16/7/2014

La paz realmente existente

Por @ruiz_senior

No es ninguna sorpresa que tras el triunfo electoral en las legislativas y en las presidenciales el régimen endurezca su política y extienda su hegemonía a extremos propios de las peores dictaduras. Tampoco que todo eso ocurra sin resistencia, pues, como expliqué en mi anterior post, la "oposición" no estaba pensando en defender una democracia amenazada sino en crear cupos universitarios para todos los jóvenes y así entrar en el primer mundo (al parecer formado por países que crearon suficientes cupos a tiempo: la ridiculez de ese discurso es tal que, en comparación, el gobierno del crimen organizado parece formado por gente seria y sensata).

Los ataques terroristas son cada vez más atroces, con hechos como el desastre ecológico del Putumayo, pero eso es sólo lo que se publica, la extensión del negocio extorsivo a todo el territorio es un hecho sobre el que no es fácil encontrar estadísticas, pero que seguramente se agravará cada vez más, como los asesinatos de críticos del gobierno y de miembros de las fuerzas armadas.

Y aun así son más graves los crímenes del poder judicial, como la increíble condena a Andrés Felipe Arias, casi sin rechazo de ninguna clase (ya no hay elecciones y los intérpretes de la angustia popular están ocupados creando su partido y preparándose para formar parte de las conversaciones de paz). Da la impresión de que Uribe encontró en Twitter el medio perfecto para llevar a varios millones de personas sus razones y la verdad es que al final la cuenta termina siendo más bien irrelevante porque no reemplaza a una organización política capaz de emprender acciones contra la tiranía.

Esa arbitrariedad increíble de condenar a un ex ministro a muchos años de prisión por hechos que no constituyen propiamente acciones dolosas y que habían sido costumbre en la institución que dirigía es sólo parte de la costumbre de interpretar la ley como les dé la gana a los responsables de aplicarla. Detrás de esa disposición está simplemente el absolutismo: el adelantado Jiménez de Quesada acataba las órdenes de la lejana autoridad pero no las cumplía, y sus herederos, titulares de una institución judicial, siguieron haciendo lo mismo. No hacía falta ninguna coherencia ni la obediencia a ninguna norma, pues no había contrapesos al poder ni el más remoto asomo de ciudadanía. Poco ha cambiado, la lógica con que opera el poder judicial es la misma.

Así ocurre la increíble anulación de la elección del procurador porque no aparece explícitamente aprobada en la Constitución: lo mismo se aplicó en otros casos para justificar lo contrario, pero ¿no ocurre lo mismo con la destitución de Petro, que excepcionalmente se anula pese a que en muchos otros casos similares se aceptó? El derecho en Colombia es una jerga ridícula con la que unos malhechores elaboran retorcidos galimatías para llegar a las conclusiones que les encargan los verdaderos jefes, los clanes familiares que detentan el poder real desde tiempos inmemoriales y que también están detrás de las bandas terroristas.

Después de imponer el perverso Marco Jurídico para la Paz, impulsado por el uribista senador Juan Lozano, el gobierno promueve un cambio del texto aprobado para permitir que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad lleguen a ser representantes políticos (como si hiciera falta y fuera a haber condenas, siendo el poder judicial una parte de la conjura terrorista y sus capitostes genocidas con la misma responsabilidad del Secretariado de las FARC). Sencillamente es el triunfo total del terrorismo. Semejante monstruosidad no llama la atención de ningún personaje de la supuesta oposición sino de alguien tan próximo a las FARC como la decana y columnista Natalia Springer.

Es sólo el comienzo, ni siquiera se ha posesionado el nuevo legislativo y todo parece anunciar que pese a la actitud sonriente y amistosa del uribismo habrá procesamiento del ex presidente en caso de que tome posesión del cargo de senador. Claro que la intimidación y el exterminio de los sectores militares que aún pretenden resistir al triunfo terrorista aumentará, así como las acciones persuasivas (léase masacres) que permitirán un triunfo clamoroso en el referendo que traerá el dominio total de las FARC.

Nadie debe sorprenderse: nunca hubo verdadera resistencia a la Constitución de 1991 ni a la acción de tutela, que es simplemente la confirmación de ese orden absolutista (es decir, la no sujeción de la autoridad a ninguna ley). Tampoco ha habido nadie que se haya enterado de que Uribe negaba hacer oposición a Santos hasta 2013, de que las diferencias fueron desconocidas para la mayoría que no lee periódicos durante la mayor parte del primer gobierno de Santos, de que todos los líderes del uribismo aplaudieron el comienzo de las negociaciones de La Habana, de que NUNCA han denunciado la persecución (cuando encarcelaron a Ramos TODOS los demás precandidatos afirmaron que demostraría su inocencia ante la justicia) y de que nadie le ha contestado a Rafael Guarín, que exige la presencia del uribismo en la mesa de negociación para que pueda haber impunidad.

Esa oposición es en realidad un ingrediente necesario del régimen: unos enemigos inofensivos y confusos que permiten dar la apariencia de democracia. Para denunciar el régimen como la tiranía del crimen hace falta otra cosa, un grupo de personas que entiendan que no hay democracia desde 1991 y que el único camino viable ahora para impedir un régimen genocida es denunciar a las bandas terroristas, al Partido Comunista y al régimen cubano como reos de delitos de lesa humanidad. El Centro Democrático está en el mismo lado del gobierno, prometiendo una "Colombia distinta" a partir de los cupos universitarios y forcejeando por nombramientos (la senadora electa Paloma Valencia proponía al maoísta ortodoxo Jorge Enrique Robledo como candidato a presidente del Senado).

El uribismo ya encauzó el rechazo ciudadano al Caguán hasta llevar a la presidencia de Santos, después impidió cualquier oposición clara y seguirá estorbando esa tarea. Pero nadie se dará cuenta. Esa indolencia, ese servilismo y esa estrechez de miras terminan siendo todo lo que ocurre, como cuando hay una epidemia de un mal curable lo único que cuenta es la llegada de los servicios médicos.

14/7/2014

La paz avanza sin resistencia

Por @ruiz_senior

En la revista Credencial publican dos análisis de Mauricio Vargas y Sergio Araújo sobre las causas del triunfo de Santos y la derrota de Zuluaga. 

Según Vargas, que abusa de nociones como "ganar" o "perder" (Zuluaga "ganó" la primera vuelta porque fue el candidato más votado, no porque tuviera una mayoría), la causa de la derrota de Zuluaga fue la incapacidad de comprometerse con la paz, como le proponían algunos de sus asesores (amigos de Vargas): proponer una comisión de paz con Robledo, Angelino Garzón y Álvaro Leyva, y tal vez con el mismo Uribe, podría haberle dado la victoria, ya que la gente apoya la paz.

Es una noticia muy interesante que alrededor del uribismo circulen propuestas así porque uno todos los días detecta esa misma disposición: la misma campaña electoral rehuyó cualquier crítica a la negociación, para la que encontró una fórmula ingeniosa, que sigue repitiendo Uribe: negociación sí pero con cese de actividades criminales. Mientras que Santos insinuaba que eso era irrealizable porque los terroristas no cederían, los que se oponen a la negociación aplaudían porque, avispados como buenos colombianos, a la vez aprobaban la negociación y la hacían imposible.

Mauricio Vargas fue ministro del "kínder" de Gaviria y como columnista representa a ese grupo, complementando a Rudolf Hommes: amigo de Rafael Pardo y del propio ex presidente, hasta nexos con los Nule resultó tener. Su entusiasmo por la paz y la certeza de que era la clave para ganar corresponde a sus inclinaciones pero no a los hechos. El bando de la paz perdió por un amplio margen en 2002, 2006 y 2010. También habría perdido en 2014 (es mi opinión) si hubiera habido un bando que se opusiera a la paz. Pero no lo había.

