con la simpatía de las masas y otras no? Por lo general se suele usar el término como explicación suficiente, tal vez remitiendo a la noción teológica: si algún caudillo resulta fascinante para miles de personas, es por un atractivo de su personalidad que no tiene explicación racional.

Pero en la situación colombiana actual no se puede andar dando cosas por sentadas. Conviene analizar en qué consiste ese atractivo y sobre todo por qué carece de él el candidato que se espera que haga frente a Santos y su alianza con los terroristas.

Primero aparece la evidencia de la fe en sí misma de la persona y la audacia para exhibirla, pero en el ámbito de la política eso no ocurre porque sí, ya que entran en juego intereses de muchos, ideologías, valores, tradiciones, etc. La personalidad imponente tendría más éxito en otros ámbitos si no fuera acompañada de la firmeza en las convicciones, como el antisemitismo de Hitler o el odio a la clase burguesa de Chávez. No se puede tener carisma sin convicciones claras, y sin la capacidad de transmitirlas. En el caso de Zuluaga su ausencia le resulta inocultable, por lo que aquello que expresa en su cuenta de Twitter termina sonando ocioso y difícil de creer.

Hay un concepto de la jerga de los psicólogos que viene al caso, la "asertividad", que es la capacidad de defender los propios intereses de forma eficaz y sin violentar a los demás. Es una habilidad social que pueden aprender mejor unas personas que otras, pero que es esencial en el caso de un político. En una transacción la persona "asertiva" se sale con la suya porque transmite la convicción de que aquello que propone es correcto: no se podría decir que alguien es "asertivo" porque invoque sin cesar sus buenas intenciones. Eso no basta. Un político necesita convencer a la gente de que lo que propone es acertado, no sólo proclamarlo.

Otra metáfora del "carisma" es la seducción: el seductor se las arregla para hacer coincidir sus proposiciones con los anhelos de su víctima. El político halaga a su público y consigue decir lo que ese público está pensando, pero el halago necesita ser creído, si no todo el mundo sería seductor. El caso de Zuluaga es el de un seductor al que no se le hace caso, como un admirador de una damita que la piropea sin cesar sin conseguir despertar su interés. Esa capacidad deriva de muchos rasgos de personalidad en el caso de los seductores, y de convicciones y valores de fondo en el caso de los políticos.

Voy a comentar sólo algunos tuits de Óscar Iván Zuluaga de los últimos dos días porque creo que toda la falta de carisma que se le atribuye se puede explicar leyéndolos y buscando explicar hasta qué punto son "asertivos" y seductores. Se suele creer que las cuentas de Twitter de los políticos las llevan otras personas, pero al fin llevan su firma y es responsabilidad suya lo que ahí aparece.

El primer elemento del atractivo de una persona es el hecho de destacar. En una competencia presidencial, una afirmación como ésta sencillamente es vacía: ¿habrá algún candidato que diga que se va a oponer a la equidad y va a irrespetar a alguien? El que defiende sus intereses diciendo lo que todos dirían sin atender a lo que los demás se están preguntando fracasa, no muestra respeto por su público (que es el componente esencial de la "asertividad") y desde luego no seduce a nadie. El usuario de Twitter que lee ese tuit puede sentir que está perdiendo el tiempo, cosa que explica el escaso seguimiento que encuentra el candidato.
El televidente recibe sin cesar mensajes para que lleve su dinero al bolsillo de otros. Hace caso a algunos y no a otros que le ofrecen lo mismo, según la capacidad de llamar su atención. ¿A quién puede interesar esta propuesta de Zuluaga? ¿Los demás están proponiendo algo distinto a la renovación política? No se puede existir limitándose a repetir lo que repiten todas las campañas hasta tal punto que nadie le puede prestar atención.

¿Cómo se va a evaluar su trabajo por conseguir la paz? Es otro rasgo de la presencia de Zuluaga en Twitter: lo que promete no es evaluable ni preciso. ¿Va a seguir con lo de La Habana o a negarse a acatar lo que el gobierno acuerde con los terroristas? Él quiere agradar a todos y lógicamente no agrada a nadie. ¿Acaso los demás candidatos proclaman que no trabajarán por la paz o que no la buscarán, o que recuperar la seguridad no es la mejor inversión?

