22 de ene. de 2015

Vargas Llosa contra Huntington

Por @Ruiz_senior

La "paz" en Colombia no sólo cuenta con la sumisión e indiferencia de la mayoría de los colombianos sino con el respaldo casi (?) unánime de la prensa internacional, de lo que es muestra este repugnante editorial del diario monárquico-católico ABC de Madrid.

El apoyo que al respecto han manifestado intelectuales muy influyentes como Fernando Savater, Enrique Krauze o Mario Vargas Llosa es otro elemento que favorece ese crimen monstruoso de premio y aliento al genocidio (que cada vez será peor, como se viene demostrando desde que Santos optó por hacer lo contrario de lo que prometía en su campaña). En el caso de Savater es evidente la frivolidad con que habla de algo que no entiende en absoluto por creer ingenuamente que Santos es algo distinto de las FARC. Pero Vargas Llosa y Krauze tienen otras motivaciones ideológicas que conviene comentar.

Me llamó la atención la discusión que planteó hace una década el Nobel peruano a partir de un escrito del profesor Samuel Huntington sobre la idea de un "choque de civilizaciones" en el actual territorio estadounidense a partir de la emigración masiva y concentrada de ciudadanos mexicanos que no se funden en la cultura estadounidense sino que mantienen su lengua, sus costumbres y sus valores y podrían llegar a ser mayoría en determinados estados y a romper la cohesión de la república.

El argumento central del texto de Vargas Llosa se resume en estas frases:
"¿Seguirá siendo Estados Unidos un país con un solo idioma y una cultura de cuño anglo-protestante?" Si sus compatriotas ignorasen este asunto, estarían resignándose a que su país se transforme en dos pueblos con dos culturas (anglo e hispánica) y dos lenguas (inglés y español.) No hay duda de que esta perspectiva pone los pelos de punta al distinguido profesor de Harvard y a buen número de sus compatriotas. Yo, en cambio, creo que sería una bendición para Estados Unidos que aquello ocurra, porque sólo esa transformación le permitiría seguir manteniendo su poderío económico y su liderazgo en la era de la globalización en la que, poco a poco, los países van perdiendo su constitución homogénea (los pocos que la tenían) y convirtiéndose en pequeños microcosmos.
Es una idea muy llamativa y que sin duda es mayoritaria en toda Hispanoamérica: la desaparición de Estados Unidos y su conversión en otra república hispánica como las del resto del continente son necesidades internas del país y una bendición para todos.

Llama mucho la atención la idea de que el poder económico y el liderazgo de Estados Unidos dependen de su hispanización y su pérdida de cohesión cultural. No me enteré si alguien le respondió a Vargas Llosa, pero pese a la popularidad de semejante lindeza en nuestros países, mucho me temo que Huntington y sus amigos se habrán reído de semejante ocurrencia. Ya ese peso de las personas de ideología hispana en la sociedad estadounidense está detrás de la doble elección de Obama (al que previsiblemente Vargas Llosa apoyó y apoya), cuya complacencia con Santos y el chavismo corresponde a esas inclinaciones de su público.

Es difícil esperar la menor comprensión al problema entre la población hispanoamericana, que desde la misma fundación de las colonias británicas en Norteamérica las ha visto como enemigas. Con una desfachatez hispánica, Vargas Llosa falsea a Huntington, que en ningún momento habla de volver a ninguna forma de sociedad del pasado sino precisamente de la capacidad de asimilación que tuvo la cultura angloprotestante de los orígenes para integrar a individuos de orígenes diversos que renunciaban aunque fuera de forma tácita o inconsciente a sus tradiciones nacionales.

Luego, la cuestión de la probable desaparición de la entidad cultural estadounidense se reduce al retorno a la esclavitud y a una sociedad puritana cerrada que sólo existe en la imaginación de Vargas Llosa y su público. Todo a partir de la dulce suposición de que todos los países son hoy "microcosmos" en que está representado todo el mundo.
De lo contrario, si, volcando en ello todos sus recursos, se empeñara en cancelar esa apertura que ha sido su mejor instrumento de modernización a lo largo de su historia, para ensimismarse resucitando la tradicional sociedad anglo-protestante de sus orígenes (de la que estaban excluidos los indios y los negros) Estados Unidos sería un país muy integrado en el papel, pero anacrónico, empobrecido y arrasado por un sistema tan discriminatorio y racista como el del desaparecido apartheid sudafricano.
A ese nivel de tosquedad llega el hombre. ¿Cómo habría de volcar en ello todos sus recursos? ¿No dice Vargas Llosa en ese párrafo que de no convertirse en un país bilingüe que prescinde de su tradición, Estados Unidos se volverá una sociedad cerrada y opresiva? ¿De dónde saca eso? La inferencia lógica es que los inmigrantes mexicanos SALVAN a Estados Unidos de sí mismos, ¡en la medida en que destierran el inglés de diversos territorios y crean una sociedad bilingüe! Fascinante. Pero insisto, ¿de dónde saca que para mantener la cohesión respecto de sus señas de identidad EE. UU. debería volcar todos sus recursos en ello? Es una maña del medio intelectual hispano. La modernización consistía en la expansión de un país que asimilaba a irlandeses, alemanes, polacos y escandinavos hasta hacerlos olvidarse de sus lenguas, sus costumbres y hasta sus lealtades nacionales en favor de la lengua inglesa y el orden social emanado de la fundación protestante del país (la religión tiene un sentido social y étnico sobre el que valdría la pena profundizar, la sociedad estadounidense puede provenir de pueblos antiguos que no se sentían cómodos en la Inglaterra del siglo XVII). Vargas Llosa lo convierte en lo contrario: ¡en la pérdida de esos referentes!

Como siempre, parafraseando a Borges, "para creer en su inteligencia tenemos que dudar de su honestidad". Hay que prestar atención al aire "progre" de todo el escrito, en el que no faltan las mentiras burdas y la moralina más grotesca. Uno se siente leyendo a William Ospina. (Continúa el párrafo anterior.)
Sin embargo, tengo la certeza de que esta tragedia no ocurrirá 
Claro que esa tragedia no ocurrirá porque esa tragedia corresponde a algo que Vargas Llosa se inventó para falsear totalmente a Huntington, que plantea la asimilación de los inmigrantes según el molde del viejo "crisol" y la dispersión por el territorio y no la exclusión de nadie.
y que, por el contrario, esos cuarenta millones de hispanics que hoy forman parte de la sociedad norteamericana contribuirán cada vez más con su creatividad y su diligencia a aumentar la riqueza, las oportunidades de empleo y la diversidad cultural de su patria de adopción, 
Cosa que no está en discusión ni tiene que ver con lo que dice Huntington: lo que sale de las afirmaciones de Vargas Llosa es que el futuro y prosperidad de Estados Unidos dependen de las virtudes de los hispanos, y como el tema es el de su no asimilación, se cae en el viejo sueño de destruir esa cultura diferente para crear otro país hispánico: en la medida en que no se asimilen, no aprendan inglés, no adopten la ética protestante ni el respeto al imperio de la ley, contribuirán a la prosperidad del país.
de la que son ya una parte tan consubstancial como los inmigrantes irlandeses, coreanos, polacos, chinos y vietnamitas, o los aborígenes y los negros a los que el profesor Huntington segrega alegremente de la "identidad" primigenia de Estados Unidos.
Los inmigrantes coreanos, etc. no plantean la dispersión lingüística ni la hegemonía en territorios extensos y contiguos a su país, que es de lo que habla Huntington. De que los hispanos sean una parte consustancial de la sociedad estadounidense y de que sean eso, estadounidenses que asumen los valores de la tradición del país de acogida y no colonos que lo convierten en otra cosa es de lo que trata el ensayo del profesor estadounidense. Con un encanto más bien cómico, Vargas Llosa convierte una cosa en lo contrario.

Más grotesco es el "buenismo" de protestar porque se excluya a los aborígenes y negros de la identidad primigenia de Estados Unidos. ¿Cómo iban a estar incluidos? Porque somos buenas personas y no queremos hacer nada contra ellos, que ya tienen bastante desgracia con esas narizotas y ese color de piel. Una cosa es que los descendientes de los aborígenes deban tener derechos y el máximo respeto por sus tradiciones, y otra que sean parte de la identidad primigenia de la nación estadounidense, que precisamente se formó excluyéndolos y despojándolos de las tierras en que cazaban. Y lo mismo respecto de los negros, que en una parte del país eran esclavos sin derechos. Precisamente el hecho decisivo de la historia estadounidense, más que la misma independencia, fue la Guerra Civil, en que se impidió la división del país en dos y triunfaron los que querían abolir la esclavitud. Dado que no se puede acusar de racismo a Huntington, que no menciona a los negros porque los considera parte de la sociedad en la medida en que se asimilan a la lengua y los valores hegemónicos, Vargas Llosa encuentra la ridiculez de que deba incluírselos en la identidad primigenia del país. Dentro de poco serán culpables de la esclavitud.