Siempre que un partido adopta el programa de otro pierde apoyos en favor del primero, porque la gente prefiere el original a la copia. Con una vaga crítica a la negociación de La Habana, Zuluaga obtuvo más votos "de opinión" (los únicos que pueden considerarse lícitos en una democracia) que Santos. Si se hubiera entusiasmado con la paz habría perdido mucho más.

Los resultados de la primera vuelta se repitieron en la segunda: los votos de la "izquierda" fueron más que los de la "derecha". Lo mismo había ocurrido en las legislativas. Sencillamente no hubo una mayoría contundente que se impusiera a Santos, lo cual puede tener muchas explicaciones pero en mi opinión fue el resultado de la falta de claridad sobre la paz por parte del uribismo.

Las propuestas de Mauricio Vargas para el uribismo se ven confirmadas por el escrito de Sergio Araújo: en la parte que dedica a las causas del éxito de Santos, además de denunciar los consabidos escándalos y maquinaciones para obtener votos a cambio de favores, señala que según encuestas la paz no era un tema importante para los ciudadanos.

La paz no era un tema importante para los que contestaron alguna encuesta porque todos daban por descontado que la negociación seguiría, ya que el uribismo no la rechazó (al respecto he publicado decenas de posts en este blog). Y la parte de votos incentivados con mil corruptelas se daba por descontada, de hecho, nadie ha mencionado la intensa presión de los medios para desanimar a los votantes distrayéndolos con el fútbol. Sencillamente, habría que tener un apoyo suficiente para neutralizar todo eso, como ocurrió en 2002 con Uribe.

Cuando Araújo explica por qué no obtuvo Zuluaga un apoyo suficiente, queda clara cuál es la forma en que el uribismo entiende la situación: errores de comunicación, el impacto del montaje del hacker, la actuación del hijo de Zuluaga... Hay un párrafo que tengo que citar:
Un gobierno de Zuluaga habría sido reconciliador. La suya hubiera sido una paz responsable. Su álter ego, Luis Alfonso Hoyos –y no Uribe– habría sido el hombre más importante del Gobierno. Y Colombia hubiera dado seguramente el salto educacional que nos insertara en el primer mundo, transformándonos.
La actitud respecto de la negociación de La Habana resulta simplemente un matiz formal, ni remotamente la ocurrencia de descalificarla o denunciarla como componenda criminal: ¡lo que se perdió no fue la democracia a manos del hampa terrorista y sus socios oligarcas (de hecho, Araújo es un defensor irreductible del modélico Ernesto Samper) sino la oportunidad de dar el salto educacional que conduce al primer mundo! Por si acaso, hay que aclarar que consistía en buena medida en ofrecerle universidad a todos los jóvenes.

Antes de pasar a ocuparme de la actitud del uribismo, repetiré que no ha habido nunca resistencia a la paz (los canallas aman esa palabra porque les permite ponerle un sentido distinto cada vez y aplaudir la componenda de La Habana presionando para buscar un sitio ahí con el matiz doloroso de la "impunidad", "paz sin impunidad", como si alguien fuera a juzgar a los oligarcas que encargan los crímenes). He citado MILES de veces la entrevista de Francisco Santos en que afirma que Uribe habría firmado el acuerdo (y que colombianamente ningún uribista ha leído), he comentado la carta de Luis Carlos Restrepo en que pide apoyo a la negociación, he analizado la disposición de Uribe a no ser obstáculo para la paz... Da igual: los colombianos, sobre todo los uribistas, creen más en lo que les dice la prensa que en lo que ven.

Me he atrevido a señalar que el uribismo en esencia le ve defectos a la negociación porque no ha sido incluido en ella y busca su sitio ahí, cosa que se traduce para mí en hostilidad, bloqueos y unfollows en Twitter porque muchos uribistas creen que es capricho, divisionismo, encargo de Santos, mamertismo encubierto, etc. Ahora hay pruebas claras, patentes, explícitas de eso. El que lo dude puede decir algo sobre el artículo de Rafael Guarín. Pero los uribistas NUNCA responden, estoy esperando al primero que me explique por qué tenía que ir al Senado un genocida que se jacta de los crímenes de su banda o por qué se debe aceptar que no se tengan en cuenta los dictámenes técnicos que muestran que la voz de Sigifredo López es la misma del video: lo mismo condenan lo que ocurre en La Habana que lamentan que las FARC todavía no den muestras de paz, depende de lo que decidan sus jefes.

Guarín lo hace explícito. Cito algunos trozos:

Sobre la disposición del uribismo al consenso:
Zuluaga y Santos tienen razón en plantear un punto de encuentro.
Sobre el sentido recto de la "paz sin impunidad":
... camarada Márquez, los votos y el poder no lavan la sangre de las víctimas, ni pagan la impunidad ante crímenes atroces. El único seguro es un “Acuerdo Político” del que haga parte el Centro Democrático.
Sobre la verdadera disposición del uribismo, presente en sus actuaciones como Centro Democrático:
Pero habiendo aceptado el Centro Democrático el concepto de “paz negociada” lo que procede es dar un paso adelante y proponer al Presidente Santos un Pacto para la Paz. Si hay decisión se puede influir y al fin y al cabo “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
No hay ninguna reacción de ningún sector del uribismo, como mucho, comentarios en Twitter de activistas radicales. Sería exagerado decir que las propuestas de Guarín son oficiales, pero al final son lo que realmente se cuece por mucho que el ruido sea otro.

He señalado que el uribismo es cosa del pasado y que su destino es el de la Anapo de los setenta o el alvarismo de los noventa: no es una alternativa ideológica al santismo sino una serie de matices vagos, que van del conservadurismo más obtuso (a menudo creo que pesa más la aversión al matrimonio entre personas del mismo sexo o al consumo de marihuana que la defensa de la democracia, sencillamente abolida al premiar a los terroristas) al más grosero clientelismo. Lo único que cuenta es la adhesión al líder, que podría optar por aceptar la propuesta de los amigos de Mauricio Vargas o por oponerse a la negociación y de todos modos tendría el aplauso de los leales.

Pero la paz es un crimen colectivo en el que los supervivientes se reparten el botín de las víctimas, que ya no pueden hablar, y negociar con quienes llevan décadas intentando destruir la democracia es sencillamente renunciar a ella. Eso no se va a cambiar porque Everth Bustamante y su grupo decidan ponerse de acuerdo con Santos, por mucho que las cohortes de lambones que siguen al Gran Timonel se entusiasmen.

El sentido preciso de la componenda de La Habana no es tan misterioso como lo quieren presentar. Cada vez que Zuluaga publicaba algún tuit de rechazo a la componenda, tenía cientos de retuits, como ocurre con todos los tuits de Uribe que van en el mismo sentido, sencillamente no se denuncia porque la disposición de los uribistas (Valencia Cossio, Juan Lozano, etc.) no es distinta de la de los ex uribistas (Juan Manuel Santos, Roy Barreras, etc.) y porque para algunos Zuluaga es un jefe político tan natural como Ernesto Samper. Una actitud de rechazo frontal a la claudicación de la democracia habría tenido fuerza suficiente para atraer a una mayoría de votantes, pero no la hubo y no la habrá por parte de los uribistas. Ya es hora de que la gente empiece a darse cuenta de eso.

A tal punto es claro el sentido de la negociación de La Habana que ya se denuncia la aplicación de un plan descrito en un libro publicado en la década pasada en Venezuela. Lo hace un militar retirado, los políticos uribistas están pendientes de la componenda que puedan alcanzar en aras de sus propios intereses.

9/7/2014

Lo que le falta a la paz de Santos

Por @ruiz_senior

Colombia no pudo ganar el Mundial de fútbol pero sí es el campeón mundial de noticias horribles, tantas que ya son lo normal y no desesperan a nadie. ¿No se dan cuenta los colombianos de que cada año es peor que el anterior desde que subió Santos? No, francamente no. Hay éxitos deportivos notables y la economía se mantiene gracias a los precios de las materias primas. Evaluar lo que podría haber crecido si el terrorismo hubiera retrocedido y el gobierno tuviera otros planes que implantar una tiranía castrochavista no es algo que esté al alcance de todo el mundo.