Esa idea de prometer generalidades domina toda la cuenta: ¿qué le cuesta multiplicar la salud, mejorar la educación, dar de todo a todos? Sin detenerse a pensar, la gente tiende a creer que los recursos son infinitos pero se los roban "los corruptos". Pero en el fondo todos saben que los recursos no son infinitos. Sencillamente, las promesas son vacías, como si un indigente promete palacios: habría que hacer creer a alguien que los recursos que hay van a alcanzar para aquello. En la cuenta de Twitter de Zuluaga se transmite la idea de que no se cree en cumplir lo que se promete, ya que se promete todo, como si hacerlo fuera decir algo. La metáfora de la publicidad televisiva vuelve a venir al caso: mientras se acaba de cenar se espera la continuación de la película y se soportan algunos anuncios sin el menor interés. Los que no aludieron a cosas que le interesan a uno es como si no hubieran pasado. Eso es esa cuenta de Twitter.

Al parecer se busca que los votantes del Eje Cafetero se ilusionen con su futuro turístico, pero ¿alguien se ha puesto a pensar qué buscan los turistas? Después de ver las verdaderas posibilidades del nuevo turístico mundial habría que pensar si le seguirá alcanzando la plata al rey Midas después de haber generalizado la longevidad y multiplicado la educación y la protección a los ancianos.

Parece como si sólo se tratara de tener buenas intenciones y proclamarlas, y ésa es la forma en que no se existe, en que se es por completo irrelevante, en que, para usar las palabras con que el neocolombiano Miguel Ángel Bastenier aludía a Zuluaga, "sólo se hace sombra a sí mismo".

Las arengas y demás metáforas militares son importantísimas en el lenguaje de la política, pero primero hay que convencer a los que las van a recibir. En esta proclama, en la que parece que falta un verbo, parece que el hombre ya soñara con una mayoría triunfadora, cosa que las encuestas le niegan.

Bueno, así es toda la cuenta, estos tuits son consecutivos. Podría hacerse agotador el comentario a todos los demás: produce la impresión de un discurso que un profesional de la propaganda usara para cualquier cliente. Creo que un humorista que usara la imagen de perfil de otro candidato con las mismas palabras podría hacerlas pasar por reales.

Colombia va hacia el infierno, mucho peor que nunca antes. La increíble recuperación de las FARC desde 2010 será ahora una realidad más terrible. Nada es más urgente que sacar a Santos de la presidencia y elegir un gobierno que sea capaz de vencer el terrorismo. Con esa clase de propaganda es seguro que Zuluaga perderá, por mucho que los patéticos hinchas de las barras bravas del uribismo respondan con insultos y calumnias a cualquier cuestionamiento: la lambonería no es la respuesta a la tragedia que creó el ungido de Uribe, resultado de la segunda reelección y de las pluscuamperfectas visiones del Gran Timonel y su sanedrín.

Si no cambia el discurso el fracaso es seguro, y tristemente se hace evidente que el discurso no cambiará. No porque Zuluaga no sea beneficiario de un capricho divino sino porque no se sabe cuáles son sus convicciones ni qué propone realmente, más allá de que asegura tener buenas intenciones y quiere darles todo a todos. De hecho, incluso se oyen rumores de que en los actos públicos pasa el tiempo cuchicheando con sus acompañantes o se retira en medio de una conversación: la relación con los votantes es un aburrido trámite en el que hay que escribir cosas bonitas en Twitter, apretar manos, sonreír y aprobar todo.

25/3/2014

Al fin una de Santos

Por Jaime Castro Ramírez

Ser gobernante implica la grande responsabilidad de cumplir sagrados compromisos con la patria, el Estado de Derecho y sus instituciones, la sociedad, y por supuesto que para lograr estos fines le corresponde cumplir el juramento de acatar la Constitución y la ley, pues si el Estado de Derecho pierde la autonomía de aplicar la Constitución y la ley, el paso siguiente es convertirse en un Estado fallido.

Por principio, Colombia es un país de leyes, y por consiguiente tenemos nuestro legítimo y propio ordenamiento constitucional y jurídico para resolver internamente y con absoluta validez legal los asuntos que competen al desarrollo de nuestra democracia. Obviamente esto significa que tenemos plena autonomía para ejercer con independencia lo que ordena la Constitución política colombiana, es decir, que no somos una colonia para que desde afuera nos manejen los asuntos internos de nuestro país.