En una época yo discutía con jóvenes doctores colombianos que me conmovían por la ligereza con que encontraban una explicación del desarrollo en la correcta financiación de titulaciones universitarias, desconociendo las tradiciones culturales de las sociedades. Un poco de ese nivel es Vargas Llosa. La forma en que explica el diferente desarrollo de Estados Unidos respecto de sus vecinos del sur es la "libertad" , noción que se explica a partir de las instituciones realmente existentes en Estados Unidos, al parecer surgidas de la buena voluntad y sin necesidad de relación con sus raíces. (Léanlo, el comentario pormenorizado haría insoportablemente largo este post.)

Los lugares comunes más socorridos bastarían para refutar a Vargas Llosa, como la conocida frase de Max Weber sobre la relación entre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Ya en 1830 Alexis de Tocqueville advertía sobre el error de explicarse la prosperidad estadounidense por la disponibilidad de riquezas (era mucho antes de la fiebre del oro en California). Se preguntaba por qué todas las repúblicas hispánicas eran miserables. Y ciertamente no encontraba la explicación en la libertad, el espíritu necesitaba unas cuantas décadas para llegar a Vargas Llosa.

Respecto de las tradiciones de las sociedades, José Ortega y Gasset decía que el salvajismo y la barbarie correspondían a la infancia y la adolescencia de las personas, y que en ellas encontraríamos todos las raíces de nuestro ser. Lo que Vargas Llosa propone es que Estados Unidos renuncie a ello y acoja como una bendición su desaparición como nación cohesionada en aras de la prosperidad que Vargas Llosa le promete cuanto más acepte que su población inmigrante siga como sin salir de México. Sin la aculturación de los inmigrantes Estados Unidos no podría haber hecho la guerra con Alemania, dado el alto volumen de emigración de ese país apenas dos generaciones antes.

El día en que Estados Unidos sea otra república hispanoamericana, sus aportes a la ciencia serán como los de las demás. Cero. La pretensión de Vargas Llosa de que todos los problemas vienen del nacionalismo es otro chiste.

20 de ene. de 2015

Las FARC y el cese al fuego bilateral

Por Jaime Castro Ramírez

Los intereses propios suelen ser un grande motivo que inquieta la tranquilidad de muchos cuando se observa que las perspectivas no son favorables a sus pretensiones, de cualquier índole que estas sean. Las intenciones de obtener su cometido se hacen entonces muy fuertes, y generalmente se acude a utilizar los medios que sean necesarios para lograr sus fines. En este escenario, lo discutible es la legitimidad de los medios utilizados, pues eventualmente intereses particulares pueden afectar intereses comunes.

La realidad del cese al fuego bilateral
Las Farc tienen razón en exigirle al presidente Santos que autorice el tan mencionado cese al fuego bilateral, y tienen razón por varios motivos:

1. Para que sus miembros que están en Colombia puedan realizar sus movimientos (narcotráfico, extorsión, armas, ocupación de territorios, etc.) sin que la fuerza pública los presione.

2. Para que la demora en la firma del acuerdo de paz no desmoralice a la tropa que opera en la selva colombiana cumpliendo las ‘actividades’ ordenadas por los jefes que están dándose excelente nivel de vida en Cuba.

3. Una preocupación mayor para las Farc es la cada vez peor situación de crisis política y económica en Venezuela, pues ese gobierno, que ha sido su protector, puede naufragar en medio de la ferocidad de la tormenta que dicho régimen creó, y entonces las Farc podrían perder los privilegios de domicilio y fraternidad que el gobierno chavista les ha concedido en ese país, y en consecuencia se verían obligados a regresar a territorio colombiano.

Cualquiera de las anteriores razones hacen que el tema del cese al fuego bilateral sea esencial para las Farc por cuanto necesitan la inactividad del ejército de la república. Sin embargo, la lógica y la prudencia política dirían que el momento para decretar dicha medida no puede ser antes de la firma del acuerdo definitivo de paz (incluida la desmovilización), pues hacerlo antes, el país pierde.

Aspectos adicionales a tener en cuenta
Es importante considerar el hecho de que en Colombia la inseguridad no solo proviene de las Farc, también existen, el ELN, las llamadas bandas criminales, la delincuencia común; luego, el cese al fuego bilateral dejaría en libertad de acción a todos estos grupos para hacerle mucho daño al país, por lo tanto, se trata de un análisis profundo que el gobierno debe hacer sobre la viabilidad o no de conceder respuesta positiva a la propuesta de las Farc. La circunstancia de la diversidad de inseguridad en el territorio nacional aconsejaría la inconveniencia de la medida, incluso después de firmar el acuerdo de paz con las Farc.

Además, el cese al fuego bilateral conllevaría una clara desventaja para los intereses del país, pues mientras el ejército nacional se concentraría en los cuarteles, las Farc no tendrían verificación sobre el cese de actividades criminales. En estas condiciones significaría una medida equivalente al cese unilateral de hostilidades por parte de la fuerza pública.

Es evidente la premisa de que la paz, para que sea verdadera paz, debe tener condiciones esenciales exigidas por el Estado, y no el Estado aceptando incondicionalmente todas las exigencias de sus interlocutores farianos. En consecuencia, le corresponde al presidente de la república asumir la responsabilidad sobre la defensa de los intereses nacionales.

15 de ene. de 2015

La última maquinación del crimen organizado

Por @Ruiz_senior

Desde que Santos llegó al poder, la historia de Colombia es sólo el continuo avance del proyecto que seguramente su hermano mayor tenía acordado con los jerarcas cubanos desde mucho antes: la instauración completa de un régimen como los de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia con el pretexto de la "paz" con las FARC.

Con ese fin se han combinado las intrigas y purgas dentro del Estado con la persecución judicial de cualquiera que pudiera liderar alguna resistencia y sobre todo con la intensa labor de propaganda que continuamente impresiona por los medios que llega a desplegar, desde las portadas de Time hasta los artículos sesgados de The Economist, pasando por los publirreportajes repulsivos en la prensa española, por la campaña #SoyCapaz y por muchísimas maquinaciones semejantes. Los montajes calumniosos de los medios pagados con dinero público forman parte de esa misma tarea.

La "tregua unilateral" de las FARC es la consumación de ese camino. Los militares y policías se han convertido en los protectores de los terroristas, que se propagan por todo el país, como ya hicieron en tiempos de Betancur gracias a la benevolencia del gobierno, con la garantía de que no serán atacados porque cualquiera que intentara aplicar la ley tendría castigos del alto mando y muy probablemente persecución judicial, cosa que tampoco haría falta porque sin planes de ataque sencillamente cualquier grupo militar o policial está en desventaja si se llega a encontrar con los terroristas.

Santos va ahora más lejos y manda a sus "negociadores" a acordar un cese bilateral, lo cual es la completa rendición del Estado ante los criminales pues, ¿acaso eran bandos equivalentes? ¿Acaso es lo mismo secuestrar gente que protegerla del secuestro? ¿Qué harán desde el poder los jefes terroristas sino oprimir y perseguir a quienes les incomodaron tal como hizo la manguala del 91 con los que aplicaron las leyes contra el M-19?

La forma en que los terroristas tomaron el poder es singular pero describe a la perfección al país: el gobierno anterior llegó a tener un apoyo mayoritario y pudo convocar una Constituyente para cambiar el engendro del 91, pero no le interesó. Y también pudo crear un partido coherente que se opusiera a los que durante esos ocho años obraron como socios de los terroristas, y nada de eso le pareció digno de emprenderse. Con tan grandes recursos y popularidad, también pudo crear una prensa diferente pero pareció mejor aliarse con la existente, todo con tal de continuar ocupando los puestos de mando, de lo que llegó a ser paradigma la delirante opción de un tercer periodo de Uribe, que habría legitimado a los terroristas y a sus aliados pero que sobre todo requería aprobación de una Corte Constitucional cuyo presidente llegó a ser candidato del Partido Comunista en 2006. En la transición hacia la paz que fue el primer gobierno de Santos el expresidente rehuyó a toda costa el papel de "obstáculo para la paz" y la apoyó con pretextos falaces para "mejorarla".
Continuando con la monstruosidad del gobierno de establecer una simetría entre las FARC y cualquiera que se les oponga, y sin duda planeada por los mismos estrategos cubanos que dirigen tanto el gobierno de Santos como a la banda asesina y las "negociaciones", dentro del capítulo de propaganda, aparece ahora la iniciativa de Mockus, en la que el personaje da rienda suelta a su perversidad y descaro. Cuando invita a Uribe y a Cepeda a marchar por la paz está equiparando a un político popular con un jefe terrorista que pertenece al Partido Comunista, que es a las FARC lo que el NSDAP a las SS, y que aparece como socio de la banda asesina en los PC de alias Raúl Reyes. Eso entre muchas otras pruebas de su relación con las FARC.