Pensando sólo en la semana pasada, tanto el atentado en Barrancas, La Guajira, con dos muertos que no inquietan a nadie (ya no es el gobierno Santos ni el terrorismo sino un rasgo cultural: la exuberancia demográfica y el primitivismo hacen que la vida humana además de sagrada sea barata) como la condena a Andrés Felipe Arias por la Corte Suprema de Justicia, verdadera monstruosidad que deja ver al poder judicial como una trama criminal tan siniestra como las mismas bandas terroristas, anuncian lo que será el segundo periodo de Santos, hasta que el referendo de paz haga de Colombia otra Cuba, cosa que ya es sin que se note: no tienen necesidad de perseguir a los medios porque los dueños de los medios son los jefes de la conjura terrorista (desde los años sesenta y puede que desde mucho antes), ni que acomodar al poder judicial porque después de matar a los verdaderos juristas éste pasó a manos de los agentes de los Santos. Incluso el ejército ha visto a montones de generales y altos oficiales abiertamente procubanos, toda vez que entre los sobornos y las persecuciones consiguen doblegar a esos funcionarios.

Todo eso lo sabe cualquiera que se interese en evaluarlo pero interesa a muy poca gente en Colombia: entre los que leen la prensa predomina el interés de participar en el reparto del botín y entre los demás la ilusión de obtener triunfos deportivos. El avance terrorista es un hecho, la tiranía ya controla todo el Estado y todos los medios de comunicación, el próximo paso será la persecución de la disidencia, que complementará al Plan Pistola de las FARC (o del ELN si se legalizan las FARC), tal como los secuestros de líderes importantes como Arias o Plazas Vega por parte del poder judicial complementan los de comerciantes y ganaderos por la parte ilegal de la conjura.

El que dude del sentido de esta persecución podría leer por ejemplo un artículo del profesor y magistrado Rodolfo Arango, en el que anuncia el castigo a los causantes del conflicto. Para concretarlo ya hay planes que explica el secretario general del Partido Comunista Jaime Caycedo en una entrevista publicada en el semanario Voz.
LO QUE LE FALTA A LA PAZ DE SANTOS 
En entrevista con VOZ, Caycedo resalta los retos de independencia del frente amplio y la necesidad de hacerlo girar a la izquierda. 
–¿Cuál es la primera lectura que se le puede hacer a la elección de Juan Manuel Santos, en los pasados comicios presidenciales? 
–El presidente elegido tiene una mayoría que no es frágil, pero es evidente que la ultraderecha sacó un monto importante de votos y pone a pensar en cuál será la perspectiva para el futuro inmediato y el gobierno que se viene. De lo no puede sacar pecho Santos es tener en su mano un cheque en blanco porque ganó gracias a los votos de la izquierda. Si la diferencia entre Santos y Zuluaga hubiese sido mayor a dos millones de votos se podría asegurar que el aporte de la izquierda pudo haber sido residual, pero en este caso la izquierda fue decisiva y eso tiene que ser claro en el diseño de la política social y la política de paz de este nuevo gobierno.
Efectivamente, las clientelas sindicales y las creadas a punta de peculados incesantes en más de diez años de arruinar a Bogotá aportaron los votos decisivos, pues no eran suficientes los comprados en la costa atlántica, los obtenidos con amenazas en las regiones de dominio de las FARC y sobre todo los que consiguió Santos repartiendo entre alcaldes y gobernadores el dinero público. Si fuera porque la gente creyera en su proyecto, Santos no habría pasado a segunda vuelta. Y ni siquiera: también hubo fraude en el conteo de votos, votos comprados directamente y un esfuerzo tremendo de los medios para distraer a la gente con el mundial de fútbol y así mantener la abstención. Colombia no es una democracia porque las elecciones son tramposas y los medios sólo propaganda criminal.
–Es claro entonces que el voto por Santos fue por la solución política al conflicto y no por su visión de Estado.

–Es la valoración de lo que representó nuestro voto: la solución política como salida y, desde luego, el diálogo como fórmula. Pero es evidente que solo ese hecho no es suficiente, pues el diseño del proceso de paz que se viene adelantando en La Habana tiene en la actitud del gobierno Santos un flagrante desconocimiento de las necesarias reformas democráticas, políticas y sociales para el país. Y esos son elementos que en este momento resultan ser obstáculos para alcanzar la paz.
Con colombiana desfachatez (esas manipulaciones del lenguaje son el fundamento del crimen, por eso Colombia es en esencia un país de criminales), el hombre resulta representar a la mayoría de los votantes. Para formarse una idea del peso electoral de los comunistas baste recordar los resultados electorales de las legislativas, en las que pese a que sus candidatos del Polo Democrático y la Alianza Verde contaban con el refuerzo de la intimidación terrorista y recursos fabulosos, no llegaron al 10% de los votos, si se hablara del censo electoral, no llegarían al 5%. Obviamente, lo que consideran paz es exactamente lo que piden las FARC, explícito en este video: la abolición del sistema de libertades (de hecho, menguadísimas gracias al control por las bandas criminales del poder judicial).