El desafortunado caso del manejo de la alcaldía de Bogotá
Los habitantes de la capital colombiana hemos visto con horror, y casi que con ánimo de resignación, los últimos tres gobiernos, que por desgracia para la ciudad han sido de izquierda (Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro), y como es común en este tipo de gobernantes, pues el resultado de sus gestiones han dejado una huella de por lo menos veinte años de atraso económico, político y social de la ciudad; lo que se expresa en el estancamiento de frentes de desarrollo, como por ejemplo: obras de infraestructura vial, transporte masivo como el metro, planes de vivienda, desarrollo urbanístico, plan de ordenamiento territorial, etc. El común denominador en los tres alcaldes ha sido la carencia absoluta de la idea de gobernar y administrar como lo demanda la ciudad. En el caso de Moreno fue destituido del cargo y está encarcelado por graves acusaciones de robo descarado y a gran escala de recursos económicos de la ciudad; y luego el episodio escenificado por el señor Petro, quien también fue destituido del cargo e inhabilitado por quince años para ejercer cargos públicos.

La última de estas malogradas experiencias en cabeza del señor Gustavo Petro ha sido más que traumática, pues fue sancionado ‘por mal gobernante’ al exponer a la población a un alto riesgo de salubridad por mal manejo de la recolección de basuras, y por causarle perjuicio económico grave a la ciudad relacionado con el mismo tema de las basuras al cancelarle los contratos a empresas privadas que realizaban esta labor eficientemente, y luego asignarle esas funciones a la empresa de acueducto de Bogotá que no tiene ni idea cómo hacerlo. Para convertir en público el servicio de aseo, sinónimo de servicio ineficiente y corrupción (como la antigua empresa pública de aseo EDIS), procedió a comprar una flota de carros compactadores que no sirvieron y están botados, mas todos los cuantiosos gastos que implica implementar una nueva estructura para la prestación del servicio de recolección de las basuras, lo que seguramente un nuevo alcalde, sensatamente, desmontará por inconveniente, y entonces el proyecto Petro terminará solo en un fantasma costosísimo fallido.

El señor Petro acudió a medidas de hecho para desconocer la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación, y por lo tanto desconocer la ley colombiana, pues cree que la justicia opera para los demás, menos para él. En respuesta a la disposición de la Procuraduría, decidió, primero no notificarse (lo notificaron por edicto), armar mítines de protesta en la plaza de Bolívar para no acatar la sanción, y en sus peroratas amañadas y al mejor estilo impostor le mentía a la gente diciéndoles que el motivo por el cual el Procurador lo sancionaba era por él ser de izquierda. Además de esta vulgar impostura petrista, el complemento fue invadir la justicia con cientos de tutelas improcedentes, para lo cual se valió de ingenuos serviles para que las tramitaran (la tutela es un recurso de uso personal), lo cual era simplemente una obstrucción a la justicia, pues la prueba es que luego las altas Cortes como el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado declararon la improcedencia de dichas tutelas. Pero el insaciable ánimo de Petro de pasar por encima de la justicia colombiana, lo llevó a demandar el caso de su sanción (por mal gobernante) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta CIDH, inmediatamente que las Cortes colombianas decidieron que la actuación de la Procuraduría contra Petro era en base a la Constitución y la ley, expidió un comunicado en el que le pedía al gobierno colombiano, nada menos que suspender una decisión de una entidad de rango constitucional. Grave intromisión en los asuntos internos del Estado de derecho colombiano.

Al fin Santos tomó una decisión de jefe de Estado
Ante la mencionada intromisión de la CIDH, Santos actuó como era su obligación hacerlo, es decir que legalmente y como jefe de Estado no tenía alternativa diferente que validar la actuación en derecho de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la sanción al alcalde Petro, pues lo contrario hubiera causado un verdadero desbarajuste institucional. Sin embargo, existían dudas sobre la decisión presidencial, pues ese talante neutral de Santos de querer darle gusto a todo el mundo ha creado desconcierto ciudadano repetitivo sobre sus actuaciones como jefe de Estado. Incluso la CIDH primero citó al gobierno a exponer su criterio sobre el asunto Petro, y el gobierno no lo hizo, solo se limitó a enviar los documentos de la Procuraduría, circunstancia que aprovechó la CIDH.

24/3/2014

Más allá de la destitución de Petro

Por @AdasOz

En el caso de la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro el derecho le ganó a la leguleyada. Por fin, y luego de varios meses de intentar ponerle trabas, la decisión del Procurador Ordóñez tuvo que ser acatada el pasado 19 de marzo cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió no tomar en cuenta las medidas cautelares en favor del exalcalde solicitada por la CIDH.