Insisto: la mala fe de Mockus deja ver a un canalla de la peor clase. Por si alguien lo dudaba después de la campaña que emprendió en 2008 con Claudia López y Rudolf Hommes para cobrar la propaganda de los falsos positivos y de su participación en la marcha de desagravio a las FARC que organizaron Piedad Córdoba y Cepeda ese año. Ahora promueve a los asesinos porque "la vida es sagrada" y si mataron mucho más en 2014 que en 2009 es sólo porque se preparan para la paz. Tanto cinismo deja ver la calidad moral de la gente que lo apoya, verdaderos raponeros con pretensiones gracias a las rentas que obtienen despojando a los colombianos desde puestos parasitarios en el Estado.

Y la jugada es eficaz porque haga lo que haga Uribe, pierde. Si no va resulta el enemigo de la paz, y la propaganda destaca la unanimidad de cientos de miles de universicarios y gente del campo llevada a la marcha frente a la "caverna" retrógrada que insiste en la guerra, mientras que si va legitima la iniciativa de Mockus y la posterior campaña del plebiscito con las bandas terroristas armadas y en receso y la población escogiendo si entrega la cartera o se expone a que la maten más que antes (lo que ocurrirá también si acepta premiar a los terroristas, como ha ocurrido en todos los países sometidos al comunismo).

La paz ya se logró, los muertos seguirán mucho más que antes pero ya es el posconflicto. Hay que darles las gracias a todos los que la apoyaron, no importa si la querían sin impunidad o con cese unilateral, es como estar dispuestos a delinquir si el botín vale la pena. A lo mejor otra generación se plantea empezar a construir la democracia, eso no se hará con el caudillo de significante vacío que representa intereses opuestos.

Colombia ya está en la misma situación de las demás provincias del narcoimperio castrista. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. La democracia no se va a salvar gracias a los que le entregaron el país a Santos, pero nadie quiere verlo.

13 de ene. de 2015

Paz con democracia y libertad

Por Jaime Castro Ramírez

La paz es un derecho natural del conjunto de la sociedad, pero la paz entendida en la amplitud del valor intrínseco respecto a su concepción filosófica, es decir, lograr la tranquilidad de espíritu que haga posible la convivencia y entendimiento de los pueblos en verdadera armonía social. Para que estas condiciones sean posibles, es esencial que la paz esté fundada en el respeto a las libertades individuales y colectivas. Dicho de otra forma, no puede haber paz si se limita en manera alguna el derecho a vivir con independencia, lo cual implica el derecho a vivir en el sagrado escenario de la democracia liberal, y no en lo que de simple denominación le llaman ‘democracia’, pero que no suele ser diferente a un yugo ideológico dictatorial.

En nombre de la paz no se puede comprometer la libertad
En Colombia los incondicionales de la paz pareciera que no advierten ningún tipo de riesgo político que pueda alterar la histórica vocación democrática de la república, pues solo sería cuestión de interpretar el pensamiento ideológico que rodea el proceso de paz: el castro-chavismo-farc. Pero a esto último hay que agregarle la no menos preocupante tendencia política del responsable de la paz, el presidente Santos, quien pareciera dispuesto a aceptar sin condiciones lo que tales exponentes de la ‘solidaridad política’ le llaman ‘ayuda’ a la paz de Colombia. De las compañías con quienes se simpatiza depende lo que se hará después. También hay que decir que ellos pueden aspirar a todo lo que se les ocurra, otra cosa es lo que les conceda el presidente de la república como máximo representante de la sociedad colombiana en la negociación de la paz.

Lo cierto es que la ambición política del entorno mencionado es evidente, a lo cual se suman sus copartidarios reunidos en el Foro de Sao Paulo y Unasur. Lo que entonces parece claro es el propósito de tomarse políticamente la joya de la corona, que para ellos es Colombia.

Desde ya se habla de que hay por lo menos 7 mil cubanos en Colombia, y no propiamente en misión laboral productiva (lo cual harán muy pocos), sino en misión encubierta disfrazada de arte, profesores, teatro, y otras actividades, pero en realidad se trata de adoctrinamiento político. Y esto ocurre sin haberse firmado aún la paz, de tal manera que se podrá imaginarse cómo irá a ser la ambición después cuando realmente cobren políticamente su ´colaboración’ con el proceso de paz.

Los políticos agraciados por el régimen para estar congregados en la ‘unidad nacional’ le hacen un flaco servicio al país con el alineamiento total e incondicional al presidente Santos en el manejo que él quiera darle al tema de la paz, y en utilizar el sofisma totalmente engañoso de calificar de ‘enemigos de la paz’ a quienes piensan diferente, valga decir, a quienes están a favor de la paz, pero una paz justa que como mínimo signifique: pedirle perdón a los colombianos, entrega de armas y desmovilización; por supuesto con condiciones de libertad y democracia, pues todo el mundo quiere la paz, una paz de decencia política para el porvenir de la república.

Se llega a la razonable conclusión de que no se hace paz a costa de la dignidad democrática e institucional del país, pues en nombre de la paz no se puede caer en el error histórico de poner en riesgo la estabilidad del modelo económico y político, simplemente porque se obtendrá el resultado inverso, es decir, la antítesis de la paz.

AL MARGEN: El ELN no tiene ningún afán de empezar diálogos de paz, pero esto puede tener una explicación lógica para ellos, que consiste en estar a la expectativa de las concesiones que Santos le haga a las Farc, pues dirán que como mínimo tienen que ser las mismas para el ELN, y entonces se evitan el desgaste de unos diálogos extensos de negociación. Bueno, por lo menos también le evitan al país un excesivo gasto económico.

30 de dic. de 2014

La oligarquía y el síndrome de Münchhausen por poderes

Por @Ruiz_senior

Pensando en ese mentiroso del siglo XVIII que dio lugar a una obra famosísima de literatura infantil, se llamó "Síndrome de Münchhausen" al trastorno psiquiátrico consistente en provocarse enfermedades o en fingirlas (obviamente cuando no corresponde a un fraude motivado por otro interés). Cuando quien sufre las enfermedades es otra persona se llamó "Síndrome de Münchhausen por poderes", y si bien es una entidad psiquiátrica discutida, se ha aceptado en juicios por maltrato y aun por asesinato de los propios hijos por parte de la persona que lo sufre.

Cuando uno se entera del optimismo que expresa Juan Manuel Santos por la liberación del soldado Becerra no puede por menos de acordarse de ese síndrome: lo que permite a los terroristas multiplicar sus crímenes es el hecho de que los colombianos se muestren dispuestos a premiarlos, y eso no ocurre tanto porque ese aserto sea difícil de entender sino porque las clientelas del crimen organizado son la casta hegemónica que domina la sociedad desde el siglo XVI.
Como todas las conductas perversas que no se corrigen, esa disposición empeora sin cesar: ya no es sólo que Santos promueva el asesinato de soldados y policías sino que lo justifica ("espérense que consigamos la paz y verán que ya no sucede más") y además lo olvida inmediatamente. ¿Qué van a importar los asesinatos de la última semana, después de la supuesta tregua, si se puede uno alegrar por la liberación de un secuestrado?

Es necesario que todo el mundo recuerde qué eran las FARC antes de que Santos llegara a la presidencia y a cuántos soldados y policías mataban: el canalla favorece los asesinatos para poder ofrecer el bálsamo de la paz. Pero la presión de la propaganda y la indolencia general (no es que se vean muchas protestas porque le pongan a una escuela "Manuel Cepeda Vargas") hacen que cualquiera crea otra cosa, tal como se olvidó la situación de Colombia en 2002 o las miles de atrocidades de las FARC y el ELN en los años noventa.

Y esa forma de actuar de Santos al promover el asesinato para obtener prestigio por remediarlo (los que sufren el síndrome de Münchhausen por poderes suelen anhelar que los reconozcan por salvar la vida de sus víctimas o por curarlas) no es nueva ni es invención suya: fue lo que hizo López Michelsen con el ELN, al que sería facilísimo aniquilar para el ejército, según señaló muchas veces el general Álvaro Valencia Tovar, fallecido este año que se va. ¿Por qué se permitió al núcleo de la banda persistir? Porque López esperaba negociar la paz con ellos. En esa época se ocultó convenientemente que el ELN surgió de las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, el partido de López Michelsen: él había ayudado a crear la banda y esperaba remediar el problema ayudándoles a persistir. La "paz" sin duda le generaba beneficios, tal como el engendro del 91 favoreció a las clientelas de la "izquierda".