–La paz fue un plebiscito pero el gobierno Santos no ha pasado el examen en ese tema. 
   –El proceso de paz ha recibido un espaldarazo. Es un hecho positivo que el pueblo colombiano haya acogido esa vía. Pero el proceso de paz requiere ingredientes nuevos. Nosotros hemos venido insistiendo en que se debe disminuir la concepción de la guerra como política dominante del Estado. El presupuesto más alto es el de la guerra, entonces no nos vengan a decir que con ese presupuesto de guerra se hace la paz; la paz no se hace con un aparato militar gigantesco que asusta los países vecinos. Se necesita voluntad real del gobierno Santos.
Ya he explicado muchas veces que se trata de un atraco: la gente no quiere que sus hijos vuelen por los aires y por eso tolera las promesas de Santos, pero no entiende (porque los medios la engañan) que se trata de entregarle todo el poder a los terroristas a cambio de ventajas para los corruptos. El papel del Partido Comunista, que todo el que quiere interesarse sabe que es lo mismo que las FARC, es hacer más costoso el atraco y debilitar la posibilidad de aplicar la ley.
–¿Hay mucho trecho entre la paz de Santos y la paz con cambios? 
–La movilización, los paros, las protestas no son un punto adjetivo, no es un asunto al margen de la paz. El apoyo con votos para el presidente implica que los temas agrarios, la desprivatización de la salud, la solución de la educación privatizada y la inminente reforma laboral son exigencias que nacen desde el movimiento popular y obligan a ser vinculantes en el tema de paz. El gobierno debe entender que esos asuntos hacen parte de las reformas para la paz con justicia social, de lo contrario la paz no se aclimatará en Colombia, nada pasará si no se resuelven los grandes desequilibrios del país.
La solución a los desequilibrios del país que proponen las FARC o Partido Comunista es la implantación de una tiranía totalitaria, cosa que coincide exactamente con los designios de Santos pero que éste no podría implantar tan fácilmente si hubiera alguna resistencia. Para reforzar la ejecución de esos designios son las exigencias de Caycedo y los asesinatos que los terroristas seguirán cometiendo.
–¿Los millones de votos quieren decir que paz sí, pero el modelo Santos no? 
–Es una paradoja de este gobierno. Santos recibe respaldo para avanzar en un proceso de solución política pero no es para su modelo económico y social y menos para el diseño actual del establecimiento colombiano. Ese sistema político está en crisis y no lo quiere reconocer el presidente reelecto. Su propuesta de suprimir la reelección es un problema antagónico, eso no toca los temas de fondo para una apertura democrática. Por ejemplo: hay que modificar el sistema electoral, la ley 1475, mediante la cual se prohíben en Colombia las coaliciones de fuerzas alternativas para constituir nuevas mayorías en el país, con el pretexto de la doble militancia.
Es decir, el voto del miedo, el voto por el que se premia a los criminales para que no maten más, en parte por cinismo, se interpreta como apoyo a los fines de los criminales e identificación con ellos. Desgraciadamente hay que explicar que ese fin obvio de la paz nunca se denunció. Santos ha avanzado en la imposición de una tiranía comunista sin oposición.
–¿El nuevo gobierno permitirá unos mínimos para la oposición?
–En la antidemocracia del sistema político se carece hasta de un estatuto para la oposición desde hace dos décadas, pero en este caso tampoco es un estatuto para la derecha de Álvaro Uribe Vélez, que hoy tiene presencia en el Estado. El uribismo hace parte del gobierno, en regiones del país son la burocracia que ha hecho posible los siete millones de votos de Óscar Iván Zuluaga, eso no es simpatía por él. El santismo y el uribismo son parte del mismo Estado.
Los comunistas son especialistas en pedir instituciones democráticas perfectas, como las que han implantado ellos en los países que han caído en sus manos (en todos hubo asesinatos en masa, en Colombia los ha habido por cientos de miles mientras se toman el poder y serán millones cuando lo controlen todo):
Nosotros somos oposición democrática distinta de la ultraderecha y por eso requerimos unos mínimos: no más exclusión, ni genocidios. Se debe ampliar la esfera política y democrática para incluir no solo a la izquierda domesticada, sino también la izquierda revolucionaria que esta acá y la que puede venir. Toda la izquierda. 
El Partido Comunista es lo mismo que el gobierno de Santos: una organización criminal dedicada a implantar una tiranía aprovechando los grandes capitales obtenidos mediante el secuestro y otros negocios similares. Si se definen como oposición es lo mismo que cuando se definen como expresión de los excluidos, que son las víctimas de los privilegios que se asignan por su parasitismo (el comunismo fue sólo el pretexto que encontraron las castas coloniales para justificar sus rentas millonarias y completamente improductivas: Caycedo era profesor de Antropología en la Universidad Nacional. Los ingresos que obtendría por cada hora de explicación de la propaganda terrorista, contando el impacto en la pensión, podrían ser cientos de veces superiores a los de una persona honrada que hace trabajos pesados). La "izquierda revolucionaria" es el nombre que les da a las bandas terroristas.
–A propósito de la unidad y la izquierda, ¿qué papel asume el Frente Amplio? 
–Nosotros no hemos querido establecer una caracterización taxativa de esta iniciativa que ha venido tomando fuerza para una paz con cambios, libertades y soberanía. El Frente Amplio está generando en la izquierda nuevos reagrupamientos, nuevas visiones y aproximaciones que a juicio nuestro son positivas. Pero el gobierno ha querido cooptar ese Frente desde antes de las elecciones. Por eso rechazamos que el Frente se confunda con una estructura de gobierno bajo la dirección de Juan Manuel Santos y su modelo de guerra y neoliberalismo.
Por eso creemos que esa iniciativa de unidad debe asumir su independencia para actuar en favor de una solución política que se diferencie de la idea de paz que pregona el gobierno: la paz exprés, sin compromisos ni cambios, el silencio de los tiros sin cambios profundos en la sociedad, sin alentar una batalla de ideas contra el fascismo incorporado en la cotidianidad de los conciudadanos. Y menos una paz en favor de ese gran capital transnacional que busca un nuevo espacio para negocios.
En esa frase en negrita está el sentido último de todos los pacifistas colombianos, incluido el gobierno Santos: Clara López dice que no se trata de desmovilización sino de cambiar la tributación. En mi post de la semana pasada expliqué qué ocurrió con la paz que llevó a la Constitución de 1991. Pero yo ya he renunciado a convencer a ningún colombiano de que no hay otros terroristas que los mismos pacifistas, de los que Caycedo es paradigma: están de acuerdo con ellos por cuanto son triunfadores que han "coronado" sus secuestros y masacres y ya son los que guían al gobierno. Son los modelos de los colombianos y los seguirán matando sin resistencia.
–El tema del fascismo resurgió en cabeza del uribismo. ¿Ese puede ser otro reto para el Frente Amplio? 

–Sí, eso es lo que llamamos la construcción de la posguerra. Necesitamos crear las condiciones de cambio que permitan romper las amarras ideológicas del narcoparamilitarismo, del anticomunismo, de la confrontación del mito del castro-chavismo, que no es más que un invento del uribismo para agitar un fantasma entre los sectores medios del país. Ese es un reto del frente: una cultura de paz, de libertades, de la inclusión. Sin ellos la paz es imposible en Colombia.
Todo lo que llaman fascismo y "narcoparamilitarismo" es cualquier intento de resistencia al triunfo de los asesinos y secuestradores. Lo siguiente es la persecución, que complementa al Plan Pistola y a las infamias judiciales.
–Por último. Se está dando inicio al tema de víctimas en el proceso de conversaciones. ¿Qué opinión tiene al respecto? 
–Ese tema es tan incierto como la verdad histórica. Al Partido Comunista no se le ha reconocido en toda su historia, incluso en la reciente de la Unión Patriótica o desde su fundación, el ser víctima. El anticomunismo fue una parte de la doctrina del Estado y naturalmente eso es una carga muy grande. Cuántas víctimas del Partido Comunista existen en Colombia, compañeros muertos en la tortura, asesinados, desaparecidos y hasta ahora nadie sabe nada de ellos y sin ir muy lejos la historia del genocidio de la Unión Patriótica. Esas víctimas deben ser reconocidas.
El anticomunismo debe ser reconocido como causa de violencia contra el pueblo y del exterminio y los genocidios, que debe ser extirpado de la Colombia en paz. Queremos que el gobierno flexibilice su postura ante estos temas, no solo le exija a los insurgentes hacerlo. No se puede seguir culpando a los comunistas de la guerra en Colombia, el informe Basta Ya exonera al Estado de culpas en el conflicto y también libera a los empresarios y la clase dominante de responsabilidades, pero ellos encendieron la guerra.
Los colombianos son una comunidad hecha para el comunismo. La mala fe y la desfachatez son los principales rasgos de la cultura local. Sencillamente los cientos de miles de personas asesinadas por los comunistas para crear un ejército alternativo e implantar su tiranía se niegan abiertamente, tranquilamente, con la plena certeza de que en Colombia se perdonará eso, de que los colombianos siempre quieren premiar a los triunfadores y asimilarse a ellos. Ver qué migajas les caen del nuevo genocidio que anuncian y que terminará afectando a muchos de los canallas que hoy les ayudan desde el gobierno.

El comunismo fue un crimen colectivo que generó cientos de millones de asesinatos en todo el mundo. En cualquier país civilizado se equipara con el nazismo, pero en la tierra de los criminales sigue prosperando y gracias al poder que han alcanzado controlan al gobierno. Desgraciadamente ni las víctimas más seguras reaccionarán, pues apartarse de los hábitos de servilismo y chabacanería sería ir contra la propia naturaleza. 

Que nadie diga que no sabía qué iba a pasar. Lo han anunciado claramente.

8/7/2014

La tercera vía no es la vía

Por Jaime Castro Ramírez

La filosofía política no admite interpretaciones de términos medios para definir el verdadero alcance del pensamiento político. Lo que se ha llamado ‘La tercera vía’ no es otra cosa que una especie de postura política sin color político definido, y con cierto tinte ideológico reaccionario hacia la izquierda y la derecha, para lo cual sus autores la han querido identificar como una tendencia de centro utilizando aproximaciones teóricas poco convincentes políticamente.

