Por Jaime Castro Ramírez
El pueblo tiene la condición intrínseca de poseer el derecho a la máxima razón de respeto por parte de los gobernantes, más aún cuando el pueblo es quien otorga el poder de gobernar. Ese respeto empieza por el derecho invulnerable a ser bien informado sobre los aspectos que hacen parte de la vida nacional y que por consiguiente trascienden a los intereses individuales y colectivos de la sociedad. También se llama rendición de cuentas, a la que están obligados legalmente los gobernantes, lo cual implica sinceridad, es decir, no ocultarle al pueblo actuaciones que de alguna manera comprometan el devenir histórico del país.
Los contrasentidos a que quieren someter a los colombianos
Desde el inicio de las negociaciones de paz, el presidente Santos prometió que sería el pueblo colombiano quien refrendaría a través de un referendo el acuerdo de paz que él firmara con las Farc. Después dijo que “el referendo sería un suicidio”, tal vez porque la Constitución colombiana exige que para que el referendo sea válido es obligación explicarle al pueblo en qué consisten los puntos esenciales sobre los que se va a votar, y formularle a los ciudadanos en las urnas preguntas específicas sobre tales temas. ¿Será que el gobierno cree entonces que darle a conocer al pueblo lo que firme y preguntarle sobre ese contenido es un suicidio político?
Al descartar el referendo, entonces el presidente habló de acogerse a la figura del plebiscito porque en esta opción solo se requiere preguntarles a los colombianos que respondan en forma global con un SI o NO al contenido del acuerdo, algo así como preguntar: ‘está usted de acuerdo con la paz, Si o NO’. Desde luego que esta es una pregunta engañosa porque se pretende que el pueblo apruebe lo que no conoce, es decir, que no conoce en qué consiste lo que llaman paz. Pero no contentos en el gobierno con esta modalidad, han decidido proponer al congreso de la república tramitar una reforma constitucional para modificar el umbral del plebiscito que es del 50% del censo electoral vigente que en la actualidad es aproximadamente de 33 millones de votos (lo que significa que el umbral es de 16.5 millones de votos), reduciendo dicho umbral al 13%, lo que serían únicamente unos 4.3 millones de votos los que se requerirían para que sea válido el plebiscito. Es notable la falta de seriedad jurídica a la cual acuden con tal de lograr que los colombianos refrenden el ‘acuerdo de paz’.
Es lamentable que en todo sentido se pretenda torcerle el cuello a la forma correcta de actuar, incluso deformando la Constitución y la ley con el fin de hacer aprobar por el pueblo como sea, y a nombre de ´la paz’, lo que seguramente tiene concesiones impresentables ante la opinión pública, lo que en consecuencia no se podría llamar paz. En una negociación cada una de las partes pone condiciones, sin embargo, en la negociación de la paz pareciera que el Estado no tiene condiciones para exponer a favor del país, sino que solo concede, lo que significaría que las concesiones no se hacen mutuamente, como debiera ser, sino que solo las hace el Estado, obviamente cumpliendo exigencias de la contraparte.
La figura del plebiscito es famosa en la historia, pues a ella han acudido abyectas dictaduras para hacer aprobar a través del SI o el NO lo que el dictador ha querido que el pueblo le apruebe en las urnas sin conocimiento de causa, y por supuesto sin conocimiento del efecto que se persigue. Por ahí han pasado individuos como: Julio César, Napoleón Bonaparte, Hitler, Stalin, Mussolini, etc.
Santos debiera asumir lo de la paz como responsabilidad presidencial
A raíz de las anteriores maniobras para hacer que el pueblo apruebe lo que quizás no debe aprobar por desconocimiento de su contenido, y de pronto por inconveniente, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, obrando con sentido de sensatez y sinceridad política, debiera asumir su propia responsabilidad ante el país sobre lo que firme con las Farc, pues además de que según la Constitución así le corresponde hacerlo; la historia dirá que el resultado para el país de lo que firme es su responsabilidad, y no que quede vigente la opción de recurrir luego a una especie de disculpa histórica en el sentido de que fue el pueblo quien lo aprobó.
¿Será que las concesiones a las Farc (no informadas al pueblo) son de tal magnitud que le infunde temor a Santos el hecho de comprometer su propia responsabilidad pensando en que de pronto el asunto salga mal para el país? Como se diría coloquialmente: ‘averígüelo Vargas’.
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