Como los colombianos tienen una enorme dificultad para asimilar la ley, no hay nadie que entienda lo que está pasando en La Habana. Los criminales impunes dominarán totalmente al país porque no se les opone ninguna resistencia. Cada vez matarán más, cosa que he advertido en todos los cambios de año desde 2010 y que siempre se ha cumplido. Es lógico: sus aspiraciones tiránicas no tienen límites y no se van a contener premiando sus crímenes.

El genocidio se multiplicará y los colombianos, indolentes y serviles, buscarán salvar el pellejo haciéndose peones de los genocidas. Sencillamente, lo que ha ocurrido debería haber generado una denuncia por genocidio ante la CPI respaldada por millones de firmas. No la habrá porque los que no esperan lucrarse del genocidio creen que hacen mucho encomendándose al Gran Timonel, que apenas busca salvar su menguante cuota de poder y firmará la paz tal como hizo Álvaro Gómez en 1991.

23 de dic. de 2014

Cuenta política de Cuba a Colombia

Por Jaime Castro Ramírez

En política el sentido de la ambición es de tal dimensión que fácilmente traspasa la raya de lo previsible para darle cabida a instintos que se sitúan en el extremo de los excesos. Y si se trata de disputa ideológica, lo anterior resulta ser una simple mención de menguada trascendencia.

La imagen que proyecta el espejo retrovisor de la historia política en el mundo, muestra casos de tal exceso, que incluso conllevaron a invasiones territoriales por medio de la vía armada para someter la voluntad de los pueblos a ciertas tendencias de ideología política, lo cual llegó hasta el punto de generar guerras de liberación.

Lo que le puede esperar a Colombia con Cuba
Casos de colaboración política desinteresada son muy escasos, o quizás no existen, y menos aun en manos de los dictadores Castro de Cuba. La prueba está en el vecino país de Venezuela, que por la asesoría prestada a Chávez por los Castro sobre cómo someter al pueblo venezolano, se sabe que Cuba ha invadido políticamente a Venezuela para intervenir en el adoctrinamiento ideológico, y con tal propósito los Castro han enviado a ese país toda clase de personajes, incluso militares cubanos que operan en el invadido país. Pero la invasión no solo ha sido política sino también económica, pues desde hace quince años que Venezuela financia la economía cubana a través de los grandes envíos de petróleo regalado. Al punto que dizque el gobierno cubano exporta petróleo del que le sobra.

Prestarle a Colombia la sede de las negociaciones de paz, por supuesto que no es un acto de simple solidaridad política de Cuba con nuestro país. Aparte de la jugosa cuenta que los Castro cobrarán cada mes a Colombia por concepto de alojamiento y manutención cinco estrellas para la grande delegación de las Farc, y también para los delegatarios del gobierno, Cuba tendrá previsto pasar la cuenta de cobro de la ‘paz’ que le reportará dividendos políticos, al estilo de su actuación en Venezuela. Y esta cuenta es más costosa para Colombia que la cuenta de orden económico, pues desde luego que llevará incluido el componente de adoctrinamiento político comunista que atentará contra nuestra democracia. A este último propósito contribuirá el poder político que Santos le conceda a las Farc en la negociación. Y sin saber económicamente a qué más aspirará el gobierno cubano para explotar a Colombia por concepto del ‘favor’ prestado.

A lo anterior habrá que sumarle el costo económico y político de la cuenta que también cobrará Venezuela como garante observador del proceso de paz de Colombia, pues esa gestión tampoco será gratis.

¿Será que el presidente Santos no se percata de esta riesgosa situación? o ¿será que simplemente mirará para otro lado y permitirá que este sea el precio para Colombia de lo que él tanto pregona como paz?

En conclusión, lo que se observa para Colombia en nombre de la paz es un estado de situación política de grande complejidad que puede dar al traste con su vocación histórica democrática.

En consecuencia, es necesario y trascendental asumir conciencia ciudadana y prever las posibles consecuencias sobre lo que puede ser una aventura de mucho riesgo para el país, y una aventura que puede ser sin retorno.

18 de dic. de 2014

¿Cuál guerrilla?, no jodan

Por @Ruiz_Senior

La semana pasaba escribí sobre la curiosa relación que establecen los colombianos entre la ideología y el crimen, todo en relación con la discusión sobre el tráfico de drogas como delito conexo al político. Un artículo de De Justicia (que es una especie de Think Tank muy afín a las FARC) me permite incidir de nuevo en la cuestión.
Narcotráfico y delito político Por: Dejusticia

Por Nelson Camilo Sánchez León



Un nuevo tema controversial del proceso de paz ha rondado al país político en los últimos días: la posibilidad de considerar el “narcotráfico” como un delito conexo al delito político. Las voces de quienes se oponen al proceso de paz bajo la bandera de la “paz sin impunidad” no se hicieron esperar. Incluso llevaron a las cuerdas a Santos, que en una confusa declaración salió al paso diciendo que no aceptará que “el narcotráfico sea delito político”, aun cuando “el uso de los recursos del narcotráfico que ha hecho la guerrilla deberá ser reconocido en la justicia transicional para la participación en política”.


Sin mucho análisis es posible entender el porqué de la polémica. Es evidente la relación entre narcotráfico y conflicto en la historia política del país. De hecho, es uno de los puntos principales de la agenda de negociación. Además, esta discusión se da en el contexto de una tendencia mundial de discutir temas de despenalización y políticas alternativas a la fallida “guerra contra las drogas”.
La deshonestidad intelectual es casi de comedia televisiva: ¿de modo que si en alguna parte hay una discusión sobre la conveniencia de despenalizar el tráfico de drogas eso tiene relación con que en Colombia se lo reconozca como justificable gracias a la maravillosa creación del "delito político"?
Pero, al mismo tiempo, resulta difícil de pasar que la crueldad que ha venido asociada al narcotráfico ha tenido simplemente una motivación política y no lo que a plena vista salta: el afán de riqueza y poder a toda costa. Así, parece muy riesgoso permitir tan fácilmente que los narcos se disfracen de políticos como ya lo intentaron los paras en el pasado y lo cuenta de manera magistral María Teresa Ronderos en su excelente libro Guerras Recicladas.
Difícil encontrar mejor resumen de la monstruosidad colombiana, de la grave deformidad moral que define al país y que está presente en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿De modo que "el narcotráfico" lleva asociada la crueldad, por lo que no es fácil asimilarlo al delito político? ¿Había algún "narcotráfico" en hechos como los de Tacueyó, cometidos por el M-19 y que se las arreglaron para cargar a un grupo imaginario, tal como el secuestro de Gloria Lara y el de los niños Álvarez Murillo? ¿Y en los niños bomba que envían a menudo los terroristas para matar policías y avanzar en sus pretensiones políticas? La monstruosidad moral de esa noción que comparten todos los colombianos se va mostrando con toda precisión. Lo que se hace por la revolución, por la justicia social, etc., no se puede considerar cruel. La crueldad es la codicia de los que no tienen ideales. 
Es entonces necesario reconocer que este es un tema políticamente complejo, pero que su definición es central para el futuro del proceso de paz y la consolidación del estado. Por tanto, resulta ineludible su discusión. Para dar este debate con mejor criterio y menos apasionamientos vale la pena empezar por aclarar cinco temas jurídicos del concepto de delito político y sus conexos.
"La consolidación del Estado" es la fórmula que encuentra el pensador para nombrar la consolidación del poder terrorista. Claro, la impunidad total es necesaria para eso.
1. Delito político y sus conexos se definen en Colombia. No existe un documento internacional que defina claramente el concepto de delito político, aun cuando el derecho internacional usa este concepto para temas como definición de asilo, prohibición de extradiciones y otros asuntos. Tampoco existe una lista internacional que establezca cuáles delitos pueden o no pueden ser considerados como conexos al delito político.
Es entonces el derecho interno (penal y constitucional), y no el internacional, a partir de dónde se ha definido su significado y alcances. La sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional -que resolvió una de las dos demandas presentadas contra el Marco Legal para la Paz- hace un resumen muy útil de la jurisprudencia colombiana al respecto.
Lo que en el derecho internacional se considera "delito político" es simplemente la actividad política que en ciertos regímenes se considera delito. Es decir, lo que hicieron Sajarov o Fariñas no sería delito en una democracia pero a la hora de concederle asilo a algún crítico de las dictaduras se tiene en cuenta que ha sido condenado o acusado, por un "delito político". La falacia subyacente es la de que da lo mismo el régimen camboyano que el belga y que quien pretendiera en tiempos del jemer rojo (las FARC de Camboya) implantar un régimen como el de Bélgica sería igual de legítimo a quien pretendiera implantar en Bélgica un régimen como el de Pol Pot. En la democracia, en los países en los que se aplican los derechos humanos de la Declaración de la ONU de 1948, no existen los delitos políticos. Lo que en Colombia se considera tal es sólo el resultado de que imperen personajes del mismo talante de los genocidas camboyanos.