Estoy convencida de que Petro se sintió muy confiado en Santos y entonces le contó abiertamente su retorcido plan para quedarse atornillado en la alcaldía hasta el final de su período. No cabe la menor duda que su interés era, como siempre lo ha sido, burlar la ley para poderse salir con la suya y desde el Palacio Liévano, hacer y deshacer con lo que aún queda de la maltrecha Bogotá.

Pero con lo que no contó el exalcalde era con la astucia del presidente, quien en mi opinión, vio la oportunidad perfecta para ganar alguna que otra simpatía entre los bogotanos inconformes con la, como es bien sabido, cuestionada labor de Petro, y por qué no, con unos cuantos colombianos indecisos. Por supuesto, esta vez la Constitución sí se ajustaba perfectamente a sus propósitos individuales y como “buen” ciudadano que es, la acató. Le sirve para hacer campaña reeleccionista. No en vano, semanas antes cuando nombró a Germán Vargas como su fórmula presidencial, lo puso a bravearle al hoy exalcalde de Bogotá.

Ya destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos, el exalcalde deliró un insufrible discurso desde el acostumbrado balcón del Palacio Liévano en el que dijo que haría campaña a favor de una Constituyente. Por supuesto, ahora ya no le vale la Constitución que su socio del Cartel de Medellín impuso a punta de bombas, porque ésta, la misma que lo llevó de rematar soldados en el monte a ocupar cargos públicos, el 19 de marzo lograba sacarlo del escenario político en Colombia. Pero además, es la oportunidad perfecta para promover la Constituyente que tanto ha promovido la embajadora del terrorismo fariano, Piedad Córdoba, y que las mismas FARC están exigiendo desde la inmerecida comodidad de la que gozan en La Habana gracias a Santos. A su vez, al hacer campaña por la Constituyente fariana, el ahora activista Petro, logra mantenerse fresco y vigente en el ambiente político de Colombia.

Pero lo que más preocupa de ese activismo del exalcalde destituido e inhabilitado, es que tomará provecho de su desocupación para conformar milicias urbanas en diferentes ciudades del país. Y digo que será en otras ciudades porque siempre lo he sostenido y me mantengo firme en la hipótesis de que Petro ya las tiene conformadas en Bogotá. No en vano ya he mostrado en otras publicaciones cómo en la capital han venido apareciendo sistemáticamente banderas del M-19 y dibujos de la cara de Carlos Pizarro León-Gómez, especialmente en el centro de la ciudad, cerca de la sede principal de alcaldía. La prueba reina, es la creación del Colectivo Marcos Pachón, que abiertamente reivindica al terrorista y a su grupo, en el que también militó Gustavo Petro y del cual parece no desligarse.


El 20 de marzo, cuando todavía no amanecía en Colombia, escuché en el noticiero de la FM de RCN (audio que no encuentro, pero agradecería que algún lector buenamente lo publicara en caso de encontrarlo) decir que la dirección del Partido Progresista le montaría una oficina a Petro en el sur de Bogotá en la que se dedicaría específicamente a promover, como ya lo mencioné, la Constituyente y también protestas campesinas. Si estas últimas van a ser como la protesta campesina de finales de agosto del año pasado, entonces no me cabe la menor duda de que no es gente del campo protestando sino milicianos de su colectivo vandalizando las ciudades, cuyo principal propósito es generar caos y despertar el terror en los ciudadanos. Algo muy parecido a lo que hizo Chávez en el barrio 23 de Enero en Caracas para adoctrinar y armar gente. ¡Muy peligroso!

Entonces, el círculo vicioso y enfermizo del perdón y el olvido nos cobra factura, ¡y bien cara! El reconformado grupo terrorista podría volver al ruedo con sus otrora conocidos asesinatos, secuestros y demás “simpáticos” crímenes que solían cometer, pero ahora con partido político propio y con fuertes representantes en la política colombiana como Antonio Navarro y por qué no decirlo, Everth Bustamante.

Petro es el mejor ejemplo que podemos tener los colombianos para oponernos rotundamente a los diálogos con las FARC, porque él refleja claramente lo que nos podría suceder si Santos logra “culminar la tarea”, tal como le gusta llamar a esa vil canallada. El lugar de los terroristas no es el Congreso ni la alcaldía ni mucho menos la presidencia, sino un estrado judicial donde rindan cuentas al país por sus crímenes, y luego de ser juzgados, entonces paguen penas directamente proporcionales a la atrocidad de sus crímenes.