Los sistemas políticos requieren ante todo de identidad propia para poder definir su verdadera plataforma política, pues lo contrario son simples ensayos que carecen de doctrina, y de peso político específico, y por lo tanto carecen de bases filosóficas serias que le den un soporte histórico sostenible.

Querer diferenciar ‘la tercera vía’ del capitalismo y del comunismo a través de la aguda crítica a estos modelos, o de simples propuestas políticas, como por ejemplo un sistema de economía mixta, y una especie de reformismos con inclinación de perfil socialista, que por su naturaleza política no se aproximan a tener verdadero contenido institucional, pues esto no pasa de lo dicho anteriormente, es decir, que se traducen en lo identificable como ensayos políticos intrascendentes.

En su esencia la tercera vía es una especie de híbrido político conformado por argumentos o tendencias de diferentes orígenes, pues allí se conjugan variedad de ideas: liberales, socialdemócratas, progresistas, incluso tienen espacio quienes apoyan el llamado capitalismo social que es interpretado por la economía social de mercado, en contraposición al sistema económico moderno de mercado libre; aspectos estos que confirman aquello de la falta de identidad política propia.

El presidente Santos y su tercera vía

El análisis anterior nos lleva a la conclusión de que por su incoherencia política ‘la tercera vía’ no es una propuesta razonable, y por consiguiente no es sensato proponerla como supuesta solución aplicable para Colombia. Santos acaba de reunir en Cartagena a un grupo de expresidentes (ajenos a la realidad colombiana) para hablar de la tercera vía, pero además con el propósito de asociar con este tema a la política colombiana y su proceso de paz.

Hay que recurrir entonces a una afirmación esencial en el sentido de que la paz se hace bajo la garantía, seriedad y solidez de un modelo político y económico histórico, democrático, y por lo tanto sostenible en el tiempo; lo cual significa que el futuro de una paz duradera no admite improvisaciones de ‘tercera vía’ que es un mal cuento maquillado con retórica política.

En consecuencia, la tercera vía, no puede ser la vía por la que Santos pretenda proscribir en Colombia lo que él llama “la extrema derecha”, para luego querer darle la bienvenida al socialismo del siglo XXI a través de su demostrada inclinación de apoyo al castro-chavismo. La historia institucional colombiana constituye el soporte que respalda su inquebrantable tradición democrática.

3/7/2014

Retrato de la mala fe

Por @ruiz_senior

En la década pasada el actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, entonces decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, empezó a publicar sus columnas de El Espectador en un blog, del que me hice asiduo comentarista. Valga decir que ni conocía ni conozco la economía colombiana ni las "políticas públicas" del país para discutir con académicos importantes, pero el foro estaba abierto y hay gente que siempre "mete la cucharada". El caso es que llegué a familiarizarme con las opiniones del personaje, cuya afinidad con el antiuribismo de 2010 y cuya participación posterior en el gobierno del crimen organizado pretenden cubrirse de una ecuanimidad y una serenidad que en el fondo sólo ocultan la astucia y la ambición de un típico político local.

Recientemente, cuando buscaba una foto relacionada con la Constitución de 1991, me encontré un artículo de Gaviria de 2011 sobre el tema. Me parece que comentarlo permite a la vez describir al personaje y hacer algunas consideraciones sobre ese engendro.
CONSTITUCIÓN Y REALIDAD 
Mucho se ha escrito recientemente sobre la Constitución de 1991. El tono predominante de los editoriales y artículos ha sido celebratorio: las tiranías celebran los cumpleaños de sus líderes; las democracias, los aniversarios de sus constituciones. En esta ocasión, el aniversario ha servido para señalar la importancia del espíritu incluyente de nuestra constitución política y de su carta de derechos. Pero debería también servir para crear conciencia sobre la relativa ineficacia del voluntarismo constitucional y sobre los límites del derecho como herramienta de cambio social.
La última frase de este párrafo y sobre todo el texto en negrita deberían bastar para demostrar la perversidad del personaje. ¿Hay que entender que la Constitución de 1991 no cambió la sociedad? ¿O que no la cambió como predican sus promotores que quería cambiarla? Lo primero es rotundamente falso: el derecho sí es una herramienta que genera profundos cambios sociales y los que introdujo la Constitución de 1991 son la prueba. Lo segundo es indecente: la desfachatez típica, la suposición de que el lector es idiota y va a reducir la intención de alguien a la intención que proclama, como si alguien dijera "ninguno de los niños que Alfredo Garavito se llevó recibió las golosinas que le prometió".

El cambio social fue de tal nivel que el gasto público presupuestado en 1990 fue de 2.154,1 millones de dólares mientras que en 2000 fue de 39.728,3, ¡diecinueve veces más! Si eso no cambia una sociedad, ¿qué es "cambiar"? (Ver página 118.)

Lo que representó la Constitución de 1991 fue la prueba del éxito del voluntarismo constitucional y el poder ilimitado del derecho como herramienta de cambio social. La mentira indecente de Gaviria tiene que ver con su papel de figura del medio favorecido por esos cambios. Sencillamente finge tomarse en serio que se pretendía reducir la desigualdad. No hay otro nombre para eso que MALA FE.
Como lo señaló hace un tiempo el economista colombiano Eduardo Lora, la inspiración primordial de la Constitución de 1991 fue “la búsqueda de la inclusión política y social, y la reducción de las grandes disparidades e injusticias mediante la adopción de un Estado Social de Derecho”. La Constitución de 1991 consagró una serie de derechos sociales, creó un mecanismo expedito para su protección, priorizó el gasto social y condujo, en últimas, a un aumento sustancial del tamaño del Estado. Pero el avance social fue inferior al presupuestado (en un doble sentido). El Estado Social de Derecho ha tenido más efectos simbólicos que reales. Cambió el discurso pero no la realidad.
La inspiración primordial de la Constitución de 1991 fue prohibir la extradición de colombianos, para lo que ese cambio en un articulito se disfrazó de revolución. Lo explica claramente alias Popeye en los minutos 22-26 de este video.


Se repite la misma mentira del primer párrafo. ¿Cómo no va a cambiar la realidad si el gasto público se dispara en una década? Los "derechos sociales" y el mecanismo expedito para protegerlos fueron los mecanismos por los cuales cambió la realidad. Un cambio profundo, drástico, inconmensurable. La acción de tutela es la abolición del derecho, toda vez que la autoridad concreta prescinde de las normas y de los contratos y decide el destino de los recursos comunes. El gasto social que se "priorizó" significó la multiplicación de los ingresos de la burocracia, es decir, de los estudiantes de 1990, que accedieron a privilegios inenarrables gracias a la enorme conquista social de Pablo Escobar (el propio Gaviria reconocía en otra ocasión que la mitad de los empleados públicos están en el primer decil de ingresos; la otra mitad son los policías, los soldados, las señoras que limpian y sirven tintos, etc.). El resultado fue que el índice Gini, que mide la desigualdad, pasó del 51,3 en 1991 a 60,7 en 2002, dato que previsiblemente no le parece a Gaviria digno de mención.

La perversidad de esa mentira ("no cambió la realidad") resulta mucho más evidente prestando atención al párrafo siguiente:
Durante los últimos veinte años los avances en educación y salud fueron notables. Pero el progreso social pareció perder dinamismo desde comienzos de los años noventa. El porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) disminuyó más lentamente durante los últimos veinte años que en las décadas precedentes. Las coberturas de servicios públicos, en agua potable y alcantarillado en particular, dejaron de crecer. Más preocupante aún, el desempleo y la informalidad laboral aumentaron de manera significativa, se convirtieron en una realidad inescapable, trágica para la mayoría de los colombianos sin educación universitaria. En síntesis, la exclusión económica pudo mucho más que la inclusión social promovida por la Constitución de 1991.
¿Se entiende? Las necesidades de la mayoría de la gente se satisficieron más lentamente que en las décadas anteriores a pesar de la expansión increíble del gasto público mientras que las oportunidades de empleo se redujeron. ¿Cómo es que no cambió nada?