Luego, esa monstruosidad de un delito que resta (que alguien me muestre un delito que resta a los otros delitos en la legislación de algún país civilizado) tiene que sustanciarse con jurisprudencia colombiana. ¿No es lógico? La definición del país es sólo el esfuerzo de ponerle sacoleva al orangurán, de disfrazar la esclavitud para presentar un "país" tal como la industria de un proxeneta se presenta como una "familia". ¿Cómo no va a haber jurisprudencia favorable a premiar los crímenes protegiéndolos con el delito que resta si el origen de muchos magistrados es la militancia en bandas criminales y puede que incluso la ejecución de directa de crímenes? (Se dice que el autor material del asesinato de José Raquel Mercado podría haber sido magistrado después. No se sabe quién fue.)
2. La conexidad no convierte al narcotráfico en un delito político. En Colombia tradicionalmente se han reconocido tres delitos como políticos: la rebelión, la sedición y la asonada. La propuesta no es convertir al narcotráfico en un cuarto delito político, sino discutir en qué forma podría ser considerado conexo a los delitos políticos ya existentes. Esto quiere decir que, cuando no exista dicha conexidad, el narcotráfico seguirá siendo un delito ordinario. Por eso Santos dice que se opone a que el narcotráfico sea delito político.
Pero en todos los casos, tratándose de una organización política que intenta abolir la democracia, se podría argumentar que hay una relación con la rebelión y con la sedición. Luego, no cambia nada que se lo considere "delito político", sólo que esa consideración sea un atenuante, algo sólo concebible en la cabeza de los colombianos.
[...]
4. Una cosa es el tráfico de estuperfacientes, otra los delitos conexos al narcotráfico. Una cosa es el hecho de vender drogas y otro es el de los delitos violentos que puedan acompañarlo. En otras palabras: que un hecho de violencia lo haya cometido un traficante de drogas no hace que este hecho se convierta en narcotráfico. Por ejemplo, la explosión del avión de Avianca por parte de Pablo Escobar no es un hecho de narcotráfico, así lo hubiera financiado un narcotraficante. Que se llegue a considerar que conductas de narcotráfico sean conexas al delito político no quiere decir que se les dé esta categoría a los hechos violentos cometidos por los narcotraficantes y, mucho menos, que se les convierta en delitos políticos.
El sintagma que he puesto en negrita dice mucho sobre lo que planea la manguala criminal: los hechos violentos cometidos por las FARC, cientos de veces más y a menudo más atroces que los de todas las demás bandas de traficantes de cocaína, no serán juzgados como los de los llamados paramilitares y otros mafiosos, porque serán conexos a la rebelión y a la sedición. Es decir, serán perdonables a partir de que a los autores y determinadores no se los llamará "narcotraficantes" sino rebeldes y en últimas proveedores de paz.
5. El Estatuto de Roma no incluye el delito de narcotráfico. La discusión sobre amnistías e indultos a delitos que puedan ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional no tiene relación directa con el asunto del narcotráfico. Ni el narcotráfico es considerado por el Estatuto de Roma como un delito de competencia de la CPI, ni existen restricciones en esa norma para la consideración de conductas como delitos políticos o conexos para efectos, como sería la participación en política. *
Es lógico que no exista tal definición porque precisamente no hay tal noción de delito político en el derecho internacional. Ningún atentado contra la democracia es "delito político" y ningún tribunal nunca ha aceptado tal noción respecto de grupos terroristas en Europa. Sólo es que en Colombia el poder judicial está en manos de criminales.
* * Con estos puntos claros, la discusión deberá centrarse en algunos temas que resultan ineludibles: 1) si se cumplen en este caso los elementos para declarar este delito como conexo; y 2) si se declara el narcotráfico como conexo solamente para efectos de participación política. 
Los elementos de la conexidad del delito político
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia (que se resumen en la mencionada C-577 de 2014) aborda tres criterios para determinar la posible conexidad de un delito al político: 
Finalidad: Si el fin del delincuente es altruista y de mejora colectiva, el delito puede ser considerado como político; si el fin es egoísta o de provecho propio corresponde a un delito común. Aquí es es clave entonces separar entre el uso del narcotráfico como una herramienta para fines políticos y su opuesto: hacer la guerra para mantener el propósito fundamental del tráfico de estuperfacientes como negocio. Al primero podría considerársele como conexo, pero no al segundo.
Siempre se está volviendo al principio: ¿es Colombia parte de la humanidad? ¿En qué legislación es concebible que los delitos se juzguen según la intención que el delincuente se atribuya? Me dirán que no es lo que los terroristas se atribuyan sino lo que considera la jurisprudencia, pero ¿de qué modo la destrucción de la democracia y su reemplazo por un régimen de partido único y el despojo de las libertades políticas, para lo cual se mata y se secuestra a mansalva, pueden ser "de mejora colectiva"? Para admitir eso habría que suponer que se respeta la opinión del delincuente, caso en el que Bin Laden, Breivik, McVeigh y Hitler podrían invocar lo mismo. Pero ésa es una pretensión absurda: lo único que queda es que los autores de la jurisprudencia consideran que las FARC tienen un fin altruista de mejora colectiva, cosa que es exacta: "altruista" quiere decir "al servicio de otros" y "colectiva" no necesariamente quiere decir de todos. Los terroristas tienen un fin que interesa a un grupo distinto de ellos, a "otros". A los magistrados. No sólo sus carreras y las leyes que aplican surgen de los carros bomba de los ochenta, de donde surgió la Constitución de 1991, sino que para ascender en la carrera judicial, ya desde la universidad, hay que estar afiliado al comunismo. Con decir que el líder del Partido Comunista, Jaime Pardo Leal, también fundador del sindicato de los jueces y fiscales, Asonal Judicial, era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en los setenta, ya queda todo claro.

Esa idea del crimen altruista define a esos jueces, cuya tarea es parte de la misma conjura que tortura y mutila y viola y mata y secuestra. Por eso emiten sentencias monstruosas como la condena a Andrés Felipe Arias o la impunidad de todos los criminales que aparecían en los PC de alias Raúl Reyes. Por eso este portavoz terrorista sale a fundamentar en el derecho local algo que sencillamente es monstruoso: un crimen altruista que resta de los demás crímenes. No existe nada parecido en ninguna legislación y esa singularidad jurídica es lo mismo que los crímenes: si los jueces alientan el crimen, ¿cómo no va a haber quien lo cometa? ¿Qué responsabilidad real tienen los que mutilan a una niña desertora si en últimas sus crímenes sirven al interés de unos magistrados cuya carrera se basa en el crimen?

Esos prodigios de los juristas dejan ver la esencia criminal del régimen. No algo del gobierno de Santos sino algo plenamente logrado en 1991, cuando los criminales pasaron a ser garantes de las leyes. Todo lo que ha ocurrido después es el resultado de esa constitución, porque las FARC y el ELN matan con la certeza de que quedarán impunes gracias al control de sus jefes (cubanos y oligarcas) sobre el poder judicial. (En este post del 2007 cité una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que abiertamente exaltan a las guerrillas comunistas. El que quiera ahorrarse el post puede leer sólo los trozos sangrados.)
Conexidad: El delito conexo tiene que ser una derivación directa y necesaria del delito principal. En este sentido, para que actividades de tráfico de estuperfacientes puedan ser consideradas como conectadas al delito político y no como independientes tiene que existir la obligación de los rebeldes de devolver todas las ganancias de dicha actividad (que debería ser usada para la reparación de las víctimas) y desmontar el negocio. De lo contrario es imposible defender tanto la finalidad como la conexidad con la rebelión.
Bonita la intención, ¿dónde están los libros de contabilidad de los terroristas y las pruebas de las cantidades obtenidas por ese medio? Podrían declarar que han ganado dos millones de pesos. 
Proporcionalidad: Aun si el delito se comete con un móvil altruista y tiene relación directa no puede ser considerado como conexo al político si su impacto es desproporcionado o atroz. Pero el narcotráfico no es un delito atroz en sí mismo como es el secuestro. Una cosa es exportar drogas ilícitas y otra es la violencia que ese mismo actor individual o colectivamente haya cometido. Quien haya cometido delitos atroces deberá responder separadamente por los mismos.
Ese móvil altruista sólo existe conforme al interés egoísta de los magistrados: como ya he dicho, en cualquier cabeza civilizada sería monstruoso, pues ¿por qué no atribuírselo a Breivik?
Las consecuencias de la conexidad

La Constitución Política de 1991 establece que el tratamiento de delito político puede ser utilizado con cuatro finalidades distintas:

Conceder amnistías e indultos
Prohibir la extradición
Castigar con una pena benigna a quienes son condenados por este hecho
Permitir la participación política 
A eso me refería: a un delito que resta gravedad a los otros delitos, cosa que sólo existe en Colombia y no sólo en la Constitución, que es un papel, sino en la cabeza de casi todos los ciudadanos, en su profunda barbarie y deformidad moral. Es verdad que eso no apareció por primera vez en esa constitución, pero siempre alude al derecho que tiene alguien a matar o, mejor dicho, a mandar matar para asegurarse puestos públicos, un atavismo que tiene relación con la cultura de la Conquista y el exterminio de la población aborigen. No sólo la licencia para matar sino el hecho de que la tengan quienes obtienen diplomas y manejan retóricas. Los asesinatos y secuestros concretos son LA SOMBRA de esa idea
Para cada uno de estos casos, la Corte ha evalúa los requisitos mencionados en el punto anterior. Sobre esta última finalidad, vale la pena recalcar que la Corte Constitucional ha señalado que “en el ámbito de la participación política no existen estándares en el ordenamiento jurídico nacional o internacional que limiten la aplicación del concepto de delito político para permitir que un grupo al margen de la ley o sus miembros, una vez pagada la pena y realizada la respectiva desmovilización, puedan participar en política” (C-577/14). 
El debate está abierto y es una buena oportunidad para debatir, desde una aproximación más limitada sobre la relación de conexidad para efectos de participación política, hasta medidas más amplias como aceptar la conexidad del narcotráfico para otros efectos como los indultos y amnistías o la prohibición de la extradición. Las posibilidades de avanzar en este debate dependen, en buena medida, de que la polarización ideológica no consiga manipular y mezclar estos conceptos para sacar réditos políticos con la confusión que suele reinar en estos debates.
En la sentencia que comenté en 2007 las manifestaciones de la CSJ son mucho más descaradas, pues declaran que la jurisprudencia internacional respalda su monstruosa interpretación de "delito político".

Queda una cosa clara: la impunidad de las FARC está garantizada, y no sólo eso sino su total dominio posterior, bien que en alianza con sus socios "legales" (De Justicia, de la que forman parte los ex magistrados Rodrigo Uprimny y Rodolfo Arango), pues además del poder de intimidación armada (y ya sería impresionante siendo desarmada, con las universidades a su servicio) tendrán las fortunas fabulosas del secuestro. ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido hacerle frente a eso? Pues porque los políticos uribistas son ante todo profesionales urgidos de prebendas y buenas relaciones con el poder y sin la menor vacilación se acomodarán al nuevo régimen. El Centro Democrático es la segunda versión del Partido de la U, como dice Ricardo Puentes Melo.

El que quiera hacerle frente a ese poder debe saber que las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas autónomos, para parafrasear al finadito Chávez. Aquello por lo que matan es la dominación de la casta que nombra a los magistrados, que mantendrá el control a punta de asesinatos y se repartirá el dinero público en acuerdos de paz con los altruistas que les aseguran el mando. Y como de momento no hay una mayoría en Colombia que se oponga a eso, hay que plantearse seriamente llevar a la Corte Penal Internacional el genocidio demostrable que ha cometido el Partido Comunista desde los años sesenta. 

El uribismo no lo va a hacer. Cada vez más muestra su grado moral, por ejemplo defendiendo al asesino Sigifredo López con base en una entrevista que le hizo Herbin Hoyos a un guerrillero que declara que lo habían obligado a acusarlo. Hace dos años ese genio (a ver si aparece alguien que lo conociera en la adolescencia y puede asegurar que no pertenecía a la Juco) entrevistaba a otro guerrillero que decía lo mismo, y como era muy evidente que le dictaba las respuestas, el audio ya no se puede oír. ¿Es posible que Uribe y José Obdulio Gaviria no conozcan el caso? No, no es posible: la impunidad de Sigifredo López fue una campaña en la que participaron coordinados todos los propagandistas de las FARC. Uribe y sus mariachis tienen que tener algún acuerdo para proteger a ese asesino y tal vez para encauzar el descontento de modo que no se desborde y no eche a perder el esfuerzo de paz de Santos.

17 de dic. de 2014

Impostura de paz sin dignidad

Por Jaime Castro Ramírez

Una exigencia elemental en temas de importancia para la sociedad se define por la máxima claridad que debe existir en el desarrollo de su contenido, pues no es admisible el hecho de intentar suplantar el pensamiento racionalista con imposturas que tratan de desvirtuar la objetividad de la filosofía con que debe construirse la realidad de los hechos que harán historia. El relativismo, unido a las tendencias subjetivas, son factores de incertidumbre que no distinguen entre la verdad o la falsedad. Quienes actúan en estos escenarios de pensamiento aparentemente moderno y profundo, el cual no se entiende por el vacío de contenido, o no saben de lo que hablan y entonces exponen fantasías inconsistentes, o simplemente van por el camino tendencioso de pretender el engaño.

La realidad es una sola, no es medible por situaciones aleatorias, y por lo tanto no admite interpretaciones de probabilidad que contravengan su verdadero sentido.

El manejo de la negociación de paz en Colombia
El sentido común dice que en cualquier evento donde esté de por medio una negociación de intereses, antes de una decisión final existen unas condiciones que las partes exponen como requisitos de análisis y que requieren conciliarse mediante un acuerdo de voluntades para que pueda darse la transacción. Situación ‘similar’ debe ocurrir en una negociación de paz, pero con una diferencia: que la iniciativa condicional debe ser potestad del Estado, y en consecuencia es quien debe tener primacía de favorecimiento frente a las pretensiones del interlocutor, es decir, el narcoterrorismo, en el caso de Colombia.

Lo preocupante para los colombianos es observar que en la mesa de negociación de paz la situación parece ser a la inversa, o sea que las condiciones las ‘imponen’ las Farc frente a la posición genuflexa del Estado. Si la negociación termina con esta clase de ventajas y desventajas, situación auspiciada incluso por el propio jefe de Estado con sus teorías que favorecen a las Farc (‘dejación’ pero no entrega de armas, narcotráfico conexo a delito político, entrega de zonas de reserva campesina, entrega de poder político a través de regalar curules, etc.), es aquí donde entonces viene la impostura de negociar una paz sin dignidad para el Estado y sus instituciones, y para los colombianos, lo cual no es paz sino la entrega del país. El directo responsable de esta situación para Colombia es el presidente de la república quien debe firmar el acuerdo final al que se llegue.

16 de dic. de 2014

Constancia del senador Everth Bustamante sobre la sentencia de la Corte IDH

EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR EL M–19

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer la semana pasada un fallo en el que se condena al Estado colombiano por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y las torturas que sufrieron 17 personas con motivo de la toma violenta del palacio de justicia.

En el fallo se aclara que ¨... la Corte no es un tribunal penal que analiza la responsabilidad de los individuos, por lo que el objeto del presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de las distintas autoridades estatales que presuntamente participaron de los hechos del caso, sino a la conformidad de los actos estatales con la Convención Americana. Por tanto, en el presente caso la Corte no se pronunciará sobre la responsabilidad penal de (persona alguna), ya que eso es materia de la jurisdicción interna colombiana¨.

Hecha esta aclaración sobre el alcance del citado fallo es necesario señalar que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 durante los días 5 y 6 de noviembre de 1.985 fue una terrible y gravísima tragedia para Colombia.

El hecho violento que pretendió derrotar la institucionalidad del país cegó la vida de valiosos e ilustres ciudadanos, muchos de ellos destacados juristas pertenecientes a la máxima jerarquía del poder judicial.

Los directivos del M-19 que tomaron la decisión y los miembros que participaron en la toma están todos muertos. Ellos pagaron con sus vidas la locura que invadió sus mentes y sus corazones en esa hora fatal que no debió existir en la historia de nuestros días.

Los integrantes del M-19 que firmamos el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, a la postre exitoso, y que no participamos ni en la toma de decisiones ni en los hechos sucedidos, en reiteradas ocasiones, hemos pedido perdón.

Por mi parte, sin que hubiera tenido participación intelectual o material alguna en los hechos, nuevamente hoy, en este día y en esta tierra en la que permanentemente se lucha por mejorar su democracia y que en su generosidad me ha permitido asumir responsabilidades públicas e institucionales, tales como concejal, alcalde, representante a la Cámara, senador y alto funcionario de gobierno, nuevamente pido perdón a toda Colombia y a todas las víctimas del holocausto.

Allí perdieron la vida mis mejores maestros, los que me enseñaron derecho en la Universidad Externado de Colombia: los doctores Carlos Medellín, mi profesor de Derecho Romano y mi presidente de tesis; Alfonso Reyes Echandía, mi profesor de Derecho Penal; Manuel Gaona Cruz, uno de mis profesores de Derecho Constitucional; Mario Calderón, también profesor de Derecho Penal y otros destacados magistrados y decenas de personas (mi compañero de curso el Dr. Ricardo Correal, gravemente herido) que se encontraban dentro del Palacio de Justicia.

Mis compañeros de insurrección armada, integrantes del M-19 que protagonizaron la toma, pagaron con sus vidas.

LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL EJERCITO Y LA FUERZA PÚBLICA.-

Mas allá del establecimiento de las responsabilidades jurídicas o políticas que desencadenaron los hechos de la toma del Palacio de Justicia, en mi calidad de colombiano ex integrante del M-19 debo decir que las acciones emprendidas por el Ejercito Nacional y la fuerza pública para recuperar el control del Palacio fueron las que correspondían, derivadas de las obligaciones establecidas en la Constitución Nacional y la ley vigentes en ese momento.

En este sentido debo señalar que desde hace varios años, en forma discreta pero rigurosa, me preocupé por estudiar y conocer lo más minuciosamente posible la integralidad de los hechos y operativos que tuvieron lugar para la retoma del Palacio de Justicia.

La información obtenida y el estudio juicioso de los hechos me permiten referirme a dos circunstancias cruciales de la investigación que se adelanta por estos dolorosos acontecimientos: 1) La actuación del comandante de la Escuela de Caballería teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega y, 2) La desaparición de personas que llegaron vivas a la Casa del Florero.

Respecto del primer punto debo declarar que fundado en esa indagación en la cual me esforcé para no dejarme arrastrar por la pasión o el subjetivismo, con profunda humildad y respeto he llegado a la conclusión, y estoy en condiciones de afirmar públicamente, que el teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue designado, dentro de los procedimientos del mando militar, como el oficial responsable para dirigir la retoma del Palacio de Justicia, actuó en el fragor de la batalla en el marco y dentro del respeto de los reglamentos militares para las acciones propias del combate y en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley.

El coronel Plazas, como lo veremos enseguida, no estuvo involucrado ni tuvo nada que ver con los hechos que se sucedieron al interior de la Casa del Florero y que condujeron a la comisión de delitos de desaparición de personas.

Constituye, por lo tanto, una grave injusticia mantener privado de la libertad a un oficial que lo único que hizo fue cumplir con dignidad el deber que le imponía su juramento de lealtad a la institucionalidad y la patria.

Mi solicitud respetuosa, en consecuencia, a la justicia colombiana para que se revise el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y se le devuelva la libertad que nunca debió perder.

Para Thania Vega, esposa del coronel, quien tiene asiento en este Senado de la República todo mi respeto y solidaridad en su condición de víctima de esta injusticia.

Respecto del segundo punto relativo a la desaparición de personas a partir de su ubicación en la Casa del Florero y su entrega a responsables de otras unidades debo señalar que aunque algunas de las desapariciones se han venido aclarando en el sentido de haberse establecido como verdaderos crímenes y hechos delictuosos, las investigaciones, inexplicablemente no han avanzado en su verdad verdadera, su verdad jurídica y su verdad histórica.

Aunque existen suficientes evidencias e indicios es necesario que las investigaciones avancen en el esclarecimiento de hechos criminales relacionados con la desaparición de personas que tuvieron lugar en la Brigada 20 de la época ubicada en el barrio San Cristóbal al sur de Bogotá.

Según declaraciones que reposan en varios expedientes, entre ellas por ejemplo, la declaración del sargento Bernardo Garzón Garzón ante la Fiscalía Regional el 21 de noviembre de 1994, folios 1, 2 y 3, varios de los comprometidos en la desaparición de personas no han sido vinculados a los procesos, ni mucho menos detenidos.

De acuerdo con dicha declaración, veinte años después, recientemente fue detenido el mismo Bernardo Garzón y el capitán de entonces Camilo Pulecio Tovar responsabilizado por el primero junto con otros miembros de la fuerza pública como autores o responsables de desaparición de personas detenidas en la Casa del Florero.

Refiriéndose al sargento Bernardo Garzón Garzón el periódico El Tiempo informa en su edición de fecha 30 de enero del presente año 2014, bajo el título ¨Fiscalía negociaría con el eslabón perdido del palacio de justicia¨ ¨...en enero de 2014, hombres del CTI de la Fiscalía que habían reactivado su búsqueda por orden de la fiscal Martha Lucía Zamora empezaron a recibir información sobre la presencia del ex militar en el Valle del Cauca. Allí fue ubicado por la Fiscalía. El capturado hacía parte de un grupo de inteligencia del Batallón Charry Solano que tenía como fachada la Asociación Nacional de Estudios Técnicos (ANET)¨.

Al concluir su misión en Colombia, el Embajador de Estados Unidos Myles Frechette afirmo que la Brigada 20 de Inteligencia estaba auspiciando la creación de escuadrones de la muerte. Su reporte fue incluido en el informe sobre DDHH publicado por el Departamento de Estado en 1997.

El país viene insistiendo en que se esclarezca la verdad sobre varios hechos criminales y violentos que durante años han estremecido a la sociedad colombiana. No es sano para una democracia como la colombiana en permanente lucha por la consolidación de su institucionalidad que algunos miembros de la fuerza pública se vean comprometidos e incurran en prácticas delictivas y criminales.

El coronel Luis Alfonso Plazas Vega paga una condena por hechos en los que no participó y delitos que nunca cometió. Si los tribunales quieren cumplir su cometido de alcanzar la justicia deben hacerlo esclareciendo suficientemente los hechos y condenando a los responsables de desaparición de personas en los trágicos acontecimientos del palacio de justicia.

12 de dic. de 2014

Ideología y crimen

Por @Ruiz_senior

Uno de los vicios más irritantes que uno encuentra en casi todos los colombianos es el desprecio hacia los miembros de las guerrillas porque creen que son traficantes de cocaína con máscara política. Ya hay que ser ciegos para creer tal cosa, si se piensa en la vulgaridad que lleva a pensar así, se sienten ganas de llorar.

No pueden ver lo que son los terroristas porque no conciben personas así, pero si los entendieran los respetarían, toda vez que lo que consideran condenable no es matar gente ni menos tratar de imponer a los demás un régimen político sino ser de condición social baja y querer prosperar y pagarse lujos y placeres. ¿Cómo puede ser eso lo condenable? Porque es lo que genera envidia y porque cada uno se siente desplazado en su jerarquía por alguien de condición inferior.

¿Para qué es el dinero?
Un dicho alemán reza que "el dinero no lo es todo pero sin dinero todo es nada", y en efecto el dinero lo es todo cuando no se tiene: cuando uno pasa hambre o duerme en la calle. A partir de la experiencia de la mayoría de la gente, que es el continuo desajuste entre lo que se quiere y lo que se puede gastar, parece que la única motivación que tiene sentido en esta vida es conseguir más dinero.

Los bienes suntuosos deslumbran a la gente pobre, y eso han sido en toda la historia la inmensa mayoría de los colombianos. Parece que subirse a un automóvil que cuesta diez veces más que los corrientes fuera como llegar al paraíso. Del acceso a esos bienes tratan casi todas las telenovelas tradicionales de Hispanoamérica. Por eso resulta inconcebible que alguien que disfruta de ellos se ponga a delinquir.

Pero la plenitud que emana de esos bienes es casi exclusivamente el prestigio, es decir, lo que piensan los demás, y la mayoría obviamente no puede acceder a ellos, por lo que la felicidad del poseedor sólo corresponde a la envidia de los demás, o a la propia envidia redimida. Y cuando se dispone de dinero, además del prestigio de consumir cosas finas está el poder sobre los demás: la capacidad de influir decisivamente en la vida ajena.

Más allá de la seguridad de poder pagar las necesidades básicas, el dinero sirve sobre todo para obtener prestigio y poder. Y en un medio social elevado el prestigio y el poder no derivan sólo del dinero. Los empleados de los hoteles de lujo a los que van los líderes bolivarianos en Europa y Norteamérica sienten sin la menor duda mucho desprecio por ellos, por sus maneras rudas, su ignorancia de las convenciones de conducta, su patética necesidad de protagonismo, etc. No hay ni que detenerse a imaginar lo que sentirán los intelectuales y aristócratas de esos países. Y seguro que disponen de menos dinero.

Ejemplaridad
Este post trata sobre la verdadera condición de los miembros de las FARC y la noción que tienen de ella los colombianos, por eso tengo que saltar a otro enfoque para completar la idea. Ya hace unos años publiqué un post sobre eso.

En alguna parte dice Ortega y Gasset que la noción de jerarquía social se aplica más bien a los demás animales porque entre los humanos pesa más la ejemplaridad, y ponía el ejemplo del cristianismo, que ha pasado por toda clase de regímenes políticos, de pueblos, de modas culturales y siempre se mantiene porque siempre puede remitir al ejemplo de su fundador.