Valga decir (y es muy curioso porque todo lo que pasa en Colombia es eso, que nadie pretende hacer frente a la verdad), ¿qué significa una expansión del gasto público y una creación de derechos que sólo produce menos oportunidades para los de abajo y en realidad mucha mayor exclusión? Si los colombianos no fueran un tipo de criaturas que imitan a la humanidad sin llegar a asemejársele no habría ninguna necesidad de señalar la mala fe del personaje. ¿Cuál es la exclusión económica que puede más que la inclusión? Siempre sirve el ejemplo que puse antes de Garavito. Todo es claro, manifiesto: los universitarios promueven unos cambios que les generan privilegios e ingresos altísimos respecto de los demás al tiempo que se multiplica la tributación sobre los sectores productivos, que es lo que genera exclusión: la inclusión que predica el engendro del M-19 y Pablo Escobar es mucho más absurda y falsa que las golosinas que prometería el sociópata.
Las grandes disparidades sociales tampoco disminuyeron. Todo lo contrario. La desigualdad del ingreso aumentó, primero rápidamente y después a un ritmo menor. Los indicadores actuales de concentración del ingreso son los mayores de los últimos 50 años. Resulta paradójico que, precisamente en el vigésimo aniversario de la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia haya pasado a ser el país más desigual de América Latina. Al fin y al cabo el Estado Social de Derecho tenía como objetivo preponderante la reducción las desigualdades sociales. Pero la realidad económica fue más fuerte que la ficción constitucional.
Parece que Gaviria creyera, aunque es la rutina de la universidad, que repetir una mentira la haría creíble. Es obvio que las disparidades sociales no disminuyen sino que aumentan porque la expansión del gasto público sólo significa la multiplicación de las rentas de los que viven del Estado, como es evidente de mil maneras, sobre todo porque nadie explica qué pasó con el dinero público tan copiosamente gastado. La afirmación de que los indicadores de concentración del ingreso son los mayores de los últimos cincuenta años es una mentira si se tiene en cuenta que se refiere a 2011 (Índice Gini en 2010, 55,9, mucho más bajo que en 2002 gracias a los gobiernos de Uribe). La frase que resalto en negrita es otra falacia brutal: la realidad económica es el efecto de la Constitución, que simplemente reforzó el orden tradicional de dominación de la minoría asociada al Estado.
Las explicaciones a la paradoja anterior abundan. Algunos culpan a las reformas liberales de los años noventa. Otros, a la corrupción y a la confusión de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Otros más, a la inseguridad y la violencia. Sea cual fuere la explicación, el contraste entre las intenciones y los resultados es innegable. "No seremos los mismos”, dijo el Presidente Santos este viernes al sancionar la Ley de Víctimas en un tono reminiscente al de hace veinte años. Sin ánimo de hacer de aguafiestas, no sobra recordar la gran enseñanza de este nuevo aniversario de la Constitución de 1991: las normas por sí solas no cambian la realidad.
La idea de que hay una paradoja ya es una mentira muy cínica. Todo lo que ocurre es simple y claro: la clase burocrática ensancha su poder y sus rentas y empobrece al resto de la sociedad, en particular a los sectores productivos. Las explicaciones que menciona son las diversas mentiras que se dicen para ocultar ese hecho patente y obvio, que casualmente no se le ocurre mencionar.

Y la frase final vuelve a resumir la misma idea de antes, la misma mentira. Las normas sí cambian la realidad, lo dice él mismo cuando alude al gasto público (que al parecer ya no forma parte de la realidad). Las normas derivadas del triunfo del M-19 y Pablo Escobar sí cambiaron la realidad al punto de enriquecer de forma fascinante a los profesores universitarios (que cobran unas quince veces lo que cobra la mayoría de la gente, el salario mínimo, cosa inimaginable en cualquier país civilizado). Lo que pasa es que no cambian la realidad en el sentido que proclaman sino en el contrario, cosa que es evidente y que con la mayor deshonestidad Gaviria no percibe. No iba a echarse en contra a la clientela que podría encumbrarlo, naturalmente.

1/7/2014

Militares negociando paz

Por Jaime Castro Ramírez

La solución política del conflicto interno en Colombia, es obvio que se tiene que negociar entre el gobierno que representa al Estado de derecho en cabeza del presidente de la república, y la contraparte que es la subversión y que actúa en contra del Estado de derecho.

A las fuerzas militares de la república les corresponde es la actuación en el escenario donde se presenta la escena de tener que implementar la inteligencia y el esquema de la seguridad nacional, y luego cómo desarrollarlo para proteger la institucionalidad y los derechos democráticos de la sociedad.

¿Los militares como negociadores del ‘desarme’ y desmovilización?
El diario El Tiempo en su edición del sábado 28 de junio de 2014 publica algunas frases del presidente Santos refiriéndose a los militares frente a la paz y la ‘negociación’ del desarme de la guerrilla. A la vez advierte Santos que el papel de los uniformados activos no será en la mesa de diálogo en Cuba. Frases como las siguientes:

1. “En lo que tiene que ver con la desmovilización, con el desarme, con la reintegración, ahí deberán estar presentes las fuerzas militares, inclusive oficiales en servicio activo”.

2. “Su papel fundamental será concretar los términos en los que se dé la entrega de armas de los desmovilizados de la guerrilla”.

3. “Ustedes serán los encargados de negociar esos términos y cómo se va a hacer el desarme”.

4. El punto tres de la agenda de negociación de paz relacionado con el fin del conflicto establece que se deben implementar mecanismos que permitan la “dejación de las armas” y la reincorporación de las FARC a la vida civil.

5. “Los beneficios jurídicos que se negocien para ponerle fin al conflicto, serán también beneficios jurídicos para los miembros de las fuerzas militares”.

Lo primero que hay que analizar con respecto de esta postura presidencial es la inconsistencia de criterios, pues en el punto dos se refiere a la ‘entrega de armas’, mientras que en el punto cuatro habla de la ‘dejación de las armas’. Estas son dos expresiones de característica excluyente en materia de paz, y antónimas en su significado, pues una cosa es ‘entrega’ y otra cosa diferente es ‘dejación’. Esta segunda opción es la que plantean las FARC, y significaría simplemente que se quitan el fusil del hombro pero no lo entregan, es decir, que lo depositan en algún lugar pero queda en su poder y a su disposición para eventualmente retomarlo, lo cual sería totalmente ilógico en una negociación de paz donde es esencial es la ‘entrega’ de las armas.

En segundo lugar, no se entiende cómo podrían negociar los militares lo innegociable después de la negociación, pues la ‘entrega’ de la armas obviamente se tiene que tratar y acordar es en la mesa de la Habana, ya que lo no pactado y firmado en ese escenario, no se puede pensar que los militares lo van a poder negociar después con sus enemigos, aunque el papel de los militares no es negociar, sino hacer cumplir lo que se negocie en la Habana por parte del gobierno respecto a la entrega de las armas y la desmovilización.

Proponer que los militares negocien el desarme y desmovilización de la guerrilla parece un despropósito en la medida que esto es decisión política, y los militares no son actores políticos. Parece mas una forma de abrir el paraguas para ver hasta dónde se logra mentalizar a los militares y a la policía de posible disminución de las fuerzas, tal vez con el objetivo de involucrar a desmovilizados en estas filas.

Por último, no se pueden asimilar los terroristas con los militares cuando Santos afirma que los beneficios jurídicos que se negocien para los primeros (autores de crímenes atroces y de lesa humanidad), esos mismos beneficios jurídicos operen de igual manera para los militares (en general víctimas de la guerra política) y quienes han puesto al servicio de la patria hasta sus propias vidas para defender la democracia. Es quizás la forma disimulada de plantear la ‘legalización’ de la impunidad total para los terroristas.