Esa idea de ejemplaridad sirve para explicar la adhesión que tuvieron Fidel Castro y el Che Guevara entre las clases altas de toda Iberoamérica en su momento. Unos jóvenes audaces, apuestos, inteligentes y sobre todo resueltos consuman una rebelión y suprimen las odiadas instituciones de democracia formal copiadas de Estados Unidos, rechazan la dependencia de ese país y se lanzan a dirigir la construcción de la utopía en su país. ¿Puede entender el lector que esos aventureros patricios no eran rateros ansiosos de ganar millones? Ambos procedían de familias muy ricas. Se dice que el abuelo del Che era el hombre más rico de Sudamérica.

Luego, la disposición a seguir su ejemplo de los aristócratas bogotanos provenía de intereses relacionados con el poder político, con la ideología y con el prestigio intelectual (las clases altas de toda Hispanoamérica siempre odiaron a Estados Unidos, gran parte del prestigio que tiene Europa en un lugar como Colombia tiene que ver con eso, es la supuesta alternativa al "imperio"). En los años sesenta la inmensa mayoría de los intelectuales prestigiosos en Hispanoamérica eran comunistas, bien es cierto que gracias precisamente a la organización que los promovía y a los recursos soviéticos (Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Salomón de la Selva son poetas de más nivel que Mario Benedetti pero nadie los lee porque no tiene difusión: no eran comunistas).

De modo que el impulso de emulación de esos revolucionarios empieza por la clase más alta y se va transmitiendo al resto de la sociedad. Primero a la universidad, que es la institución que concentra a las clases altas (ahora se ha propagado como una peste y los que de verdad son de arriba obtienen diplomas en países civilizados). Antonio Caballero, Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano se cuentan entre los primeros castristas y congregaron en su revista a buena parte de su casta.

El M-19 es la creación de esa gente, y si bien no pudieron tomar el poder, hay que reconocer que los hermanos menores de esos próceres llegaron a la presidencia en parte porque la clientela creada alrededor de la lucha armada, el sindicalismo en las entidades públicas y el adoctrinamiento universitario no se opuso.

Mejoradores del mundo
Las guerrillas son la fuerza de choque pero lo que está detrás de ellas es la universidad, donde se "formaron" sus jefes y donde obtienen rentas y poder la inmensa mayoría de los militantes calificados de la llamada "izquierda". Cuando un colombiano ordinario supone que Timochenko es un sádico o un "bandido" que espera darse baños de oro como Rico McPato, sólo está mostrando el respeto que siente por los diplomas y la aureola intelectual, gracias a lo cual los asesinos avanzan día a día: no son los asesinatos ni intimidaciones lo que les da poder a las FARC sino la lucha por la paz de sus compañeros urbanos, gracias a la cual la sociedad permanece maniatada, así como las Fuerzas Armadas.

Este video sobre los secuestradores de los niños Álvarez Murillo puede dar idea de la clase de gente que nutre las filas de las FARC (sin contar los niños del campo, que son simplemente carne de cañón).


Al principio de sus carreras, todos los miembros del Secretariado de las FARC eran esta clase de gente: muchachos "idealistas" que fácilmente se indignan con las injusticias y sueñan con dirigir el "cambio" , para el que sólo hace falta destruir la democracia y enemistarse con Estados Unidos. No hay que preocuparse de que entiendan que la desigualdad surge del despojo continuo a los ciudadanos que es la universidad ni de que todos los países en que se ha implantado el comunismo se han empobrecido espantosamente: no tienen ninguna información distinta a la doctrina que les imbuyen, y en todo momento reciben aplausos por su determinación de servir a la causa.

Es decir, quienes los convierten en monstruos son sus profesores, que nunca se manchan las manos de sangre, y que casi siempre proceden de castas superiores y a su vez intentan asimilarse al clan de familias presidenciales que creó Alternativa  y el M-19 y que siempre ha tenido relación personal con Fidel Castro.

De modo que el  joven llega a la universidad lleno de sueños y ambiciones y ansía ostentar su inteligencia y obtener lo que siempre se busca, poder y prestigio, para lo cual conviene formar parte de alguna organización revolucionaria, a la que lo invitan sus profesores y sus compañeros de cursos superiores. Según su rango social y sus merecimientos, es destinado a una u otra labor. Los muy entusiastas y a la vez carentes de talento para la lucha legal, son enviados a dirigir actividades criminales en el monte o encargados de crímenes en las ciudades, como los secuestros y muchos otros.

Muchísimos líderes terroristas, como los Pizarro Leongómez o los Sanz (alias Alfonso Cano y su hermano del PDI), proceden de prestantes familias bogotanas. ¿Tendrían algún afán de convertirse en genocidas más allá de los sueños de entrar en la historia como los demás revolucionarios patricios del continente? ¿Los movía la codicia o el sadismo? Esa certeza absurda de que son traficantes disfrazados retrata a Colombia.

Injerencia selenita
El origen del terrorismo está en la tradición de Colombia y en la idiosincrasia que comparten los colombianos. Esa idea sobre los terroristas delata esa idiosincrasia. La idea de que los ideales o el rango social pesan más que los hechos concretos (la famosa frase de Carlos Gaviria "No es lo mismo matar para enriquecerse que matar para que la gente viva mejor" sólo la pronuncia porque sabe que el país piensa así) es inconcebible en cualquier código penal e incompatible con la democracia, en la que todas las personas son iguales ante la ley (no está justificado ningún homicidio sean cuales sean las intenciones o el rango de su autor).

De modo que cuando el idealista del video va a secuestrar a los hijos de un supuesto traficante de drogas, hace algo que sabe que será aceptado por su medio pero también por el conjunto de la sociedad, dispuesto a ilusionarse con el socialismo, a admirar al Che y a Fidel y a odiar a Estados Unidos. De otro modo no lo habrían hecho: en otro país no lo habrían imaginado porque se verían como monstruos. Una persona de India que oyera hace mil años la idea de que los malvados al morir arden eternamente se habría sorprendido de la locura que hace falta para creer algo así, pero una persona europea de la misma época se habría sorprendido de la locura que hace falta para ponerlo en duda.

Y ESA IDEA de descalificar a los miembros de las FARC porque trafican con drogas, como si matar policías y soldados para implantar su proyecto político fuera menos grave, forma parte de ese magma ideológico que comparten los colombianos y que permite a los guerrilleros verse como redentores y no como sociópatas y genocidas. El escándalo reciente porque se considere que el tráfico de drogas es un delito conexo al delito político deja ver otra vez lo mismo: claro que es un delito conexo, toda vez que el objetivo del tráfico es obtener fondos para matar gente a fin de conquistar el poder y oprimir a toda la sociedad. Lo que pasa es que el gran delito, el que no se puede perdonar ni tolerar, es precisamente aquello que los colombianos justifican: tienen un proyecto político. Claro que lo tienen, siguen sus ideales. El código penal no puede castigar las ideas, pero ciertamente el proyecto del Partido Comunista y las demás sectas relacionadas con los Castro es un crimen contra la humanidad desde el principio. Los asesinatos y secuestros forman parte de su aplicación, el tráfico de drogas es en comparación un delito menor que sirve al mismo objetivo.

Pero al pensar en eso, en lo monstruoso de esa idiosincrasia, se da uno cuenta de que en Colombia no hay demócratas: nadie considera que sea un crimen tratar de abolir la democracia (lo cual tampoco sería lícito a partir del triunfo de una mayoría en elecciones). Si alguien comparte los fines de las FARC pero no sus métodos, no encuentra repulsa de los demás colombianos, que le ven ideales y calidad intelectual y no propósitos criminales.

Y es que los terroristas expresan al país: lo que en definitiva defienden es la jerarquía del orden social de siempre. Los intereses de mando de las familias presidenciales y las castas próximas, es decir, literalmente, de los descendientes biológicos de los encomenderos. Los colombianos no condenan ese orden sino que sueñan con ascender algún peldaño dentro de él y odian a los traficantes de cocaína, mucho más que a los secuestradores, porque lo amenazan tanto como si hubiera demócratas o clases productivas en ascenso.

Por eso la labor de "paz", que no es más que cobro del crimen y engaño para permitirlo, no encuentra rechazo: ¿qué importan la libertad y la justicia si creer en ellas significaría distinguirse de los intelectuales y personas prestantes que cada uno sueña con ser? Es imposible que los colombianos entiendan que cada pacifista de los que creen que se deben negociar las leyes con los asesinos es otro asesino. Lo que odian no es el crimen ni la tiranía, sino a los pobres alebrestados que se enriquecen y consiguen los lujos que la mayoría sólo ve en la televisión.

Bueno: una foto de los miembros del Secretariado de las FARC que están en La Habana deja ver a cierta clase media con más atributos culturales que la mayoría de los colombianos. ¿Se ven como monstruos genocidas o enemigos de la humanidad? ¿Cómo se van a ver como tales si los colombianos quieren rebajarlos a traficantes de drogas y le quitan importancia a su militancia comunista y a sus asesinatos? Bah, "le quitan importancia". La mayoría respetan esas cosas y millones las comparten.