30/6/2014

Crimen sin castigo

Por @AdasOz

Luego de la primera victoria de la selección Colombia, y que como consecuencia de las descontroladas celebraciones capitalinas murieran 9 personas y se presentaran en la ciudad más de 3000 riñas callejeras, la administración distrital decidió tomar medidas coercitivas para la capital como prolongar la medida del pico y placa durante todo el día y la ley seca.

Ver a tantas personas apoyando las medidas restrictivas, no sé si desde la ignorancia, de la ingenuidad o directamente desde el deseo de ver la implementación de un sistema represivo con la disculpa barata de proteger a los ciudadanos, es sencillamente decepcionante. Lo que más me inquieta es la condescendencia con ese tipo de medidas que están lejos de solucionar el problema de raíz, las riñas seguirán y es muy probable que siga habiendo muertos como consecuencia de éstas.

Está claro que en la capital, y en el país en general, no sabemos celebrar ni mucho menos beber, pues luego de decretar ley seca y pico y placa en tres o cuatro partidos posteriores, las riñas siguen ocurriendo y por supuesto que la gente sigue muriendo. Me parece grandioso que los fanáticos del fútbol salgan a la calle eufóricos a celebrar un hecho histórico como el que vivimos ahora, y que el que quiera beber alcohol que lo haga donde quiera.

Por supuesto, todo esto debe tener unos límites, porque lo que no se puede permitir es que la libertad individual se traduzca en libertinaje general y entonces se destruya todo al paso. Para ello, operan las autoridades y la ley que son las encargadas de poner orden.

La solución no es restringir las libertades sino trabajar para que la gente aprenda a disfrutar de éstas sin necesidad de llevarla a extremos de los que después puedan arrepentirse. En este caso, las medidas que, en mi opinión, deberían tomarse deben ser de cara a fortalecer la autoridad y de reforzar el pie de fuerza en las calles para que logren controlar las irregularidades que se presenten, y por último, endurecer la ley para aquellos que dejan estragos a su paso, bien sean de carácter material o de vidas humanas, pero sobre todo aplicarla, con el principal fin de hacerle entender a la gente que su reprochable comportamiento traerá como consecuencia un castigo.

Al fin de cuentas, si los colombianos empezamos a ver que la ley y la autoridad son implacables, empezaremos a sentir temor de ser castigados y los desmanes y el descontrol se reducirán de forma efectiva, pero ya sabemos que a Petro esto no le interesa. Nada ganamos entonces pidiendo a gritos la represión si de todos modos seguimos viviendo bajo la misma situación anárquica que ya conocemos.

25/6/2014

¿Lloriqueamos?

Por @ruiz_senior

El triunfo de Santos genera en Colombia una situación que nadie había previsto: un triunfo en toda regla de los comunistas y sus bandas de asesinos, que ahora avanzarán "como nunca antes" en la implantación de su tiranía.

Desgraciadamente tienen el éxito asegurado porque no hay oposición. Si la hubiera las tareas que debería emprender son enormes, pero muy fáciles de definir. Voy a enumerar algunas que me parecen importantes y urgentes:

- Elaborar los argumentos para promover un proceso ante la Corte Penal Internacional por el genocidio cometido por las bandas terroristas y sus socios urbanos.

- Desarrollar en los medios de prensa y en las redes sociales del exterior una campaña prolongada de explicación sobre la verdadera naturaleza de las bandas terroristas, que permita desactivar el mito de que representan a campesinos pobres.

- Promover la denuncia internacional del carácter dictatorial y fraudulento del régimen colombiano, explicando todos sus nexos con las mafias de la cocaína, los atropellos judiciales, las doctrinas abiertamente criminales de sus funcionarios, las características del fraude electoral y demás.

- Desarrollar un programa político que conduzca a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que corresponda a los valores de una democracia moderna y que permita reorganizar el poder judicial de modo que todos los miembros de organizaciones terroristas que ejercen de jueces y fiscales sean procesados por sus actuaciones favorables al genocidio y a la persecución de inocentes.

- Crear medios de prensa independientes que desactiven las mentiras sistemáticas de la propaganda del régimen. Las nuevas tecnologías reducen drásticamente los costos de una actividad semejante.

- Promover el procesamiento de Eduardo Montealegre ante el Consejo de Estado por muchos casos rampantes de prevaricato y participación en política. Señaladamente la negativa a tomar en cuenta los dictámenes periciales que incriminaban a Sigifredo López.

- Denunciar el caso del secuestro y asesinato de los diputados del Valle como un crimen de lesa humanidad que debe conocer la CPI.

- Denunciar ante los medios internacionales y ante la Asamblea de la ONU y el Consejo de Seguridad las actuaciones de los funcionarios de esa organización en las que se vea clara complicidad con el terrorismo, cosa que no es difícil de demostrar.

- Del mismo modo, denunciar ante todas las instancias pertinentes y ante los medios de prensa las actuaciones concretas de las ONG de Derechos Humanos en las que se detecte el afán de favorecer la actividad de los terroristas.

- Promover en las redes sociales la denuncia de las mentiras características de la propaganda del régimen y del adoctrinamiento de escuelas y universidades, de modo que los usuarios tengan oportunidad de conocer los hechos ciertos.

- Organizar por diversas vías a los activistas que rechazan la imposición de la tiranía comunista, de modo que las redes sociales, que todavía operan con alguna libertad, sirvan de contrapeso al formidable aparato de propaganda del régimen.

BUENO, nada de eso se hará porque no hay oposición sino uribismo. El uribismo no va a promover una denuncia por genocidio porque tendría que buscar el castigo de sus socios más amados, como Angelino Garzón, vicepresidente del partido de las FARC en los años ochenta y miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de Colombia, que era la entidad que encargaba los secuestros y masacres. O de su flamante senador Everth Bustamante, miembro de la dirección de M-19 condenado por terrorismo y determinador junto con otros asesinos de la toma del Palacio de Justicia en 1985.

El uribismo no va a denunciar el concierto para delinquir y lavar activos de La Habana porque ya ha anunciado que lo apoya y sólo espera la ocasión de ocupar un puesto en la mesa de negociación. El hecho de que su campaña electoral se centrara en la educación, ¡en la educación!, muestra la indigencia moral e intelectual de esta gente. Un payaso rústico habría tenido ideas más valerosas y reflexivas.

Tampoco va a denunciar a Montealegre ni a Sigifredo López porque los considera aliados potenciales. ¿O es que ya todos olvidaron el entusiasmo con que acogieron el nombramiento del fiscal, con el que "volvía el Derecho"? Muchos años antes, cuando era presidente de la Corte Constitucional, el prócer se había opuesto a que se obligara a los magistrados a decretar soluciones viables (por ejemplo, pagos por tutelas que se pudieran asumir y no de muchos millones de dólares), ¡porque ellos no iban a hacerse cómplices de la ineficiencia del Estado!

Yo podría explicar, respecto de cada punto de los señalados, por qué el uribismo no hará nada, pero ¿no basta que en ocho años de predominio no hiciera más que abrirle el camino a Santos y a Roy Barreras y que después se negara a hacerles oposición para no perder las clientelas que viven del erario? El uribismo sencillamente parasitó la indignación con el Caguán para que unos cuantos hicieran carrera y después le entregó todo el poder a la oligarquía.

Y uno escribe eso sabiendo que los únicos que no confían en que la solución a todos los problemas es una presidencia vitalicia del Gran Timonel son los partidarios del terrorismo. Sencillamente no se hará nada, salvo tal vez buscar votos a finales de 2015 para cobrar sueldos de concejales y alcaldes con la efigie del Gran Timonel al que una parte menguante del pueblo seguirá idolatrando. 

Eso sí, habrá mucho lloriqueo. ¿No es un componente natural de un proceso como la toma del poder por las mafias terroristas? Sí, es el fondo del decorado, como las notas bajas de una pieza musical.

Lloriqueemos, está demostrado que reconforta. Esperanza no hay, los lambones triunfaron.

24/6/2014

Votos alternativa de poder

Por Jaime Castro Ramírez

Lo esencial en la política es la decencia en la práctica procedimental. Ejercer la democracia exige dignidad para poder obtener la dignidad de la democracia. Cuando se usan conductas de otro estilo solo contribuyen a pervertir el camino de la ley, y en consecuencia, a darle consistencia frágil a los derechos y valores democráticos.

Valoración de los votos en Colombia segunda vuelta presidencial 2014
Empezar por decir que fue una contienda electoral completamente desigual en materia de los medios de que disponía cada campaña para realizar su trabajo político. La campaña reeleccionista utilizó todo el poder oficial y económico con la llamada ‘mermelada corrupta’ para comprar voluntades representadas en centenares de miles de votos, y utilizó los medios masivos de comunicación para hacer una desmedida publicidad, además del explícito sesgo político a su favor de la mayoría de estos medios. Este tipo de ventajas de la campaña reeleccionista, que algunas rayaron en la ilegalidad, le dieron un triunfo a Santos incluida cierta incógnita sobre la debida legitimidad, pero por supuesto que perjudicaron la campaña del contendor Oscar Iván Zuluaga.

Los votos de la reelección dejaron al reelegido presidente muy maltrecho en cuanto a un estado de enajenación política enorme, pues como decidió aliarse sin importar con quién, por lo tanto quedó con grandes compromisos políticos: con los liberales, con parte de los conservadores, con los verdes, con los progresistas, con el partido de la ‘U’, con Cambio Radical, con el grupo de Antanas Mockus, y peor aún, con las FARC, y con toda la izquierda (incluido Gustavo Petro con sus ambiciones políticas) que en forma incoherente lo apoyaron para reelegirlo pero a la vez anunciándole que le harán oposición al gobierno.

La pregunta es: ¿qué autonomía tendrá el gobernante para organizar gobernabilidad? Pregunta de difícil respuesta para el reelegido presidente, pues la autonomía la perdió en razón a que la mayoría de estos disímiles y oportunistas apoyos le exigen cuotas burocráticas ministeriales como reciprocidad política. Anotando que a pesar de todo este diverso andamiaje de apoyos, la ventaja que obtuvo Santos fue únicamente de 900 mil votos: 7 millones 900 mil votos, contra 7 millones del contendor.

Significado de alternativa de poder
En segundo lugar, analizando el valor político de los 7 millones de votos del Centro Democrático y su candidato Zuluaga, pues es procedente empezar diciendo que hay que otorgarles el sello de ‘votos limpios’, es decir, verdaderos votos decentes de opinión, conseguidos como debe ser, sin más “ayuda” que en base al programa de gobierno que fue expuesto en la campaña, y también votos de inconformidad con el primer gobierno de Santos y su falta de resultados tangibles para mostrarle al pueblo. Esta es una trascendental particularidad que tiene un grande significado político en la medida que quedó completamente dividida la opinión, valga decir, entre votos que hipotecaron el poder y por consiguiente la acción del gobierno reelecto, y votos libres que tienen por supuesto un peso específico dentro del nuevo panorama político nacional, pues los 7 millones de votos de Zuluaga se constituyen en verdadera alternativa de poder, y desde luego influirán dentro del esquema de oposición política al nuevo gobierno.

23/6/2014

Gustavo Petro y el terror en Bogotá

Por Eduardo Mackenzie

Gustavo Petro trató de restarle importancia al atentado de antier en Bogotá contra una estación de policía de Chapinero. Mientras que la radio daba los nombres de los uniformados que fueron heridos (Javier Hinestroza y Javier Rojas) y del transeúnte lesionado, Henri Alarcón, y explicaba que otras personas habían sufrido un shock nervioso, el polémico alcalde de Bogotá reducía en un twitter el alcance de ese acto criminal a “un herido miembro de la Policía, dos personas con aturdimiento y daños en ventanales”. Su mensaje subliminal fue: “La suerte de esas víctimas no me interesa. Sigan su camino, aquí no pasó nada”. Petro fue incapaz de redactar un mensaje de simpatía para los heridos y sus familias. Tras dos tuits, desvió la atención hacia un partido de fútbol. Si le creemos, él es el alcalde más “humano” desde que Gonzalo Jiménez de Quezada fundó a Bogotá en 1538.

Ciertos medios le ayudaron a ocultar la gravedad del asunto. La bomba de 500 gramos de pentolita fue convertida en un simple “petardo”, palabra que evoca el folklore navideño y no la violencia y la barbarie. En seguida, dijeron que el atentado había sido realizado por “el microtráfico” en represalia por unos arrestos recientes. Tonterías. Al microtráfico, como a toda mafia, no le conviene provocar a la Policía. A las FARC sí. Con ese atentado, las FARC le dijeron al presidente Santos y al alcalde Petro que, cinco días después de la reelección del primero, ni él ni Petro son los dueños del balón, que ellas golpean donde quieren. Lo de Chapinero exigió a los terroristas montar un dispositivo sofisticado. Ellos utilizaron, dicen investigadores de la Fiscalía, una antena, encontrada a 50 metros del estallido, para activar la carga. Precisaron que la persona que la activó “estaba a 200 metros de distancia del CAI”.

Una bomba de esas características es un mensaje a todo el mundo: que las FARC seguirán combinando sus falsas promesas de paz (en el tinglado de La Habana) con hechos de terror ciego. Otro aspecto que hay que interpretar: el atentado ocurrió al día siguiente de que las FARC sacaron del cubilete un embuchado para tratar de seducir a los militares, con el objeto de abrir una brecha entre ellos y la Policía. En efecto, Rodrigo Granda, desde La Habana, dijo que era “posible atraer a los militares hacia la lucha popular”. El cree saber que “varios oficiales honestos […] reconocen la necesidad de una solución negociada al conflicto armado”. Granda intenta con eso comenzar la aplicación de uno de los pactos secretos de La Habana: el desmantelamiento de la fuerza pública y el cambio de doctrina militar. No es la primera vez que los comunistas intentan minar la unidad y la moral del mando militar. Hay antecedentes de eso desde los años 30.

Por otra parte, el lugar escogido para golpear a la Policía dice también algo: el alijo afectó no sólo a ese CAI sino que también destruyó los ventanales de la iglesia de Lourdes, de diez edificios, de varias casas, de una sede de la Universidad Santo Tomás y de 10 vehículos. Una iglesia y una universidad católica golpeadas por esa bomba: eso recuerda los ultrajes y asesinatos de católicos, incluidos de indígenas cristianos que se niegan a renunciar a su fe, que están perpetrando las FARC en zonas apartadas del país, sin que la prensa bogotana se digne decir una palabra al respecto.

Tras banalizar el atentado, Gustavo Petro convocó a una “marcha por la paz”. Es decir, le dio la espalda a una investigación seria del atentado y patrocinó un rechazo abstracto contra nadie, a pesar que sus servicios deben saber muy bien qué papel jugaron las FARC en eso.

Ese gesto es interesante. Muestra cual podría ser la táctica a seguir por el alcalde de Bogotá y por el establecimiento santista frente a los golpes de las FARC y del ELN, quien entrará muy pronto, éste último, a la danza de la paz. Seguir simulando ceguera ante los crímenes de esas bandas contra el pueblo y el Estado, para poder justificar la impunidad que Santos quiere otorgarles, será la consigna no escrita del nuevo régimen. En otras palabras, el país no sabe cómo salir de la tenaza que le han tendido: por un lado está cogido del cuello con la farsa de La Habana y por el otro las Farc siguen impartiendo su terror en todas partes para pavimentar su camino hacia una revolución palaciega, por la vía de una Asamblea Constituyente de bolsillo.